8 de septiembre de 2026

Hay un tema poco tratado en la cobertura periodística de la elección presidencial en Brasil del próximo 4 de octubre, y que sin embargo pesa tanto como la inflación, los subsidios públicos, la seguridad o las denuncias de corrupción en el Supremo Tribunal Federal de Justicia (STF): ¿Quién decide qué se puede decir en las redes y plataformas digitales, quién controla los datos de 214 millones de brasileños y a quién le compran su infraestructura digital? La respuesta se sintetiza en la soberanía digital, un eje central en la disputa entre Lula da Silva y el bolsonarismo.

Aunque ambos sectores apelan al término, su significado es opuesto. El presidente propone ganar autonomía nacional frente al poder de las big tech, mientras que la oposición, respaldada por Silicon Valley y Washington, busca evitarlo.

Para Lula, soberanía digital significa que el Estado brasileño –y no las plataformas ni sus dueños– ponga las reglas del juego dentro de sus fronteras. Es la lógica detrás de su frase, casi un lema de campaña sin quererlo: «Solo porque alguien tiene mucho dinero no significa que pueda romper la ley». La dijo en 2024, en medio de una pelea con Elon Musk, cuando la Justicia bloqueó X durante más de un mes por no dar de baja cuentas vinculadas al intento de golpe de Estado que promovió el expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, X terminó cediendo en toda la línea y pagando multas millonarias, en tanto que Bolsonaro fue condenado a prisión e inhabilitado para competir electoralmente, y por ello el desafiante de Lula es su hijo y senador Flávio.

Un escenario similar ocurrió con Meta a inicios de 2025, cuando el STF exigió explicaciones sobre el fin de su verificación de datos que anunció Mark Zuckerberg. Lula acompañó la presión y Meta, finalmente, aclaró que mantendría la verificación de contenidos en Brasil.

En cambio, para el bolsonarismo, soberanía digital es casi lo opuesto: es la soberanía del individuo frente al Estado, entendida como el derecho a decir lo que se quiera, incluyendo discursos de odio o apología de la violencia sin que un juez (al que llaman «censor») pueda sancionarlo. Es un discurso que encastra perfecto con el de Musk y con el del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien llegó a imponer un arancel del 50% a las importaciones brasileñas alegando una supuesta «censura» a redes sociodigitales en Brasil. La alianza Flávio-Musk-Trump representa intereses convergentes contra la capacidad regulatoria del Estado brasileño.

La contienda se reordenó en junio de 2025, cuando el STF declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet. La Corte determinó que las plataformas pueden ser responsabilizadas sin orden judicial previa si no retiran contenidos manifiestamente ilícitos. A esto se sumó el ECA Digital, que obliga a reconfigurar algoritmos para proteger a menores contra abusos y diseños adictivos.

Este choque define si las reglas las escribe Silicon Valley o las instituciones democráticas brasileñas. Mientras un triunfo de Lula fortalecería su senda regulatoria, una victoria de la oposición buscará derogarlo.

Un debate que recién empieza
La disputa también es geopolítica. Como segunda economía del continente, Brasil busca construir centros de datos propios e infraestructura (la «Nube Brasileña» es una iniciativa público-privada en curso de almacenamiento y procesamiento de datos) para reducir la dependencia de EE.UU. e incluso China. Aunque el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023) había intentado restringir la presencia de empresas chinas como Huawei, invocando «una amenaza a la privacidad y la soberanía de los datos», Lula, en cambio, firmó acuerdos con Beijing sobre 5G, 6G, chips e inteligencia artificial revirtiendo las limitaciones de Bolsonaro contra tecnológicas chinas.

Lula ha tenido, asimismo, una activa participación en el Grupo BRICS (de donde el Gobierno de Milei retiró a la Argentina) integrado, entre otros países, por China, coordinando acciones de cooperación en infraestructura de datos y gobernanza de IA para fortalecer la soberanía digital con una perspectiva «Sur-Sur».

Ironías de la «Guerra Tibia» entre EE.UU. y China: mientras quienes dicen defender el «libre mercado» vetan la competencia emergente de un país autodenominado comunista, este pide superar las trabas anticompetitivas. Y una paradoja: el mismo espacio político que denuncia la «censura» del Estado brasileño sobre las redes sociodigitales estadounidenses fue, en el Gobierno, mucho más permeable a las prohibiciones dictadas desde Washington sobre infraestructuras digitales.

Pese a estas diferencias, los dos principales candidatos tienen un punto de sugestiva coincidencia, según el periodista Luiz Menezes: la postura de Lula y Bolsonaro sobre la instalación de centros de datos de IA en Brasil coincide con los argumentos del lobby de las grandes empresas tecnológicas. Ni el daño ambiental, ni los costos socioeconómicos (por ejemplo, en la suba del precio de la energía), ni la falta de empleo directo de los datacenters parecen disuadir a los presidenciables de su apoyo a los centros de datos extranjeros.

Lula llega al proceso electoral respaldado por una foja de confrontaciones exitosas contra Musk y Meta y, sobre todo, con una base regulatoria reciente (Ley General de Protección de Datos, fallo del Tribunal Supremo habilitando la responsabilidad de las grandes plataformas, Ley ECA Digital) que buscará profundizar. Flávio Bolsonaro, por su parte, capitaliza la resistencia a esas regulaciones junto al apoyo económico y diplomático de poderosos aliados como Trump y Musk.

En una región donde el debate sobre la soberanía tecnológica recién empieza a dar sus primeros pasos, Brasil vuelve a actuar como un espejo. Seguir de cerca el desenlace de sus elecciones presidenciales resulta clave para anticipar si el resto de los países latinoamericanos tendrá espacio institucional para regular el ecosistema digital o si sus reglas de juego seguirán imponiéndose de forma unilateral desde la gerencia de las big tech.

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