21 de octubre de 2026
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron este martes el presupuesto universitario para 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Lo hicieron a un día de que se cumpla un año de la publicación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial y cinco días después de la represión a la Marcha Federal Universitaria. La Ley 27.795, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial con mayoría especial en ambas cámaras, establece un mecanismo de recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. El Gobierno la vetó, el Congreso insistió, y la Justicia ordenó su cumplimiento mediante una medida cautelar. La Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo habilitó este martes una apelación contra la continuidad de la ejecución de la cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la ley. Es el segundo gesto judicial en favor de Capital Humano en una semana: el jueves pasado, mientras las fuerzas de seguridad reprimían a los estudiantes, la Justicia suspendió la aplicación de multas al Gobierno por el incumplimiento. El presupuesto contempla partidas universitarias por alrededor de $7,7 billones, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama más de $11 billones. La diferencia es de $3,3 billones.
