20 de agosto de 2026
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el Estado argentino para analizar si la fábrica de Porta Hermanos en Córdoba viola los derechos humanos con la planta de bioetanol que funciona desde 2012 sin la Evaluación de Impacto Ambiental exigida por la ley. Es el segundo caso de contaminación industrial en Argentina que llega a esta instancia. En este caso, la petición fue presentada por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) junto a vecinos organizados. Mientras la Secretaría de Ambiente de Córdoba se niega sistemáticamente a exigir la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a la planta de bioetanol, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asignó número de caso a la denuncia contra el Estado argentino. «Hay un encubrimiento estatal que vulnera los derechos humanos de los vecinos», advierte Ananda Lavayén, abogada de Fundeps. En paralelo, la Cámara Federal dictó una nueva resolución exigiendo la EIA, al tiempo que avanza la investigación por presunta corrupción contra los camaristas que fallaban a favor de la empresa. Las vecinas de barrio San Antonio, respaldadas por Fundeps, denuncian la complicidad gubernamental y el riesgo sanitario. El planteo de los vecinos y las organizaciones ambientales es que el bioetanol es un combustible de altísima inflamabilidad que alteró de forma drástica el entorno urbano, con problemas severos de salud en la población.
