9 de septiembre de 2025
La denuncia del Gobierno sobre una red de espionaje compuesta por agentes rusos y venezolanos parece plagiada de una novela de la Guerra Fría. Topos, conflictos diplomáticos y otros capítulos de una trama inverosímil.
Bullrich. «Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos», aseguró la ministra.
Foto: NA
Fue un gran momento de la TV argentina cuando el conductor Pablo Rossi, de A24, le lanzó a Patricia Bullrich una observación:
–Ustedes han ordenado el allanamiento a sus domicilios…
Se refería a la denuncia del Gobierno contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por difundir los audios del otrora jefe de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre las coimas que desde ese organismo le llegaban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al igual que, luego, dos breves grabaciones de ella.
La ministra, con un dejo de enojo, apuró la réplica:
–¡No! Nosotros solo hemos pedido que la Justicia determine las medidas de prueba para que cese el delito.
Rossi, entonces, dirigiéndose a un colaborador, quiso saber:
–¿Qué medidas le pide el Gobierno al fiscal?
El colaborador tenía una copia de la denuncia ante sus ojos.
–Están pidiendo allanamientos –respondió, aclarando que así constaba en la decimoctava hoja de aquella presentación.
Bullrich, ya abochornada y aún más furiosa, gritó:
– ¡No es así! Estamos pidiendo la construcción de la prueba…
Y tragó saliva antes de, ya más calmada, agregar:
–Nosotros consideramos que esos no son periodistas. Porque el periodista tiene otra construcción.
¡Pobre mujer! Se abrazaba al vocablo «construcción» como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano.
Sin embargo, la vulneración de los derechos y garantías constitucionales del periodismo que, en esta oportunidad, el Poder Ejecutivo exigía, era, en rigor, la parte más normal de aquel escrito. Porque tanto el contexto volcado en sus fundamentos como la hipótesis acusatoria que plantea parecen plagiadas de una novela barata sobre la Guerra Fría.
En resumen, según el régimen libertario detrás de esta historia palpita una red de espionaje compuesta por agentes rusos y venezolanos apoyados por los servicios secretos de Cuba y Nicaragua. Un complot internacionalista cuya conexión local incluye –sin que esto sea una metáfora o una humorada– hasta a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Creer o reventar.
Por lo pronto, tal presunción convirtió a sus hacedores en el hazmerreir de la prensa internacional, mientras, en Buenos Aires, la embajada rusa emitía un comunicado, señalando: «En medio de otro escándalo interno, nuestro país vuelve a ser mencionado en forma negativa». Poco después, el Ministerio de Exteriores de Rusia convocó al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, para que brindara explicaciones sobre las «inaceptables delcaraciones» de Patricia Bullrich,.
He aquí la trama secreta de esta denuncia.
El arte de la denuncia
Cuando Bullrich se retiraba del estudio de A24, ya regía la prohibición de emitir las frases de Karina –también grabadas quien sabe cuándo y dónde–, que, como las otras, habían sido dadas a conocer en el programa Argenzuela.
Es que el 29 de agosto –una semana después de trascender las infidencias de Spagnuolo–, se viralizó otro audio en el que se oye: «No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos».
Esa voz aguda y cascada era precisamente la de Karina.
Ya se sabe que la reproducción de ese registro había sido proscripta por el juez civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello.
Esto conduce hacia una digresión. El tipo supo acceder de inmediato a semejante acto de censura previa, tal vez con la esperanza de congraciarse con las más altas autoridades del país.
Sin embargo, el tiro le salió por la culata, porque su protagonismo hizo que salieran a la luz nada menos que ocho denuncias contra él por abuso sexual, acoso laboral, maltrato de empleados y uso indebido de recursos públicos. Aun así, su resolución se encuentra todavía en pie.
Pero retomemos el tema de la denuncia propiamente dicha.
Cabe decir que la verborragia de Spagnuolo había torpedeado la línea de flotación del Gobierno, sin que, en aquel momento, sus miembros reaccionaran. Por el contrario, habían quedado en estado de shock.
Pero al difundirse el audio de Karina, despertaron del letargo.
