29 de octubre de 2025
Mientras crece la población de niños y niñas en situación de calle, el Gobierno responde con una combinación de mano dura y paliativos. Un sector de la sociedad criminalizado y llevado a la invisibilidad
Bajo el asfalto. Estación Avenida de Mayo de la línea C del subte. Cerca de la mitad de las personas sin techo son niños o adolescentes.
Sofía tiene 19 años y pide limosna en una estación del subte con sus hijos, mellizos de nueve meses. Agentes de la Red de Atención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le advierten que no puede estar así en la calle y le ofrecen trasladarse a un parador de familia. Ella rechaza la propuesta y los agentes se retiran, pero la historia registrada el 29 de septiembre tiene un final abierto: el Protocolo Cero Niños en la Calle del Gobierno porteño implica el seguimiento de los adultos responsables e intervenciones que contemplan la pérdida de la custodia de los menores a cargo.
El caso fue expuesto en la red X por Gabriel Mraida, el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. «No vamos a permitir que haya chicos durmiendo en la calle. Vamos a llegar hasta la última instancia si es necesario, dando curso a la Justicia para que decida si hay que separar temporalmente a los padres de sus hijos», proclamó el funcionario, que además publicó una foto de Sofía con sus hijos.
El protocolo comenzó a implementarse en febrero de 2024. Según Mraida, permite «ser más eficientes y rápidos cuando hay un chico durmiendo en la calle». Sin embargo, antes que resolver problemas crónicos de alojamiento y asistencia, las intervenciones del Gobierno de Jorge Macri siguen la lógica del eslogan «orden y limpieza» con el que expulsa a personas del espacio público sin ofrecer alternativas a la situación de calle.
Carlos Pisoni, del Ministerio Público de la Defensa de CABA, observa una combinación de mano dura y paliativos: «A partir de la asunción de Jorge Macri aumentaron los casos de violencia institucional y las causas judiciales contra personas en situación de calle. Por otra parte hay más Centros de Inclusión Social respecto de los antiguos paradores, pero son insuficientes para la situación actual y el subsidio que se otorga a las personas con problemas de vivienda es la mitad de lo que vale la habitación de un hotel».
Extrema vulneración
El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) desarrolla desde 1997 un programa de atención a niños y jóvenes en situación de calle. Elizabeth Quintero, una de las coordinadoras nacionales del organismo, explica que el proyecto inicial puso el foco en brindar asistencia jurídica ante la violencia policial y en 2016 se reformuló con el nombre Aylluman Kutina (Volviendo a la comunidad, en quechua): «Nos propusimos generar vínculos con las familias y espacios que les sirvan a los chicos. Los pibes a los que acompañamos pertenecen a un sector de la sociedad criminalizado y llevado a la invisibilidad».
La campaña «orden y limpieza» de la gestión de Jorge Macri se hizo patente en Constitución, el barrio donde trabaja el Serpaj. «La estación está casi vacía. No se valora que las personas generan vínculos y sentidos de residencia en la calle. Los vendedores de Constitución tenían lugares donde contenerse, donde acompañarse, y de pronto los expulsaron», afirma Quintero. La política no se restringe a la calle: «Teníamos un convenio con el Ministerio de Educación de la Ciudad que garantizaba talleres y guarderías para los chicos. No fue renovado».
El relevamiento nacional realizado por organizaciones sociales en noviembre de 2023 registró 8.028 personas sin techo en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas 909 niños, niñas y adolescentes. La cifra aumentó a más de 11.000 personas según un censo realizado también por organizaciones sociales entre el 26 y 28 de junio de este año. Los Centros de Inclusión Social tienen capacidad para unas 3.000 personas y se estructuran según los grupos, entre ellos mujeres con niños (11,4%) y familias biparentales (14,6%).
Corrientes y 9 de julio. Una mujer y su hija piden ayuda a peatones en la puerta de un supermercado en pleno centro porteño.
«A través de actividades lúdicas tratamos de identificar cuestiones tanto individuales de los niños y adolescentes como integrales de la situación familiar. Los problemas de los pibes no tienen una única solución, hay muchas variantes –explica Yamila Rodríguez, integrante del Serpaj-. Al mismo tiempo generamos vínculos con instituciones públicas y privadas para atender problemas de escolaridad, identidad, salud, discapacidad».
Elizabeth Quintero observa que «los chicos vuelven a inhalar pegamento, son cosas que se ven en momentos de extrema vulneración». Los niños y adolescentes a los que acompaña el programa «pasan muchas horas solos en la calle», entre la zona de Constitución y asentamientos donde viven sus familias. «Al trabajar como vendedores ambulantes pasan cuatro o cinco días fuera de sus hogares, generalmente en zonas desprovistas de servicios básicos, y vuelven únicamente a dormir», agrega Yamila Rodríguez.
El programa incluye un grupo de promotores de derechos humanos que proviene de la misma población de niños y jóvenes y talleres relacionados con artes y oficios. «Nuestra idea básica es decirles a los chicos que no atraviesan una catástrofe de la naturaleza y que ellos tienen derechos. Por eso los acompañamos, no para tomar su lugar sino para que se piensen como sujetos y para que actúen por sí mismos», enfatiza Maximiliano Méndez, también operador de Aylluman Kutina.
Una población invisible
La política punitiva y estigmatizadora tiene otro referente en el intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien trata de «fisuras» y «delincuentes» a las personas que viven en la calle o subsisten con actividades informales y exhibe desalojos y procedimientos de modo denigrante en sus redes sociales. «En la Ciudad de Buenos Aires se registra el mismo nivel de violencia», afirma Pisoni.
«El Ministerio Público de la Defensa defiende a personas a las que les arman causas judiciales y también a familias que terminan en la calle porque el subsidio habitacional no les alcanza», explica Pisoni, responsable de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas de Grupos Vulnerables.
Quintero detalla que la policía de la Ciudad y los agentes del Gobierno porteño «se llevan los colchones de los chicos, o se los mojan, y les quitan sus pocas pertenencias». En ese contexto, «se habla de jóvenes en conflicto con la ley, pero el pibe se rebela cuando le sacan lo que tiene, y termina imputado por un delito cuando lo que hay es una violación a los derechos humanos».
Las requisas incluyen el secuestro de documentación, señala Yamila Rodríguez: «La policía retiene documentos de identidad, partidas de nacimiento y certificaciones de discapacidad. Son situaciones que se vienen dando este año y que expresan una negación del derecho a la identidad de las personas en situación de calle, una forma de invisibilizar a esas personas».
Elizabeth Quintero conoció cuatro generaciones de una misma familia que vivió en la calle, a partir de una joven que tuvo su primer hijo a los 13 años. «Lo que pasamos en este momento es horrible, pero el problema es crónico y se agrava», dice la coordinadora del Serpaj. «Si vemos como algo común que un niño o un adolescente esté en la calle tenemos otro problema –destaca Pisoni–. El Estado debe dar una respuesta porque estas personas tienen derechos que cada día son vulnerados».
