10 de noviembre de 2025
En lo que va de la gestión libertaria, la canasta de prestaciones básicas se incrementó más del 500%. Quita de subsidios en un sistema de provisión que no crece ni incluye usuarios.
Transporte. En 22 meses fue uno de los servicios que más se incrementó, un 852%.
Foto: Jorge Aloy
En los 22 meses de la era Milei, el servicio eléctrico y el de gas natural subieron más del doble que la inflación y más de 100 puntos por encima del salario privado formal medio. De enero de 2024 a octubre de 2025 el precio de la luz acumuló un incremento del 344%, mientras que el del gas tuvo un salto más pronunciado, ya que trepó un 617%. Mientras que el transporte, subió un 852%, contra una inflación del 171% y un aumento del salario medio del empleo formal de 229%.
De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la canasta de servicios públicos en el AMBA –que incluye electricidad, gas natural, agua y transporte– se incrementó 514%, frente a una inflación acumulada de 171%. Con salarios que corren desde atrás no solo el incremento de los precios de las tarifas de servicios públicos, sino también de los bienes de consumo masivo. Esto se pone en evidencia con un dato en particular. En lo que va de 2025, el consumo masivo acumula una disminución del 3%, pero cabe recordar que la base de comparación es extremadamente baja. El consumo masivo acumuló una retracción del 13,9% en 2024, uno de los peores de las últimas dos décadas.
Aumentos de tarifas de servicios públicos, más incremento del precio de los alimentos y salarios estancados dan como resultado una consecuente caída del consumo masivo, porque el ingreso disponible de los hogares se ve fuertemente afectado. Poniéndolo en pesos, por ejemplo, un hogar de clase media que en noviembre de 2023 pagaba alrededor de $50.000 mensuales por servicios públicos pasó a destinar cerca de $300.000 en la actualidad.
Respecto a compras de alimentos, el índice de morosidad en tarjetas de crédito habla por sí solo. La deuda con tarjetas de crédito en Argentina creció un 55% real entre julio de 2024 e igual mes de 2025, según los últimos datos oficiales del Banco Central, afectando a 11,5 millones de personas −cerca del 25% de la población−. El stock de deuda pasó de $9,6 billones en julio de 2024 a más de $20,3 billones en julio de 2025. De acuerdo con distintas encuestas, la tarjeta se utiliza para completar el costo de vida diario. La gente paga servicios con efectivo y luego recurre a la tarjeta para gastos como el supermercado.
Esta escena es casi una constante en un sector de la clase media urbana desde hace cerca de dos años. Acaso sirva para graficarla el informe del centro de estudios Pensar (del PRO, lejos de tener una visión contrapuesta con la de los libertarios) junto con la consultora Casa Tres. En el estudio, se pone en evidencia que el deterioro de la clase media se agudizó de la mano de una caída de los ingresos y a mayores gastos. Los argentinos sienten que la clase media está en retroceso. Mientras que el 55% cree que se está achicando, solo dos de cada diez piensan que está creciendo y otros dos que se mantiene igual. Además, dos de cada tres argentinos se perciben en el último escalón de la clase media, o que ya se cayeron: el 34% dice pertenecer a la clase media baja y otro 34% a la clase baja alta. Mientras que el 41% siente que vive peor que sus padres, el 63% dice haber resignado consumos (un claro distingo de clase). «Lo que en definitiva compra la clase media, envuelta en disfraces, con fisonomías múltiples, en forma de objetos o servicios, ataviados con marcas, narrativas, eslóganes e imágenes, es, en el fondo, una sola cosa: seguridad», señala el trabajo sobre la actualidad de este estrato social.
Ingreso disponible. Con salarios estancados el pago de los servicios públicos incide cada vez más en el dinero disponible en los bolsillos.
Foto: Jorge Aloy
Lo que hay y lo que viene
Pero a no desesperar. Hace unos días el Gobierno anunció que los hogares pagarán más cara la electricidad que las empresas. Explicaciones técnicas (estacionalidad, transporte) que nadie comprende y ni tan siquiera puede chequear son brindadas como argumentos válidos para justificar aumentos que oscilaran entre 3,5% a 4%. Sin embargo, el fundamento es solo uno: la aceleración en la reducción de subsidios estatales dirigidos al sector residencial. En lo que va del año, la quita de subsidios explica el 42% del superávit fiscal.
Volviendo al informe de Pensar-Casa Tres, allí se señala que: «La clase media hoy medida por ingresos es el 43% de la población y la baja el 52%». Así, el trabajo apuntó que menos de un millón de hogares son de clase alta, 7 millones son de clase media y 8 millones de clase baja.
Hace unos pocos días, el Indec publicó que el 50,2% de quienes viven en 31 conglomerados urbanos sufre la falta de agua corriente o de gas en red o de cloacas. Mientras que en el caso de los hogares esa cifra es de 44,3%. El dato se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondiente al primer semestre de este año. Si se analiza el acceso a cada servicio en particular, 12,4% de las personas (3.600.000) no tienen acceso a agua corriente; 35,9% (10.453.000) no tiene gas de red, y 29,8% (8.675.000), carece de cloacas.
Dos instituciones muy lejos de ser caracterizadas como opositoras, como son la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), coinciden en que los indicadores estructurales no mejoraron respecto de 2019. Cerca de un 25% de la población argentina sufre déficits estructurales históricos. Esto implica una doble exclusión para quienes pertenecen a la clase baja por ingresos, que se profundiza con privaciones básicas múltiples, dando como resultado una pobreza multidimensional.
Uno de los ítems del informe del Indec se refiere a «características del hábitat». El 5,3% de los hogares (medio millón) habitan cerca de basurales. En el caso de las personas esa cifra alcanza al 6,5% (1,9 millones). 7,1% de los hogares (0,7 millones) se ubican en zonas inundables. En personas, el número llega a 8,1% (2,4 millones).
Sin obra pública ni exigencias a las empresas privadas de servicios públicos para ampliar el sistema de provisión, ¿cómo pensará esta gestión llegar a convertir a Argentina en Italia, Irlanda, Alemania o Estados Unidos en apenas unas décadas, si en pleno siglo XXI la mitad de su población no accede a los servicios básicos esenciales?