Quizás su hermano, el presidente Javier Milei, guarde imágenes borrosas del atardecer de aquel viernes, ya que –según se dice en la Casa Rosada por lo bajo– aquella grabación le provocó un colapso nervioso.
No era para menos, porque lo sucedido significaba que el «topo» se movía en el primer anillo de su entorno. Y, sobre todo, se había metido con ella.
Fuera de sí, el mandatario pedía sangre.
Su disgusto habría sido de tal magnitud que costó contenerlo, y a tal fin le prometieron judicializar esa provocación lo antes posible.
Bullrich, convocada a las apuradas al despacho de Milei, se lo garantizó. Y el elegido para motorizar el asunto fue el doctor Fernando Soto.
Se trata de la mano derecha de ella en el Ministerio de Seguridad, donde funge como director de Normativa y Enlace Judicial.
Lo cierto es que ese hombre esmirriado y calvo, con ojillos que siempre brillan detrás de unos lentes sin marco, es muy propenso a la acumulación de cargos. Tanto es así que en esa cartera él también actúa de nexo con el FBI, además de ser la cabeza de la Dirección Nacional de Proyectos, Evaluación de Normas y Cooperación Legislativa. Paralelamente reporta al Ministerio de Justicia por integrar la Comisión Nacional de Huellas Genéticas. Y es profesor en el Instituto Universitario de la Policía Federal sin descuidar su profesión de penalista ni sus quehaceres como directivo de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, de cuya obra es fanático. Soto mismo, dado su carácter de ideólogo del punitivismo más extremo –que incluye su apoyo incondicional a encausados por actos de «gatillo fácil»– bien podría haber sido un personaje de la Historia universal de la infamia.
Pues bien, él fue el ghostwriter de la denuncia en cuestión (que también fue corregida y aumentada por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio).
Ese texto, afortunadamente, causó sumo agrado en el propio Milei.
Más allá de la justicia
El juez federal Julián Ercolini recibió esas fojas prolijamente mecanografiadas con un medido beneplácito, que se fue diluyendo a medida que lo leía.
A lo largo de su carrera, había incurrido con frecuencia en lo que bien se podría denominar como «jurisprudencia creativa». No en vano se lo considera uno de los bastoneros del lawfare en Argentina. Pero los desbordes fantásticos de la denuncia contra ambos periodistas lo inquietaron sobremanera. De modo que delegó la instrucción en el fiscal de turno.
Así entró en escena el doctor Carlos Stornelli, un individuo en el que los denunciantes podían confiar.
Su acting más reciente data de junio del años pasado al procesar a los 33 detenidos en la protesta por la Ley Bases con carátulas que van desde «sedición» hasta «atentado al orden constitucional», pasando por «imposición de sus ideas por la fuerza», «incitación a la violencia en contra de las instituciones» y «uso de explosivos». No contento con eso, también dispuso incluir sus nombres en el Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo. A su vez, pidió la prisión preventiva para todos ellos, ordenando su traslado a prisiones federales.
Tal fue la reaparición estelar de ese hombre con cara perruna y sobrepeso, tras un lustro de bajo perfil, en el que estuvo procesado junto a su gran amigo, el falso abogado Marcelo D’Alessio, en una causa que le atribuía su pertenencia a una «asociación ilícita» abocada al espionaje y a la extorsión.
Claro que un oportuno sobreseimiento lo puso otra vez en carrera.
Ahora, el caso de los audios hizo que se sintiera nuevamente en su salsa, pero con límites. Porque ya aclaró que su pesquisa no violará el secreto de las fuentes periodísticas ni irá a allanar los domicilios de Federico y Rial.
Pese a eso, la investigación que puso en marcha a pedido de Bullrich se circunscribe a los medios y los periodistas involucrados en el asunto.
De hecho, siguiendo la corriente del complot ruso-venezolano, el fiscal ya husmea los portales y canales, tanto de cable como de streaming (Data Clave, C5N y Carnaval) que difundieron los audios de las coimas.
Parte de su misión consiste en desacreditar la causa del escándalo de la Andis, instruida por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
Una comedia negra en pleno desarrollo, y con final incierto.
