28 de mayo de 2026

El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja, que ordenó regularizar en un plazo de 72 horas las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad de PAMI e Incluir Salud. El magistrado concedió la apelación con efecto devolutivo, por lo que la cautelar continuará vigente hasta que la Cámara Federal se expida sobre la presentación oficial. La medida judicial surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra, en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones cordobesas como Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y distintos centros terapéuticos de la provincia. El fallo busca garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales para beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ante el riesgo de interrupción de servicios.