13 de octubre de 2026
Foto: Jorge Aloy
El desprestigio de los tres supremos es indetenible, tanto en términos políticos como ante la sociedad democrática que valora el respeto a la Constitución y a la división de poderes, y a la que poco le importan los matices e internas del mentado trío. Lo cierto es que en unos pocos días los supremos pasaron de una gravísima decisión, que implicaba avalar la venta de tierras en forma irrestricta a capitales extranjeros, a una vuelta de campana para salvar al Gobierno de la ofensiva opositora, cuyo fin más importante es ir a fondo y voltear el decreto 70/23, una resolución que implicó una reforma constitucional encubierta sin el paso que la misma Carta Magna establece para ese proceso.
En este contexto, el elemento político principal que debiéramos registrar es que la voltereta de los supremos se debió a la reacción social de una mayoría democrática del pueblo. Tras el sorpresivo rechazo a que un grupo de veteranos de Malvinas se pudieran presentar como demandantes –en una causa que implica la defensa de la soberanía por la que ofrecieron sus vidas hace 44 años–, el repudio y la bronca se fueron extendiendo en muy pocos días. La indignación no paraba de crecer.
Es que, en su afán de satisfacer a los núcleos del poder internacional y local, los cortesanos no habían registrado que el sentimiento de soberanía nacional y de defensa de nuestras riquezas naturales cobró un fuerte impacto en la sociedad a partir del trapo malvinero de la muchachada mundialista tras el triunfo contra Inglaterra.
Cómo sería esa voltereta puertas adentro del palacio de Tribunales que el fallo de Carlos Rosenkrantz, ya asumiendo su rol sin pudor, rechazó en términos leguleyos el recule ostensible, considerando que los supremos no debían ceder a pesar «del descontento que pudo haber causado en distintos sectores de la sociedad» ese fallo. Ante el revuelo de la decisión original, el resto de los magistrados (debieron convocar a dos conjueces) interpretaron que políticamente debían evitar que el Parlamento se convirtiera en caja de resonancia de las protestas, en momentos en que están convocadas enormes manifestaciones públicas en plazas y avenidas del país.
Incumplir con las leyes en temas críticos como discapacitados o universidades, circunstancia agravada por la indiferencia ante el drama social del endeudamiento familiar, va generando una fractura entre el modelo del poder económico –tanto local como del FMI– con una sociedad que transita una vida cotidiana de carencias e incertidumbres al cabo de tres años de gobierno mileista. Mientras tanto, se ve la exhibición creciente de riqueza de los ganadores del modelo, quienes continúan medrando, quedándose a precio de ganga con los bienes públicos, como es el caso de la empresa AySA.
Con la misma piedra
El ministro de Economía pasó esta semana nuevamente a la palestra. La ironía es que tropieza por tercera vez con la misma piedra y que es rechazado por la mayoría social tanto de los sectores más humildes, cuya situación está cada vez más comprometida, como de las clases medias, en pleno descenso de su nivel de vida por el incremento de tarifas, prepagas, transportes y alquileres, lo que afecta su vida cultural y social. A estos sectores se les suman las críticas del selecto grupo del Club Económico de Nueva York, fundado en 1907 e integrado por líderes de las corporaciones internacionales.
Como siempre en momentos similares, los núcleos del poder y sus editorialistas exploran variantes de recambio futuro. Lo que tienen más cercano es la actual senadora Patricia Bullrich, aunque otros buscan por el lado de «peronistas moderados» o con algún outsider en el poco tiempo que les queda.
Sin embargo, como ya es histórico, la presencia del pueblo en las calles y plazas volverá a ser determinante. Ese escenario, que ya forma parte del ADN de los argentinos, volverá a expresarse este jueves en las que auguran como masivas marchas por los reclamos contra las políticas insensibles sobre la discapacidad y el presupuesto universitario, a los que se suma el endeudamiento y la soberanía nacional a partir del debate sobre la Ley de Tierras.
