3 de enero de 2026
La agresión estadounidense a la República Bolivariana de Venezuela reedita la política intervencionista y la concepción imperial de la región como «patio trasero». Intereses geopolíticos y económicos detrás de la operación militar.
Caracas. Humo tras un bombardeo en la capital venezolana.
Foto: Getty Images
Los ataques, amenazas y operaciones encubiertas atribuidas al Gobierno de Donald Trump –con participación de agencias de inteligencia y fuerzas armadas de los Estados Unidos– contra la República Bolivariana de Venezuela y el anuncio oficial del secuestro de Nicolás Maduro y su esposa constituyen una grave violación del orden jurídico internacional y una reedición explícita de la política intervencionista que históricamente concibió a la región como su «patio trasero».
El principio de no intervención, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos no son consignas ideológicas: son normas imperativas (ius cogens) consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en múltiples resoluciones del sistema interamericano.
Ningún Estado –mucho menos una potencia militar– puede arrogarse el derecho de decidir el destino político, económico o institucional de otro. Las sanciones unilaterales, las amenazas de intervención armada, el apoyo a acciones desestabilizadoras y las operaciones encubiertas no solo vulneran ese marco normativo, sino que agravan las condiciones de vida de las poblaciones civiles, configurando responsabilidades internacionales.
En el caso venezolano, la estrategia de «máxima presión» impulsada por Washington durante la administración Trump combinó coerción económica, aislamiento diplomático selectivo y un discurso beligerante que normalizó la idea de la intervención. Esta lógica no es nueva: remite a una larga tradición de injerencias en América Latina –Guatemala, Cuba, República Dominicana, Chile, Nicaragua, Panamá– donde la defensa retórica de la «democracia» sirvió de coartada para imponer intereses geopolíticos y económicos. El resultado histórico ha sido devastador: dictaduras, violencia, endeudamiento, fragmentación social y pérdida de soberanía.
Particularmente alarmante es la actitud cómplice de varios Gobiernos de la región, entre ellos el argentino, que lejos de defender una política exterior autónoma y respetuosa del derecho internacional, optaron por alinearse acríticamente con la agenda de Washington. El aval explícito o implícito a sanciones ilegales, el reconocimiento de autoridades paralelas y el silencio frente a amenazas de fuerza constituyen una claudicación diplomática que erosiona la tradición latinoamericana de solución pacífica de controversias. No se trata de adhesión o rechazo a un Gobierno específico, sino de la defensa de principios que, de ser vulnerados en Venezuela, quedan debilitados para toda la región.
Voz propia
A esta complicidad regional se suma el respaldo abierto o el silencio hipócrita de varios países europeos y de otras autodenominadas «democracias occidentales». Mientras se declama la centralidad de los derechos humanos y del multilateralismo, se toleran –cuando no se legitiman– prácticas que los socavan. Esta doble vara revela una profunda crisis del orden internacional liberal y expone su subordinación a intereses estratégicos. El derecho internacional parece invocado solo cuando conviene a los poderosos y desechado cuando obstaculiza sus objetivos.
Este escenario se inscribe en un momento internacional particularmente crítico, marcado por el avance de Gobiernos neofascistas, autoritarios y de ultraderecha, que exaltan el nacionalismo excluyente, el militarismo y el desprecio por las normas multilaterales. La política exterior agresiva, el debilitamiento de los organismos internacionales y la naturalización de la violencia como herramienta política son rasgos comunes de esta deriva. América Latina, históricamente vulnerable a estas dinámicas, vuelve a ser un territorio de disputa donde se ensayan prácticas de dominación que luego se proyectan a escala global.
Frente a esta realidad, resulta urgente impulsar un repudio claro y sin ambigüedades a toda forma de agresión imperialista. Ese repudio debe expresarse en los foros internacionales, en las cancillerías, en los Parlamentos y en las sociedades civiles. La resistencia activa a la injerencia no implica violencia ni aventuras irresponsables: supone fortalecer el multilateralismo, exigir el levantamiento de sanciones ilegales, promover el diálogo político sin tutelajes externos y defender, de manera coherente, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
América Latina necesita recuperar una voz propia, basada en el derecho internacional, la integración regional y la solidaridad entre naciones. Callar o mirar hacia otro lado frente a la agresión contra Venezuela no solo es una falta ética y jurídica, sino una peligrosa renuncia al principio de que ningún pueblo debe ser sometido por la fuerza. La historia regional demuestra que cada concesión al intervencionismo abre la puerta a nuevas agresiones. Resistir hoy, desde el derecho y la política, es una condición indispensable para preservar la paz, la dignidad y la autonomía de la región.
