4 de diciembre de 2025
Argentina tiene por delante un perfil exigente de vencimientos de deuda en moneda extranjera. Los montos alcanzan los US$ 40.000 millones hasta 2027. Condicionados por ese trasfondo, y atento a que no se están reuniendo las condiciones para volver a los mercados, y «patear» la deuda para adelante mediante refinanciaciones, desde la Secretaría de Finanzas se anunció que comenzaron las tratativas para desarrollar el programa «Deuda por Educación». Se trata de una recompra de deuda soberana, y reemplazo por deuda de más largo plazo a tasas menores, a partir del apoyo de organismos multilaterales. Desde Finanzas se mencionó que los ahorros generados por esta operación serán destinados a consolidar la inversión educativa de largo plazo. Y para la estructuración del crédito se designó al JP Morgan. ¡Qué casualidad! Es una estrategia alternativa, pero con igual dirección, al préstamo de US$ 20.000 millones que se planeaba solicitar a un conjunto de bancos, pero que a fines de noviembre el propio ministro de Economía desmintió.
No es una iniciativa novedosa. Ecuador realizó algo similar hace dos años, que denominó «Deuda por naturaleza», con el objetivo de invertir en el cuidado del medioambiente. El banco beneficiario fue el Credit Suisse, que obtuvo, en concepto de intereses, un monto superior al 1% de los US$ 1.600 millones de la operación. Un monto grande como las tortugas que habitan las Galápagos.
Sin duda, es un eufemismo afirmar que el Gobierno tiene interés en la educación, a la luz del ajuste sistemático perpetrado, que acumula una caída del gasto público en términos reales por este concepto cercana al 45% desde fines de 2023. Esta tendencia se extendería el año próximo, por lo previsto en el Proyecto de Ley de Presupuesto, que se trataría después del 10 de diciembre, cuando la composición del Congreso sea más afín al Gobierno.
Los números oficiales para el próximo año proyectan achicar todos los frentes: el Plan Nacional de Alfabetización, el Progresar, la educación técnica, y la ciencia y tecnología. El presupuesto se ubicaría por tercer año consecutivo en guarismos inferiores al 1% del PIB (se proyecta 0,75% para 2026). No contentos con ello, se busca la derogación de la obligatoriedad de destinar el 6% del Presupuesto al sector, asignación que si bien hoy parece lejana (solo se cumplió en 2015), al eliminarla el, Ejecutivo deja de manifiesto la intención de desinvertir en educación.
No caben dudas sobre las verdaderas intenciones de la iniciativa. Deben honrarse los compromisos de deuda, pero faltan divisas, porque se abrieron al máximo las canillas de la fuga, y se liberaron importaciones de manera indiscriminada.
Lo anterior impulsa a lanzar la «Deuda por Educación», que no solo no alcanza para maquillar el nulo interés en promover la inversión en políticas públicas, sino que, además, es inevitable sospechar que tiene entre sus motivaciones el favorecer a un banco extranjero.
