5 de noviembre de 2025
La absolución de 17 acusados de delitos de lesa humanidad, entre ellos dos exjerarcas de la siderúrgica, se suma a otros fallos que van en contra del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El clima político y la impunidad.
Sin olvido. Familiares de víctimas y militantes en el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario.
Foto: Juan José García
La represión en Villa Constitución arrancó un año antes del golpe de Estado. Más de 4.000 efectivos de fuerzas estatales y paraestatales fueron desplegados en la localidad donde funcionaba la planta de Acindar. El objetivo era claro: terminar con la militancia sindical más combativa a la que acusaban de ser parte de un «complot subversivo». Hubo secuestros, torturas y asesinatos: crímenes que, meses más tarde, se volverían moneda común. Tras dos años de juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Rosario absolvió a los 17 imputados, entre los que se encontraban dos exjerarcas de la empresa siderúrgica –que tuvo como presidente de su directorio a José Alfredo Martínez de Hoz antes de asumir como ministro de Economía de Jorge Rafael Videla– y a 15 policías. El fallo, que llegó diez días después de las elecciones en las que se impuso La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, parece coincidir con las intenciones del Gobierno de enterrar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que atraviesa la Argentina y de soltar las ataduras legales del empresariado que reclama una reforma laboral para precarizar aún más las condiciones laborales de millones.
En marzo de 2020, cuando se cumplían 45 años de la represión en Villa Constitución, la Justicia federal procesó a quienes la habían planeado y llevado adelante. Entre ellos se encontraban Roberto Pellegrini, jefe de división Personal de Acindar, y Ricardo Torralvo, personal jerárquico de la compañía, que había comenzado a operar en 1943. Recién en noviembre de 2023, cuando todavía no habían asumido Javier Milei y Victoria Villarruel, arrancó el juicio, que terminó de la peor manera imaginable para la fiscalía y las querellas.
La fiscalía había reclamado prisión perpetua para los jerarcas de Acindar, a quienes acusó de identificar a las víctimas que serían secuestradas. «El fallo nos tomó bastante por sorpresa. Considerábamos que había pruebas suficientes para condenar a Pellegrini y Torralvo», sostiene el fiscal Adolfo Villatte.
La impresión es compartida por las querellas que actuaron en el juicio, que apuntan a las resistencias judiciales a juzgar y condenar a los civiles, como se ve en otras causas emblemáticas, como la participación del ingenio Ledesma en secuestros y desapariciones en su zona de influencia en Jujuy. «Es un fallo que consagra la falta de responsabilidad de los actores empresariales que fueron una parte fundamental del terrorismo de Estado en Villa Constitución», sostiene Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Para Norma Ríos, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, la absolución fue para Acindar. «Condenar a Pellegrini y Torralvo era condenar a Acindar. Liberaron a los genocidas históricos, que no solo actuaron de la mano de Martínez de Hoz en la dictadura, sino que continúan hundiendo a nuestro pueblo en la desesperación», afirma.
El plan victimización
Martínez de Hoz no llegó a ser juzgado por lo sucedido en Villa Constitución. En 2010, el juez Norberto Oyarbide ordenó su detención y su traslado al penal de Ezeiza por el secuestro del empresario Federico Gutheim y de su hijo Miguel. La familia presentó un hábeas corpus para que fuera trasladado a la clínica Los Arcos. En 24 horas, el recurso fue concedido por un juez nacional, Alberto Baños, actual subsecretario de Derechos Humanos de la Nación. El ministro de Economía de Videla murió en 2013. Su hijo homónimo denunció que su padre vivía una «persecución».
Martínez de Hoz (h.) dirige uno de los estudios jurídicos más importantes del país. Fue presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Meses atrás, apareció una foto en la que se lo veía cenando junto con Villarruel, Nicolás Márquez, Agustín Laje, Juan Bautista «Tata» Yofre y Vicente Massot, entre otros. La velada había tenido lugar en octubre de 2018, mientras gobernaba Mauricio Macri.
El hijo de Martínez de Hoz es señalado como uno de los apoyos del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que conduce Villarruel y que persigue dar vuelta la taba del proceso de juzgamiento: que los victimarios se conviertan en víctimas. Márquez, biógrafo del presidente, contó que en esa cena el hijo del ministro de la dictadura propuso financiar una ONG para que él y Laje difundieran las llamadas ideas de la «libertad».
Recién el 6 de febrero próximo, el TOF de Rosario dará a conocer los fundamentos de su fallo. A partir de entonces, las querellas y el Ministerio Público Fiscal estarán en condiciones de recurrir la decisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Oportunismo político
Hay quienes empiezan a ver una tendencia en la Justicia federal a dar por concluido el proceso por los crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Para el abogado Pablo Llonto, los gestos en ese sentido comenzaron en agosto pasado en La Plata, con la absolución de dos policías acusados por el encubrimiento de un vuelo de la muerte. Dos días antes de las elecciones de medio término, el TOF de Mar del Plata absolvió a 27 acusados en el juicio de La Huerta, donde se examinó cómo funcionó la represión en el centro de la provincia de Buenos Aires. Si bien el fallo no contentó a las partes acusadoras, los jueces dictaron otras ocho condenas, incluso cuatro a prisión perpetua.
Presentes. Una mujer, bajo la lluvia, con el retrato de uno de los obreros de Acindar.
Foto: Juan José García
«Algo parecido ocurrió en los tiempos del final del alfonsinismo y el comienzo del menemismo, cuando solo unos pocos jueces y juezas con dignidad se atrevieron a defender hasta las últimas consecuencias los derechos humanos. En aquella época, el miedo y las ganas de acomodar sus carreras judiciales los llevaban a declarar válidas las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos.
Hoy, al igual que el fallo de la Corte reciente abriendo puertas de cárceles a genocidas, permitirá saber cuáles jueces y cuáles juezas merecen llamarse jueces de la democracia. Todos los demás quedarán para siempre como la mancha triste de la cobardía», sostiene Llonto.
El 23 de octubre pasado, la Corte Suprema revocó la prórroga de la prisión preventiva de Carlos Ernesto «Indio Castillo», uno de los líderes de la banda de ultraderecha llamada Concentración Nacional Universitaria (CNU). En el fallo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, junto con dos conjueces, Alejandro Tazza y Abel Sánchez Torres, afirmaron que ninguna persona podía estar presa sin condena firme por más de tres años. Los supremos no se hicieron cargo de su responsabilidad en las demoras.
El principal efecto del fallo es la desacreditación del proceso de justicia, ya que termina con una cita en la que se menciona la violación del Estado de derecho. Es lo que invocan hace años los sectores pro-impunidad, que festejaron la decisión de la Corte.
«Es claro que la derecha pro-genocida está forzando una interpretación del fallo de la Corte al dar un alcance mucho mayor del que le dio el propio tribunal», sostiene la abogada Guadalupe Godoy, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
«Por la ambigüedad, se nota que los integrantes de la Corte tenían alguna exigencia electoral que cumplir, pero que al mismo tiempo no era tan fácil desdecirse de los fallos que firmaron anteriormente. Es evidente que estamos sufriendo una ofensiva –explica Godoy–. En general, el Poder Judicial es permeable al humor político y ahora los jueces se animan a dictar sentencias que, en otros momentos, habrían sido imposibles. También es cierto que el movimiento de derechos humanos, que fue el motor del proceso de justicia, hoy está en una condición estructural más débil para resistir estos embates», concluye.
Pero no está dicha la última palabra, y las peleas contra la impunidad seguirán dándose en las calles y en los tribunales, sobre todo a pocos meses de que se cumplan 50 años del inicio de la última dictadura.
