10 de noviembre de 2025
Los 318 femicidios de 2024 dejaron 343 niños sin madre. Víctimas directas, más que testigos, atraviesan un duelo distinto y una orfandad imposible de reparar. La Ley Brisa y el abandono del Estado.
En marcha. En los últimos años, miles de mujeres tomaron las calles para alzar la voz contra la violencia de género.
Foto: NA
De todo el horror que se conoció en torno al doble femicidio perpetrado en Córdoba, quizá la imagen más cruda que circuló fue la del momento de detención del acusado, Pablo Laurta: cuando personal policial lo reduce y su hijo de cinco años –Pedro– queda solo. Inmóvil. Si bien luego se puso en marcha un dispositivo de contención para el niño que acababa de perder a su madre y a su abuela –Luna Giardina y Mariel Zamudio–, esa escena graficó la situación de shock y desamparo de hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Según el relevamiento de la Casa del Encuentro, durante 2024 hubo 318 femicidios que dejaron 343 hijos e hijas sin madre. El 52%, menores de edad. Solo 53 fueron cometidos por alguien sin vínculo aparente con la víctima. La mayor parte eran parejas (113) o exparejas (44) de las mujeres asesinadas. Es decir, personas de su entorno. Y del entorno de sus hijas e hijos.
Sonia Almada, psicoanalista y activista por la protección infantil, acaba de publicar Huérfanos atravesados por el femicidio. Un ensayo a partir de entrevistas en el que concluye que el proceso de duelo en estos casos es distinto a cualquier otro. «Lo llamo “duelo complejo”, porque estos niños y niñas atraviesan varias capas de violencia. Primero, la violencia de género, que también es violencia infantil. No solo son testigos: son víctimas directas de esa violencia, aunque no les peguen a ellos sino a sus madres. Y el duelo no solo es por la mamá. Es también por el agresor, a quien muchas veces quieren. Son padres o padrastros, con una línea de afecto importante».
Almada se refiere también a una «nueva forma de orfandad, porque no es lo mismo perder a la mamá por enfermedad o accidente que verla morir en manos de un femicida. No es muy frecuente que el niño no esté en la escena, porque vive con la mamá».
Esperanza organizada
Tras haber sido secuestrado por su progenitor, el hijo de Laurta fue trasladado de vuelta a Córdoba. Según informó a la prensa la ministra de Desarrollo Humano local, Liliana Montero, quedó a cargo de una familia de la comunidad, que lo conocía y se ofreció para contenerlo mientras se evalúan alternativas sobre su futuro. Su escuela también aportó colaboración.
«Frente al horror del odio, hay una esperanza organizada. Estamos asistiéndolo psicológicamente y a esa familia también, porque era amiga de la mamá y de la abuela», dijo Montero. Ante la dimensión del horror y la visibilidad del caso, el dispositivo de contención se puso en marcha de forma inmediata. No siempre es así. O lo es, pero solo en un primer momento. Y lo más difícil, cuentan las familias, es el después.
«Escuchaba el caso de Pedro y me dolía, porque se nos hace carne. Ahora todo el mundo habla del nene; pero después el tiempo pasa y va a necesitar más todavía. Y ya no va a hablar nadie de él. Desde los juzgados, el sistema, se olvidan de los chicos. No los cuidan. Es como que normalizan lo que les pasa. No es fácil criar a un nene que vio cómo mataron a la mamá. Mi nieto dormía con mi hija cuando la apuñalaron. Bloqueó el recuerdo, se acuerda solo algunas cosas. Lo único que nos salva es la contención y el amor», dice Susana Cancelier, mamá de Nadia Ferraresi y abuela de Johan, de 10 años. Tenía 3 cuando presenció el femicidio de su madre.
Susana está a cargo de su nieto desde entonces. En un principio con una guardia provisoria, que ya venció. Ahora, sin papeles. A la espera de que concluya el trámite de la tutela. Un proceso que puede tomar años.
