21 de noviembre de 2025
El mendocino deja la cartera tras dos años de intensa labor en favor de la impunidad de los genocidas y de impulsar una relectura de lo ocurrido durante la dictadura cívico-militar.
6 de noviembre. Al recibir aviones P-3C Orion, comprados a Noruega, Petri expresó que Gobiernos anteriores persiguieron a militares.
Foto: @luispetri
Luis Petri estuvo con Javier Milei organizando la que espera sea su salida triunfal del Ministerio de Defensa. Tras haber superado el 53% de los votos en Mendoza para convertirse en diputado nacional, Petri se cree merecedor de una despedida a gran escala. La fecha elegida es el 5 de diciembre, cuando llegarán los F-16 que el Gobierno compró a Dinamarca. Petri tiene otro objetivo en mente: seguir controlando el Ministerio de Defensa desde la Cámara de Diputados. Pero, sobre todo, pretende ser recordado en el edificio Libertador como un «restaurador», el que volvió a reivindicar a las Fuerzas Armadas y ser artífice de la «memoria completa» sobre lo sucedido en los 70 que los militares hacía décadas reclamaban.
El lugar elegido por el funcionario para hablar de su impronta en el Ministerio de Defensa estaba cargado de simbolismo: la base aérea militar del Aeroparque Jorge Newbery. De allí salían los vuelos cargando prisioneros adormecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) que iban a ser arrojados vivos a las aguas del Río de la Plata o del Mar Argentino. Dos años antes, en esa base, había estado estacionado el Skyvan que transportó a tres Madres de Plaza de Mayo, dos monjas francesas y siete militantes hacia su destino final. El Skyvan había sido repatriado por el Gobierno del Frente de Todos (FdT) a pedido de las familias de las víctimas como símbolo de lo que nunca más debía suceder.
Pero ese jueves 6 de noviembre, estaba Petri parado detrás de un atril para decir que todo había cambiado desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La ocasión que había escogido era el arribo de unos aviones P-3C Orion, comprados a Noruega, que usará la Armada Argentina.
«No solamente humillaban, destrataban y perseguían a nuestras fuerzas, tampoco les daban los ascensos por portación de nombre, sino que las cancelaban, las invisibilizaban. Los Gobiernos anteriores, fundamentalmente los kirchneristas, buscaban perseguir en todo momento. Nosotros dijimos que esa política de persecución tenía que terminar y, a partir del 10 de diciembre (de 2023), concluyó», arrancó Petri.
Después llegó la confesión del ministro. «Lo primero que hicimos fue eliminar ese nefasto grupo de trabajo que se había creado en el Ministerio de Defensa para carpetear a quienes querían obtener algún ascenso por tener algún antepasado vinculado a los 70. Lo segundo que hicimos fue contar la historia completa, reconociendo también a nuestros héroes de los 70».
En efecto, en marzo de 2024, Petri despidió a los profesionales que integraban los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas. Los ERyA habían sido creados por Nilda Garré después de que Cristina Fernández de Kirchner firmara el decreto 4/2010, que desclasificaba toda la documentación vinculada al período 1976-1983. La finalidad principal de los ERyA era aportar elementos a las causas por crímenes de lesa humanidad que, para entonces, estaban tomando envión.
Petri oficializó su decisión en julio. El argumento central para desarmar los ERyA fue que duplicaban el trabajo de investigación que le correspondía al Ministerio Público Fiscal (MPF), pese a que 36 fiscales decían lo contrario y le habían pedido que revirtiera su postura. «Nefasto ha sido eliminar –como se dijo, esa palabra se utilizó– los equipos de profesionales que tanto han aportado al proceso de verdad, memoria y justicia. Ese aporte histórico y fundamental para la democracia se calificó como “carpetear”. Hubo muchos fiscales que advertimos esta situación. Es un daño enorme el que han causado, pero no podrán detener el proceso», sostiene el fiscal general Miguel Palazzani, que interviene en los juicios que se sustancian en Bahía Blanca y Neuquén por crímenes contra la humanidad. «Se recordará siempre esta acción como un aporte a la impunidad respecto de los delitos más graves que existen», añade.
