12 de enero de 2026
La iniciativa impulsada por el Gobierno, redactada sin consultas ni consensos, desplaza el rol del Estado y empodera a las familias en la toma de decisiones institucionales. Una oda a la desigualdad.
Lazos rotos. Con la nueva normativa, la escuela dejaría de ser un lugar de construcción de ciudadanía democrática y pasaría a ser un lugar de disciplinamiento.
Foto: Getty Images
En el proyecto de ley de Libertad Educativa impulsado por el Gobierno de Javier Milei, la palabra «escuela» aparece mencionada por primera vez en el inciso E del Artículo 21. La figura de «padres» (sic), en cambio, aparece desde el Artículo 1. El dato grafica la esencia de la ley: corrimiento del rol del Estado, empoderamiento de las familias en la toma de decisiones educativas y, con ello, oda a la desigualdad.
Entre los «principios rectores» de la normativa propuesta –que aún no tiene fecha de tratamiento en el Congreso– se establece que «la familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos» y el Estado «tiene la obligación de garantizar la accesibilidad y las condiciones para la permanencia y el egreso en los diferentes niveles del sistema educativo, estableciendo a su vez contenidos y condiciones mínimas comunes».
El proyecto implica, según indica en el Artículo 130, la derogación de la Ley 26.206. Es decir, barre con la Ley de Educación Nacional, sancionada en 2006.
Educación como mercancía
«Estamos convencidos de que es innecesaria una nueva ley. Lo que hay que hacer es cumplir la que está vigente. Los problemas que hay en educación no se deben a la ley actual. Es una falacia la premisa de la que se parte», dice Miguel Duhalde, secretario de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). «Los problemas que hay tienen que ver con un deterioro, especialmente por la falta de financiamiento, el abandono de políticas socioeducativas, que los estudiantes no terminen la secundaria. Todo esto no se resuelve con la ley que proponen, sino al contrario».
Duhalde plantea que el Gobierno pretende «derogar una ley que fue ampliamente debatida y la quiere reemplazar por una que responde a intereses de las grandes corporaciones. Tienen la idea de educación como mercancía».
La «libertad» que postula esta iniciativa implica que solo haya contenidos mínimos comunes, pero que el grueso del programa educativo pueda ser decidido y elegido por cada familia. De acuerdo con sus posturas y, por supuesto, a sus recursos. «Dejar todo en manos de las familias es desconfiar de la escuela como tal. Y subyace que puede educar cualquiera», advierte Duhalde. Además, con la opción de la educación en el hogar («homeschooling», como la llaman en Estados Unidos y copian acá), hay negocios en puerta: «Ya hay plataformas ofreciendo servicios».
«La desigualdad entre familias es abrumadora. Habrá algunas que se puedan hacer cargo y otras que no, por formación previa y por tiempos. Algunas están totalmente condicionadas por la situación económica. Y es una falacia que podrán elegir a dónde mandar a sus hijos: si la escuela se financia según la demanda –como establece el proyecto–, algunas van a desaparecer. Se va a poder “elegir” entre las que queden en pie».
Un sistema destruido
Myriam Feldfeber, profesora consulta e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA, coincide en que «no es necesario modificar la Ley de Educación, teniendo en cuenta que el sistema educativo tiene problemas que no fueron generados por la ley actual y que esta propuesta no va a solucionarlos. Algunos se van a profundizar, como la fragmentación y la desigualdad».
Para Feldfeber es una iniciativa que «atrasa siglos». Muchos siglos: «Es una ley presarmientina, pre Ley 1.420, porque desaparece la idea de educación común, el rol del Estado y de la escuela. Incluso es pre Revolución Francesa: sin una lógica de igualdad y fraternidad».
Parlamento en espera. La nueva normativa, sin fecha de tratamiento en el Congreso, fue redactada sin consensos ni consultas. Su futuro quedará en manos de los legisladores.
Foto: Shutterstock
«Lo central –dice a Acción– es que no aparece la idea de la educación como derecho. No aparece la idea de igualdad y no aparece el rol de la escuela en la construcción de lo común, el lazo social, la función que la escuela cumple que no es transmitir contenido solamente. Y una idea de que cualquiera puede educar en cualquier lado».
Así, en el Capítulo VI, la normativa propuesta por el Gobierno anticiencia de Milei indica que «con el propósito de garantizar el pleno ejercicio del derecho de enseñar y aprender, se reconoce el derecho a recibir Educación Básica mediante formas alternativas de enseñanza, entendidas como procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a estudiantes que no asisten regularmente a una institución de Educación Básica». Esto incluye «educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores» y «Educación en Entornos Virtuales de Aprendizaje o Sistema Digitales Integrales que permitan diseñar, gestionar, desarrollar y evaluar procesos educativos mediados por tecnologías». Se trata de una profundización del intento de reforma del proyecto original de la Ley de Bases, que establecía la obligatoriedad de la presencialidad solo hasta tercer grado. En la versión actual, no hay límites.
«Es un proyecto de ley que no fue consensuado ni consultado. Ni con el sector docente, ni con sindicatos, ni con especialistas. Es la destrucción del sistema educativo como lo conocemos», define Feldfeber. Y considera que lo que plantea como diversidad y libre elección de formas y contenidos de enseñanza «es anomia, no autonomía. Hay una desvalorización del rol docente y un ataque abierto a la escuela pública». Todo esto, por parte de un Gobierno que «no hizo ni una sola escuela».
Disciplinar
Las voces de referentes en educación coinciden: la esencia del proyecto de Libertad Educativa solo puede entenderse como parte de un combo que incluye el intento de reforma laboral. «Un proyecto de país en el que hay que disciplinar a la población a través de regulaciones en el mundo del trabajo requiere de un proyecto educativo que colabore en ese proceso», afirma Gabriel Brener, especialista en Gestión y Conducción de Sistema Educativo por Flacso. «Es imposible pensar este texto al margen del conjunto de políticas que este Gobierno viene desarrollando desde hace dos años: desfinanciamiento de la educación pública, discontinuidad en la entrega de tecnología y libros, disminución estrepitosa de becas Progresar, desfinanciamiento universitario», enumera. En cambio, «nada hay sobre diagnósticos de dificultades de aprendizaje, modificaciones del nivel secundario o procesos de distribución de materiales para acompañar la alfabetización. Es una declaración de desprecio hacia el Estado».
«Lo que está en el fondo es que la escuela deja de ser el lugar de construcción de ciudadanía democrática, para encontrarse con otros diferentes y construir comunidad, y pasa a ser un lugar de rendimiento y disciplinamiento». Lo primero, «para ajustarse a exámenes estandarizados y tomar las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) como religión». Lo segundo, porque las escuelas «serían ámbitos para enseñar a obedecer, no donde se aprenda a pensar».
Brener apunta también al rol asignado a «padres» (con un concepto que engloba a las madres, sin mencionarlas) en cuestiones como la elección y remoción de directivos. «¿Quiénes van a integrar esos Consejos de Padres? ¿Los que van a la escuela cuando quieren linchar a los docentes porque confunden justicia con venganza?».
Para el especialista en educación, el proyecto de Libertad Educativa está atado a «un proyecto político de país, con una escuela que se pueda encargar del disciplinamiento social, otorgando a los subalternos educación básica, pero restringiendo para ciertos sectores los “manjares de la alta cultura”. Y hay una palabra clave que queda desplazada: derecho».