Congreso Nacional. Acción artística de la Casa del Encuentro al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Foto: NA
Años de espera
La Ley 27.452 de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (Rennya) reconoce el «derecho a cobrar una suma mensual y a tener cobertura de salud para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o de género». Se la conoce como Ley Brisa y fue aprobada en 2018. El monto en juego es tan bajo como la jubilación mínima: $326.298.
Tramitarla nunca fue fácil. Hoy, bajo un Estado regido por la motosierra, roza lo imposible. Según el informe La cocina de los cuidados, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el programa está «desinflándose». La cantidad de titulares a diciembre de 2023 era de 1.298. «Tras procesar 2.067 solicitudes acumuladas, solo asignaron 51 más. Es decir que julio (de 2025) cerró con apenas 1.349 titulares». Este medio consultó a Capital Humano cuántas altas se dieron desde entonces, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
En el caso de Johan, su abuela logró a fuerza de insistencia acceder al subsidio y conseguir el pago retroactivo; pero nunca accedió al dinero. «Cuando la jueza me autorizó, el padre apeló. No quiere que esa plata la maneje yo. Está ahí, en el banco. Mientras mi nieto necesita un montón de cosas».
«Es un trámite largo, engorroso. Para acceder hay que tener la tutela de la criatura. Si el padre está vivo y no es el femicida, no necesita tutela. Pero tiene que estar avanzada también la parte judicial. Tenemos tutelas que demoran más de cinco años. Hay tutelas peleadas entre familias y también depende de cómo la familia materna puede afrontar que vengan de pronto tres chicos», plantea Marcela Morera, de la ONG Atravesados por el Femicidio y madre de Julieta Mena, de 22 años, quien estaba embarazada cuando fue atacada a golpes por su novio, Marcos Mansilla.
«Hubo un caso reciente en Virrey del Pino: una mamá con siete chicos (Mabel Rodríguez, asesinada por su ex frente a ellos). Algunos, con discapacidad. ¿Quién puede recibir siete chicos en su casa? ¿Quién tiene bolsillo suficiente? Sin ayuda del Estado, que en todo caso va a llegar cuando se haga el juicio. Puede tardar años», lamenta Morera. Señala que «en algún momento sin la sentencia se podía obtener, dependiendo cómo se movían las áreas de género y Anses. Hoy está muy complicado. Hay muy pocas altas. Incluso en casos que tienen todo presentado dicen que falta una firma. Mientras tanto, ¿quién les da de comer a los pibes?»
Un camión por encima
Morera comparte un dato del que poco se habla: «Hemos tenido familias, que prefieren preservarse, con niños que intentaron suicidarse. No menos de cuatro o cinco».
«El plan Rennya dice que tiene que haber asistencia psicológica, pero no se cumple. Menos ahora, que el desamparo es absoluto», cuestiona Almada, en diálogo con Acción. Ante la consulta sobre la posibilidad de que un niño o niña que presenció el femicidio de su mamá salga adelante sin acompañamiento profesional, la respuesta es tajante: «Es como que te atropelle un camión y no recibas asistencia médica. No hay manera de seguir. Las secuelas son impresionantes, demoledoras, estructurales».
Eliana Mendilaharzu era mamá de cuatro niños cuando la mataron. El más chiquito y la más grande, por entonces de dos meses y diez años respectivamente, estaban allí cuando pasó. Sus hijos e hijas quedaron a cargo de una tía y solo una de las nenas recibe la reparación legal, aunque el trámite se inició por todos. En el camino su abuela, Mara Zárate, describe situaciones tan crueles como un permiso otorgado al femicida para ver a su hijo menor: el nene tenía 3 años cuando lo llevaron al penal, ante un hombre que había matado a su mamá y del que no tiene recuerdos. «¿Quién pensó en ese niño?», se pregunta Mara. Eliana cuidaba además a los hijos mayores del femicida, Marcos Ponce, por lo que su asesinato también impactó sobre esas vidas. «Nos tenemos un amor inmenso y tienen contacto con su hermanito. Uno trata de reconstruirse desde el amor, pero es devastador. Es algo que no tiene fin».
