27 de marzo de 2026

El fiscal Rodrigo Cuesta dictaminó ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal que corresponde desestimar el recurso de apelación del Gobierno y dejar firme la sentencia que declaró nulo el protocolo antipiquetes. Para el funcionario, la resolución del Ministerio de Seguridad excedió sus facultades al intentar regular derechos fundamentales mediante una normativa administrativa que, en la práctica, anuló garantías constitucionales básicas. El dictamen reconoció que el derecho a la protesta no es un delito, sino un ejercicio legítimo que debe ser protegido incluso cuando entra en tensión con la libre circulación. Cuesta remarcó que el Estado tiene la obligación de realizar una evaluación adecuada en cada conflicto de derechos, pero subrayó que la reunión y la expresión social tienen un carácter «preferencial» dentro del sistema legal argentino. De esta manera, el fiscal desarmó el argumento oficial que ponía el flujo del tránsito como un valor absoluto por encima de la movilización.