2 de noviembre de 2026
El correísmo, excluido de las elecciones locales, denuncia persecución política tras la detención de la excandidata Luisa González por un presunto caso de corrupción. La estrategia de Noboa en un país que vive una crisis en múltiples planos.
Operativo. Detención de la dirigente de Revolución Ciudadana en Canuto, provincia de Manabi, el 22 de octubre.
Foto: @MashiRafael
La detención de Luisa González, excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, abrió un nuevo y grave capítulo en la crisis institucional que atraviesa Ecuador. Su nombre se sumó a la lista de dirigentes opositores encarcelados en los últimos años, en el marco de lo que el correísmo denuncia como un plan de persecución política y judicial impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa. Un plan que, entre otras cosas, incluye la exclusión del movimiento fundado por Rafael Correa de cara a las próximas elecciones locales.
González cumple prisión preventiva por su presunta participación en los llamados casos «Laberinto» y «Caja chica», dos investigaciones judiciales centradas en supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de 2023, elección que la exministra de Correa perdió –al igual que en 2025– frente a Noboa. Antes de ser trasladada al Cuartel Modelo de Guayaquil, González sostuvo que la acusación es «absurda» y apuntó contra el Gobierno, al que calificó de «dictadura». «El ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente», aseguró.
En la misma línea se pronunciaron otros referentes del correísmo, que exigieron la libertad inmediata de González y advirtieron que recurrirán a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El propio Correa –inhabilitado políticamente, condenado a prisión y, por ese motivo, exiliado desde hace años en Bélgica– escribió en su cuenta de X: «¡Miserables! Todo esto es una locura. ¿Habrá desquiciados que lo avalen? Vivimos una total dictadura». Gabriela Rivadeneira, otra dirigente de Revolución Ciudadana que permaneció seis años exiliada en México y regresó al país recién este año, denunció que la excandidata presidencial fue «secuestrada» y consideró que su detención fue un «show mediático» para «tapar la crisis» que atraviesa el Gobierno de Noboa.
Ofensiva. Daniel Noboa, en un acto celebrado en Quito.
Foto: Getty Images
Un patrón regional
La crisis a la que apunta Rivadeneira se manifiesta en distintos planos. En 2025, Ecuador se convirtió en el país más inseguro de América Latina: superó todos sus registros oficiales de violencia y alcanzó el promedio diario de asesinatos más alto de su historia. A esto se suman prolongados cortes de luz, que complican tanto la vida cotidiana como la producción industrial y la actividad comercial. En el plano económico, las perspectivas tampoco son alentadoras: el plan de ajuste implementado por Noboa provoca constantes movilizaciones populares debido al alto costo de vida –con aumento del IVA incluido–, salarios planchados, crecimiento del trabajo informal y reducción de los presupuestos de Salud y Educación. Cualquier parecido con la realidad argentina no es pura coincidencia.
En ese contexto, no sorprende que la desaprobación de la gestión presidencial haya llegado al 49% en septiembre. Tampoco sorprende que ese haya sido el marco elegido para concretar la detención de González, quien, como señaló Rivadeneira, representaba «un peligro» político para Noboa. Algo a lo que también se refirió Evo Morales, expresidente de Bolivia. «Luisa, Raúl Castro y muchos otros compañeros –afirmó– son víctimas de un plan regional de persecución para eliminar a referentes de izquierda, criminalizar a los movimientos sociales y proscribir a las fuerzas populares». El senador argentino Eduardo «Wado» de Pedro aseguró, en la misma dirección, que «la persecución a los líderes y partidos políticos que defienden a los sectores populares y proponen modelos de desarrollo con justicia social dejó de ser una excepción y es la regla en América Latina».
Como señala De Pedro, lo que ocurre en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino la expresión de un patrón regional que se consolidó en la última década: el uso del sistema judicial con fines de inhabilitación y persecución política, más conocido como lawfare.
En Ecuador, la derecha –primero con Lenín Moreno, luego con Guillermo Lasso y ahora con Noboa– no se conformó con sacar de la cancha al máximo líder popular del país, sino que también apuntó contra quienes podían llegar a sucederlo. Es el caso de González, dos veces candidata presidencial con la bendición de Correa, pero también el de Jorge Glas, ex vicepresidente y figura de peso dentro de Revolución Ciudadana. Glas fue encarcelado el año pasado, tras la incursión armada ordenada por Noboa en la Embajada de México en Quito. Aquella operación –otro show mediático y, además, un operativo violatorio del derecho internacional– derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y México. También están presos otros dirigentes correístas, como Aquiles Álvarez, exalcalde de Guayaquil e importante voz opositora, y José Serrano, exministro del Interior. María de los Ángeles Duarte, otra exministra con causas judiciales en su contra, se encuentra exiliada en Venezuela.
La red de detenciones y condenas sobre el arco político opositor pinta de cuerpo entero el marcado deterioro de la democracia ecuatoriana, con el agregado de que Revolución Ciudadana no podrá presentar candidatos a las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que se eligen 23 prefectos provinciales, 222 alcaldes y cientos de concejales.
El principal partido de oposición fue inhabilitado políticamente a principios de este año por el mismo asunto por el que González se encuentra presa: el financiamiento de la campaña presidencial de 2023. La inhabilitación fue dictada por la Justicia electoral sobre la base de un «informe reservado» y por un período de nueve meses. En principio, la medida no afectaba la participación electoral de Revolución Ciudadana, ya que los comicios estaban previstos para 2027. Sin embargo, el Gobierno los adelantó para este año y así, de un día para otro, Noboa –que muestra el mismo afecto por las reglas democráticas que Donald Trump o Jair Bolsonaro– se sacó de encima a su máximo rival.
El correísmo intentó eludir la proscripción mediante una alianza con otro partido, el movimiento Amigo, que también fue inhabilitado de inmediato. Por eso ahora González –que pretendía postularse para la gobernación de la provincia de Manabí– y otros candidatos fallidos llaman a anular el voto, como forma de protesta contra un proceso electoral que, en estas condiciones, se parece más a un simulacro.
