18 de diciembre de 2025

Daniel Vilá

Inoperancia del Gobierno, corralito y pauperización de la población fueron las chispas que iniciaron un estallido que marcó la historia del país. Movilización popular y 39 muertos por la represión.

Como lo demuestra la historia argentina, las explosiones sociales no anuncian la fecha de su detonación. Hace 24 años, el 19 y 20 de diciembre de 2001, lo confirmaron los invisibles, las multitudes vulneradas que recuperaron su condición de pueblo cuando pocos lo esperaban. Aunque los responsables de la crisis no se dieron por enterados, había señales evidentes de que la descomposición política y económica iba a tener imprevisibles consecuencias. La más importante de ellas: el Gobierno de la Alianza había sepultado definitivamente las ilusiones de sus votantes cuando debió afrontar las elecciones legislativas del 14 de octubre, que como todas las encuestas lo indicaban habrían de propinarle una derrota histórica.
La convertibilidad pergeñada por el ministro de Economía Domingo Cavallo en 1989, y tercamente sostenida por el aliancismo, destruía el poder adquisitivo de los sectores populares y deprimía el consumo. Así, las urnas hablaron con brutal contundencia.

Centenares de miles se abstuvieron de concurrir y el «voto bronca» –que se manifestaba no solo en la papeleta blanca, sino también en fetas de salame y escatológicos veredictos dentro del sobre– sumaba el 29% en la Ciudad de Buenos Aires y el 40% en Santa Fe, donde superó a la fuerza que ganó las elecciones en el distrito. 

El 2 de diciembre, Cavallo resolvió darle otra vuelta de tuerca al ajuste e instaurar el «corralito», un eufemismo que encubría la confiscación del dinero de los ahorristas, decisión que provocó incidentes de envergadura en la entrada de los bancos, protegidos con paneles de madera y metal que eran aporreados por los furiosos afectados. 

Doce días después, los rumores pronosticaban días oscuros y la huelga general convocada por todos los sectores del sindicalismo alcanzaba un acatamiento del 80%. Simultáneamente, comenzaron a producirse estallidos en algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por nuevos actores sociales, los piqueteros, que habían surgido como protagonistas en el conflicto de Cutral-Có durante el Gobierno de Carlos Menem y experimentado un crecimiento exponencial.

Organización territorial
Las características que definían al movimiento eran, entre otras, la centralidad de la organización territorial –el barrio como sustituto de la fábrica–, la elección democrática de sus representantes, la horizontalidad en la toma de decisiones y el desconocimiento de los mecanismos institucionales clásicos.

Comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Conurbano bonaerense padecieron saqueos por parte de desocupados e indigentes. Posteriormente, se generalizaron los reclamos por comida en las puertas de los supermercados que estaban custodiados por fuerzas policiales, no así los pequeños comercios que quedaron librados a su suerte. En una semana fueron asesinadas siete personas por las fuerzas de seguridad y los propios comerciantes y por la noche se repetían los cacerolazos y las manifestaciones de integrantes de la clase media en diferentes barrios donde comenzaron a constituirse asambleas vecinales que discutían en las esquinas las medidas a adoptar. La consigna unificadora –de efímera vigencia– era «piquete y cacerola, la lucha es una sola». 

El 19 de diciembre por la noche, cuando De la Rúa, apremiado por las circunstancias y su incapacidad para dar respuestas a la crisis, tras una consulta con los altos mandos militares determinó decretar el estado de sitio, la revuelta se transformó en un estallido social generalizado. Decenas de miles de personas se movilizaron en todo el país para repudiar al Gobierno y a la dirigencia política y la rebelión se extendió durante toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes.

Pese a que Cavallo había presentado su renuncia la protesta no cesó. Los voceros del establishment pretendían que la indignación se circunscribiera al presidente y su ministro de Economía, pero la ineptitud y torpeza de De la Rúa y sus colaboradores –un dato innegable de la realidad– no explicaba por sí solo el desarrollo de los acontecimientos.

Fuerzas represivas
Poner el acento en estas limitaciones implicaba ignorar que las características de la personalidad del mandatario fueron precisamente los argumentos esgrimidos para fundamentar su candidatura: bajo perfil, moderación, carencia de un aparato político propio. Sin embargo, no se mostró tímido al ordenar la salvaje masacre que dejó un saldo de 39 muertos, 400 heridos y unos 4.000 detenidos en todo el territorio nacional. Las Madres de Plaza de Mayo fueron criminalmente atacadas por las fuerzas represivas.

La revista Cultura y Política, en su número 5, hizo una vívida descripción de uno de los tantos episodios que jalonaron la pueblada: «Sobre la calle Alsina, a unos metros de Lima, un Peugeot 505 plateado, sin patente, estaciona. El vidrio polarizado de la ventanilla trasera está bajo. Se abre la puerta, parecen roperos saliendo de un auto. Rostros disciplinados y sudorosos, la horda policial se concentra, en formación, sobre la 9 de Julio. Ninguno se baja de la moto. El dispositivo está diseñado para una tarde de purga. Arrancan… Pero algo falla. Arrecian los aplausos y la alegría se enciende en nuestros rostros. Son más de 30 motos de una agrupación del sindicato de motoqueros que taponan la 9 de Julio».
Las cosas no daban para más y el 20, a las 19:30 horas, el presidente renunció y abandonó la Casa Rosada en helicóptero.

Bajo el título de «La crisis se debe resolver con participación popular, solidaridad y justicia social», el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) emitió el mismo 20 de diciembre un comunicado que conserva plena vigencia en el que advertía: «Es un momento crucial para disponer medidas urgentes», entre las que destacaba un seguro de desempleo y formación y asignaciones universales, que a la vez que atender las demandas impostergables de millones impulsara un proyecto integral para el desarrollo del mercado interno, asegurara salud y educación y garantizara el pleno respeto de los derechos humanos.

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