27 de julio de 2026
Trabajo en equipo. Caputo recibió a Georgieva en la puerta del Ministerio de Economía.
Foto: NA
El próximo 6 de agosto el Gobierno nacional espera retomar su ofensiva política y lograr que el Senado le dé media sanción al proyecto que habilitaría sin ninguna restricción la compra de tierras por parte de individuos y corporaciones extranjeras. No se trata de una ley más, sino de una decisión estratégica, ya que se abriría la puerta a que un bien preciado y único como la tierra pueda ser enajenada en forma irrestricta. De este modo, grandes corporaciones extranjeras, entre ellas, los denominados fondos de inversión, podrían acceder a zonas críticas donde están nuestros recursos mineros, la biodiversidad, las fuentes de agua dulce, el petróleo y el gas. Y habría que agregar las zonas agrarias, ya que también forman parte de la criticidad de la época en materia alimentaria.
En realidad, las rentas que se podrían extraer de esas riquezas no deberían nutrir las ganancias y los patrimonios de esas grandes corporaciones internacionales sino ser utilizadas por el propio país, que debe afrontar una fenomenal deuda interna con su pueblo. Tenemos millones de ciudadanos y ciudadanas en situación de pobreza, clases medias comprometidas en su nivel de vida, nuestros sistemas de salud, educación y ciencia y tecnología deteriorados, al igual que el sistema previsional ya muy debilitado a punto tal que millones de jubilados tienen ingresos muy por debajo de la línea de pobreza.
Este proyecto, eufemísticamente llamado «Ley de inviolabilidad de la propiedad privada» forma parte del dispositivo de extranjerización que vienen aplicando Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Grandes beneficiarios
Pero no es el único. Está a la espera otro grupo de proyectos de ley con el mismo sentido de favorecer a núcleos del poder empresario y generar ajustes en los ingresos de la sociedad y en los servicios que brinda el Estado. Entre ellos, modificación de la carta orgánica del Banco Central, ahora exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), eliminación del régimen de zonas frías, reforma de la ley de salud mental, derogación de la ley de etiquetado frontal, la denominada ley hojarasca y un nuevo proyecto que no apunta a favorecer al pequeño ahorrista, sino al blanqueo de grandes evasores. En esta ofensiva se incluye también una iniciativa de carácter político-electoral con vistas al año próximo: suprimir las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para obstaculizar la unión de la oposición.
Además, en la misma línea, también circula un nuevo proyecto, una suerte de ley ómnibus II, iniciativa del «gran desregulador» Sturzenegger, que impulsa una catarata de cambios que afectarían al sector editorial y librero, al vitivinícola, el agro, el cooperativismo, el farmacéutico y el gas licuado de petróleo, entre otros.
En lo vinculado con las cooperativas, nuestro sector, si bien se trata de un anteproyecto que no tiene estado parlamentario, ya se está generando un debate al interior del movimiento con vistas a salir al cruce de esta nueva hipótesis de gravar con impuesto a las Ganancias al cooperativismo en todas sus ramas. Como es conocido, las cooperativas no desarrollan actividades con fines de lucro, por lo que, consecuentemente, no generan ganancias sino excedentes. El sector cooperativo cumple una función social muy relevante, aquí y en todo el mundo, por lo tanto, la expectativa es que haya políticas de fomento del cooperativismo y no lo contrario.
En el afán desregulador también se incluye la derogación del precio único para la venta al público de los libros, que generó un fuerte rechazo del sector editorial y librero, ya que –según señalan– compromete la propia existencia de una de las redes de librerías más grandes del mundo, como es la existente en nuestro país, así como la fuerte presencia de editoriales independientes. Afirman que la iniciativa no abaratará el precio del libro, como sostienen desde el Gobierno, sino que, por el contrario, lo encarecerá ya que quedará a expensas de las grandes corporaciones editoriales locales y extranjeras.
Apoyo y reclamos
En el contexto de esta compleja realidad que vive el país, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, visita la Argentina para explicitar el apoyo del Fondo al plan económico de Milei y su ministro Luis Caputo. Sus razones resultan obvias: tiene que cobrarle a nuestro país, por lejos el deudor más grande de la organización, los créditos que otorgaron, trasgrediendo su propio estatuto, en cumplimiento de una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante los sucesivos requerimientos de endeudamiento de Mauricio Macri y Milei.
Los vencimientos de capital e intereses de este y los próximos años son cuantiosos, por lo tanto, el FMI tiene sus prevenciones acerca de la posibilidad real de Argentina para afrontarlos, a pesar de la adhesión irrestricta del actual Gobierno a sus lineamientos económicos.
El FMI, como siempre, apoya, pero viene por más. En este caso reclama una «reforma tributaria integral», una de cuyas prioridades es lo que denomina la reducción del umbral del Impuesto a las Ganancias, que vendría a significar, en buen romance, que millones de asalariados se sumen al pago de ese impuesto, como así también incrementar el aporte de los monotributistas.
Además, no podía faltar el reclamo perentorio de que se realice una drástica reforma previsional que continúe recortando los beneficios que aún brinda el sistema jubilatorio nacional. Por último, resulta sugestiva la presencia de Georgieva en los yacimientos de Vaca Muerta. Queda claro que estiman que los fenomenales recursos energéticos del país podrían ser la fuente de recursos por la cual puedan cobrar sus acreencias.
