26 de diciembre de 2025
El presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados y ahora avanza en el Senado profundiza el ajuste que comenzó en 2024 e implica el mayor retroceso en políticas de igualdad de los últimos años.
La propuesta del Gobierno de Milei deja más desprotegidas que nunca a las mujeres víctimas de violencia de género y a niñas y niños que sufren abuso sexual. Bajo la lógica de la motosierra, programas centrales para la prevención de la violencia contra las mujeres y sobre salud sexual y reproductiva siguen desfinanciados.
Ese ensañamiento es parte de la batalla cultural libertaria.
En el debate en la Cámara Baja, legisladores de la oposición pusieron cierto freno a las ansias destructoras de políticas inclusivas y educativas clave como las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Pero lo que no se modificó son las partidas que dejan cada vez más a la intemperie a mujeres y diversidades que viven situaciones de violencia machista.
El Programa Acompañar se creó en la gestión anterior para brindarles a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género una ayuda económica equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica. Milei limitó ese derecho a apenas tres meses y le puso otras trabas, como tener que hacer una denuncia policial o judicial. Pero, además, en 2024 el Acompañar se redujo un 90% respecto a 2023 y la cobertura cayó de más de 100.000 mujeres a solo 434. Desde 2025, el programa dejó de figurar como partida presupuestaria identificable, su sitio web permanece desactualizado y el tablero de monitoreo fue dado de baja.
La Línea 144, principal canal de atención a personas en situación de violencia, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras. En 2025 y 2026 también se eliminó su línea presupuestaria específica, lo que impide saber cuántos recursos se le asignan y ejecutan.
«Aún cuando no es posible identificar una partida específica, para 2026 aparece una meta asociada a la Línea 144 en el programa Afianzamiento de la Justicia. La cantidad de personas asistidas se reduce a 60.000, un tercio de las personas asistidas en 2023», advierte un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) que analiza las partidas presupuestarias vinculadas a género en el Proyecto de Presupuesto 2026.
En salud y educación sexual, los números tampoco son alentadores: el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, conocido como Plan ENIA, cae un 85% respecto a 2025 (menos del 3% de lo invertido en 2023). El presupuesto para Educación Sexual Integral es de solo $239 millones, el 2% de lo ejecutado en 2023. Y no se prevé capacitar a ningún docente ni asistir a ninguna provincia en 2026.
Las principales políticas destinadas a prevenir la violencia y promover la igualdad de género perdieron el 89% de su presupuesto, advierte el análisis de ELA y ACIJ.
Llevó muchas décadas correr el velo que reducía la violencia machista al ámbito de lo privado y nombrarla como lo que es: una violación a los derechos humanos que exige respuestas públicas. No es materia de opinión. El Estado argentino asumió compromisos internacionales, incorporados a la Constitución, que lo obligan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género, aunque este Gobierno directamente niegue la existencia de esta problemática extendida y estructural. El déficit fiscal cero no puede –ni debe– construirse sobre la desprotección de mujeres y diversidades.
