11 de septiembre de 2026
Diputados. Morosidad y discapacidad en la agenda parlamentaria.
Foto: NA
El Congreso nacional volvió a demostrar esta semana que la principal fuerza opositora, Unión por la Patria, está en condiciones de intentar modificar la agenda del Poder Ejecutivo Nacional mediante la construcción de alianzas amplias sobre temas específicos.
Ese fue el caso del quorum logrado en Diputados, que permitió realizar la sesión en la que se emplazó el tratamiento en Comisiones de dos cuestiones urgentes.
Por un lado, el elevado nivel de morosidad crediticia que afecta a gran cantidad de personas y empresas. Y, por otra parte, la prórroga de la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El oficialismo también tuvo que ceder en el Senado y no convocó a sesión el jueves, ya que no logró acuerdos suficientes que garantizaran el quorum para la sesión en la que se proponía tratar el proyecto sobre un nuevo marco regulatorio para la producción de biocombustibles.
Morosos
En julio pasado, 5,9 millones de personas tenían atrasos de más de 90 días en el pago de sus créditos. Si se exceptúa la leve baja de la mora en junio último, el indicador muestra 19 meses seguidos de suba. Hoy los niveles de impagos de las familias (12,9% del total de deudas) más que cuadruplican los de dos años atrás.
El Gobierno no toma iniciativas al respecto por considerar que se trata de un problema «entre privados», mientras la vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, admitió que el organismo sigue de cerca la tendencia ascendente de la mora, aunque consideró que el cuadro actual no representa «un riesgo significativo para la estabilidad financiera del país».
La deuda de los hogares comprometidos, evaluó la funcionaria, «se mantiene en niveles relativamente bajos», cercanos al 8% del Producto Interno Bruto, «cifra inferior a la de muchos otros países de América Latina».
Más allá de los enfoques del Gobierno y del FMI, no debería soslayarse el impacto en el mercado interno de la retracción del consumo por parte de las familias deudoras, que no encuentran alivio a su situación.
La realidad es que difícilmente se reviertan estas dificultades sin un Estado presente que regule el sistema financiero y sobre todo proteja los ingresos de las personas.
Ingresos
Uno de los factores del endeudamiento familiar es el retroceso de los salarios reales registrados por el Indec, que sufrieron una reducción del 21% desde noviembre de 2023, en el sector público, y de 5,4% en el sector privado, con lo cual se avanza hacia una distribución del ingreso cada vez más regresiva.
A la vez, el paulatino enfriamiento de la demanda interna, en un marco de persistencia inflacionaria, subyace como responsable por la negativa performance de la industria manufacturera.
El sector fabril registró en julio una retracción productiva interanual del 4,9%, que llegó al 12% en el promedio de enero-julio contra el mismo período de 2023.
Construcción. La actividad registró en julio una caída interanual de 4,5%.
Foto: Sandra Rojo
En la construcción, en tanto, la caída interanual fue del 4,5% en julio y del 23% si se compara el promedio de los primeros siete meses del año con el último mes de la gestión anterior.
La evolución de la industria y la construcción, entre otros sectores, explica el impacto negativo en el empleo. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, desde noviembre de 2023 a junio de 2026 se produjo una caída neta de 354.000 trabajadores registrados, de los cuales 246.000 fueron privados, más de 87.000 públicos y 20.000 de casas particulares.
En materia laboral, la industria, afectada también por la apertura de importaciones, lleva 20 meses consecutivos en retroceso desde noviembre de 2023 y acumula una pérdida de casi 90.000 empleados registrados.
Así, el supuesto avance en materia de inflación durante el mes de agosto, con el 1,7% de alza en precios minoristas coincide con bajas en el consumo e incrementos de 2,6% en el costo de las canastas de pobreza e indigencia.
La inflación acumulada en lo que va del año llegó al 21,3%, el doble de la fijada en el presupuesto 2026 (10,1%), que desde el vamos era casi de imposible cumplimiento, tal como señalé oportunamente.
Una mención especial merecen los precios regulados, que crecieron 43,7%. Son aquellos en los que incide directamente el Gobierno y que reflejan la decisión de bajar el gasto público vía reducción de subsidios.
En suma, mes a mes se agudizan las pérdidas productivas, de empleos y de ingresos en amplios segmentos sociales, efectos del modelo neoliberal en curso, cuyas consecuencias recaen sobre la mayor parte de la población.
