10 de enero de 2026
De acuerdo al informe que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el segundo año de gobierno de Javier Milei fue mucho más represivo y violento que el anterior. Los datos muestran que se duplicó la cantidad de manifestaciones que terminaron siendo reprimidas por las fuerzas de seguridad que actuaban bajo el mando de Patricia Bullrich, creció el número de personas que resultaron detenidas de manera arbitraria y también se incrementaron los registros de personas que sufrieron heridas –algunas de ellas de extrema gravedad, como lo muestra el ataque que padeció el fotógrafo Pablo Grillo–.
En los últimos dos años, detalló Página12, la CPM relevó lo ocurrido en 139 manifestaciones: 51 terminaron en represión, lo que representa el 37 por ciento de los casos. En 2024 fueron reprimidas 17 protestas, mientras que en 2025 las fuerzas de seguridad intervinieron violentamente en 34 movilizaciones.
En ese mismo período, el organismo registró 2585 personas heridas en el marco de las protestas y 258 manifestantes o transeúntes que fueron víctimas de detenciones arbitrarias. En 2024, los heridos sumaron 1216, mientras que en 2025 ascendieron a 1369, lo que implica un incremento del 13 por ciento en la violencia de los operativos.
Además, solo en marzo de 2025, 789 personas resultaron heridas. El 12 de marzo fue el día de mayor despliegue represivo, sostiene la CPM. Ese día se contabilizaron 672 heridos entre quienes se acercaron al Congreso a expresar su solidaridad con los jubilados. La jornada quedó marcada por varios hechos: el disparo con un lanzagases que hirió a Grillo; los disparos que provocaron que Jonathan Navarro y Rodrigo Troncoso perdieran la visión en uno de sus ojos; y el golpe que sufrió la jubilada Beatriz Blanco, que la dejó tirada en el suelo. Hubo, además, 114 detenciones arbitrarias, entre ellas las aprehensiones de dos niños de doce y catorce años.
La CPM es un organismo público autónomo y autárquico de la provincia de Buenos Aires que, como mecanismo de prevención de la tortura, viene monitoreando lo que sucede con la protesta social en la Argentina, sobre todo desde que Bullrich firmó la resolución 943/2023 –popularmente conocida como el protocolo antipiquetes–, con la que el gobierno de La Libertad Avanza –ejecutor de un ajuste sin límites– buscó controlar las calles.
“En este despliegue represivo, que se agravó durante el último año, se confirma un avance paulatino de procesos autoritarios que limitan la democracia y el ejercicio de los derechos constitucionales. Esta restricción de las garantías para expresar la disidencia no puede disociarse del objetivo del gobierno de implementar políticas que profundizan la desigualdad y el deterioro progresivo del acceso a derechos de la mayoría de la población”, concluyó el informe de la CPM.
