13 de noviembre de 2013

El Estado dominicano ratificó en la OEA su posición hacia los inmigrantes sin papeles. Sus representantes apoyaron el fallo supremo que habilitó la negación de ciudadanía a los hijos de «ilegales», que se aplicará con retroactividad hasta 1929, negó la preparación de deportaciones masivas y tildó a sus detractores de «alarmistas». Haití, uno de los más afectados por la decisión, denunció esta política xenófoba logrando adhesión entre gran parte de la ciudadanía dominicana, países de la Caricom, Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y denunció que la sentencia dejará como apátridas a 210.000 dominicanos de ascendencia haitiana, con «consecuencias desastrosas» para la estabilidad de la isla. La polémica ley de migrantes surgió tras el rechazo judicial al pedido de Juliana Deguis, quien demandó a la Junta Central Electoral por negarle su cédula de identidad. Deguis, de 24 años, no había podido probar que sus padres fueran residentes legales cuando ella nació.