Tartagal. El ministro ataviado como un comando en un operativo fronterizo.
Foto: @luispetri
Negacionismo
La destrucción de los ERyA fue precedida por otras acciones. En primer lugar, Petri rechazó que desde el Ministerio de Defensa se remitieran legajos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para contribuir a la búsqueda de los bebés robados durante la última dictadura. En segundo lugar, el ministro envió a dos de sus funcionarios de visita a la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde están alojados los represores. El encuentro fue el 7 de marzo de 2024. Veinte días después echó a los expertos en analizar archivos.
Victoria Montenegro, en su rol de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, denunció la maniobra de Petri ante organismos internacionales. Para ella, lo que sucede en Defensa está íntimamente relacionado con el que sería el punto en común entre Milei y Victoria Villarruel: la búsqueda de impunidad de los perpetradores de la última dictadura.
«La disolución de ese equipo tuvo –y tiene– como propósito evidente obstaculizar la justicia y demoler décadas de políticas de memoria, verdad y justicia. No es casual que se jacten de frenar el proceso y que el subsecretario de Derechos Humanos se permita, incluso ante Naciones Unidas, negar los 30.000 desaparecidos y acusar de mentira una construcción histórica sostenida por la lucha de los organismos y las sentencias judiciales. El negacionismo y el desmantelamiento de las herramientas del Estado van de la mano. Pero el ministro Petri sigue siendo un funcionario público: más temprano que tarde deberá rendir cuentas por lo que no hizo y por lo que hizo deliberadamente en contra de la justicia», afirma Montenegro, que conoce por dentro la familia militar. Robada a los trece días de nacida, ella fue apropiada por el coronel Herman Tetzlaff y criada como si fuera su hija biológica hasta que las Abuelas de Plaza de Mayo la encontraron.
La otra pata de la política de Petri está vinculada con lo que él llama la «historia completa». Para eso, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Joaquín Mogaburu, deambula por regimientos con Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal para que las jóvenes generaciones escuchen sus testimonios. Ambos son hijos de militares muertos en los 70 tras asaltos de las organizaciones guerrilleras a unidades castrenses. Larrabure integra junto a Villarruel el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), dedicado a intentar sentar en el banquillo a los militantes de los 70, mientras que Ibarzábal es cercana a Cecilia Pando e integra la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita). Públicamente, Larrabure e Ibarzábal, que han sido designados como asesores de Petri en materia de derechos humanos, se manifestaron a favor de iniciativas para sacar a los represores de la cárcel.
El próximo sábado 29 de noviembre habrá una concentración en Plaza de Mayo para reclamar por la libertad de los presos por crímenes de lesa humanidad, como publicó Mauricio Caminos en eldiarioar. La convocatoria la impulsan fundamentalmente Héctor Guillermo Sottovía y Asunción Benedit. Ella es hermana del diputado Beltrán Benedit, que organizó la visita a los represores presos en Ezeiza, y fundadora de un grupo que se llama «Pañuelos Negros», que se presenta como contraposición a las Madres de Plaza de Mayo.
Otro de los organizadores es Orlando González, un represor condenado a prisión perpetua por crímenes en la ESMA. A González lo conocían como «Hormiga» en el campo de concentración y se destacaba por otra característica: tomaba fotos de sus víctimas. González está en prisión domiciliaria, aunque el tribunal lo deja salir a «cazar» ofertas por distintos supermercados y verdulerías. Desde su casa, el «Hormiga» difunde la convocatoria por la libertad de sus camaradas de armas. El grupo tiene vínculos con algunos legisladores del oficialismo, aunque es crítico del Gobierno porque entiende que no hizo lo suficiente para que los represores salieran de la cárcel. Otro que ya se anotó para ir a manifestar en Plaza de Mayo es Carlos Pampillón, el dirigente neonazi de Mar del Plata que habla de los «héroes de la lucha antisubversiva».
