31 de marzo de 2026
El Gobierno nacional deberá aplicar de manera «inmediata» la Ley de Financiamiento Universitario (27.795) que se aprobó en el Congreso, el año pasado, según lo dispuso la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La apelación por parte del poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría. Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el Gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y los calificó de «poco serios». Además, también exigió la recomposición salarial docente y no docente, desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025; resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley «es ilegítima». Esta resolución se dio luego del reclamo conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector, y luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, por la recomposición salarial.
