El DNU del gobierno que degrada la Secretaría al rango de Agencia se suma a la disminución de las partidas presupuestarias que conspiran contra el desarrollo de la actividad. La venta de infraestructura y los negocios privados. La opinión de los atletas.
13 de febrero de 2019
La degradación del deporte argentino no es solo una cuestión de nomenclaturas. Sobre todo cuando se habla de su relación con el Estado. Pero que una Secretaría pase a ser una Agencia –cuando siempre se coqueteó con la idea de elevarla al rango de Ministerio– tiene un peso simbólico muy fuerte en el imaginario colectivo de atletas, entrenadores y dirigentes. El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y que baja el rango de categoría del organismo que instrumenta las políticas deportivas, abrió una nueva grieta, acaso en el lugar menos pensado. Toda reducción del status jurídico aplicado a entes sociales, educativos o de salud genera una visión negativa. Cuando se trata del deporte sucede lo mismo. Pero esa decisión del gobierno acompaña a una reducción presupuestaria que era anticipatoria de lo que vendría y se repitió desde que la alianza Cambiemos llegó a la Casa Rosada. Los fondos destinados al deporte pasaron de 1.315 millones de pesos en 2016 a los 991 millones aprobados para 2019. En el año de los Juegos Preolímpicos, a disputarse en Lima (Perú), habrá alrededor de un 25% menos de recursos para la actividad. En 2020 se realizarán los Juegos de Tokio.
Las consecuencias más temidas superan la incertidumbre de un deportista que no cobra una beca o la mala praxis de un subsidio mal destinado. Durante la gestión de Carlos Javier Mac Allister al frente de la Secretaría, los hechos sucedieron una y otra vez. El exjugador de Argentinos Juniors y Boca les pagaba con fondos públicos a exclusivos clubes de golf como el de Villa Allende, en Córdoba, que tiene en su directiva al empresario Aldo Benito Roggio.
A viva voz
Macri firmó el DNU 92/2019 que disminuyó la jerarquía de la Secretaría que conducía Diógenes de Urquiza Anchorena, un empresario textil vinculado con el pádel, la disciplina que suele jugar el presidente. Su decreto esconde un objetivo de mediano y largo plazo, siempre que fuera reelegido en octubre: la venta de infraestructura. Desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) del porteño barrio de Núñez al estadio de béisbol ubicado en Ezeiza, o del Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría a la pista nacional de remo del Tigre. Estas y otras instalaciones superan las 800 hectáreas. El histórico predio del Cenard que tiene 11,5 y se levanta sobre la calle Miguel Benancio Sánchez –en homenaje al atleta desaparecido– sería el primero en ser rematado. De Urquiza Anchorena lo niega, pero el tema hace tiempo que se discute en el Comité Olímpico Argentino (COA), donde su presidente, el empresario Gerardo Werthein, ha deslizado la idea a propios y extraños.
El día que se difundió el DNU de Macri, atletas, técnicos y dirigentes cuestionaron la medida que no pasó por el Congreso. El tenista Guido Pella, campeón de la Copa Davis, declaró: «No veo por dónde se pueda ayudar al deportista con esta decisión». Federico Pizarro, integrante de la selección nacional de handball, comentó: «No creo que la solución al deporte argentino sea ponerlo cada vez más abajo en el organigrama nacional. Tener al deporte ahí, sin dudas nos hace un peor país».
La mayoría opinó más o menos igual. Desde el exjugador de vóleibol Marcos Milinkovic al campeón olímpico de hockey, Facundo Callioni. Estos últimos cruzaron en twitter –una red social que cada vez más usan los deportistas– a Noel Barrionuevo, histórica excapitana de las Leonas, quien se pronunció a favor del decreto tomando una frase de la cuenta que usa el flamante organismo del Estado: «La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y, por primera vez, las provincias van a poder participar de estas decisiones». El ex-Puma Horacio Agulla, asesor del secretario De Urquiza Anchorena, también copió el mismo mensaje. El tirador olímpico Federico Gil al menos escribió con sus propias palabras: «Celebro la creación de la Agencia de Deporte Nacional. Este será un salto de calidad como lo fue el Enard».Eficiencia ineficiente
La Agencia se concibió para tratar de imitar a la que funciona en Córdoba desde 1999, cuando la fundó el exgobernador José Manuel de la Sota. Tiene autonomía y presupuesto propio para becar deportistas, y poder de decisión para arrendar el estadio Mario Alberto Kempes que pertenece a la provincia. Pero nunca se propuso enajenar bienes del Estado. En 2018, una nadadora cordobesa tuvo la valentía de enviarle un mensaje por twitter al presidente de la Nación. Macarena Ceballos, campeona argentina y sudamericana en estilo pecho, escribió: «Buenas tardes Mauricio Macri, me informan desde la Secretaría de Deportes que las becas están frenadas desde abril porque el Ministerio no libera los fondos. Como deportista mi rendimiento, mejora y estadía depende de ellas. No olvidemos que no es solo fútbol, el mundial ya terminó». Su mensaje tuvo amplia repercusión.
El gobierno argumenta que el ente creado por decreto será más ejecutivo en la entrega de partidas. Cuestiona que hacerlo desde un ministerio –como sucedía cuando estaba en la órbita de Educación, apenas llegó Macri a la Casa Rosada– es burocrático y retrasa la ejecución presupuestaria. Pero en ese razonamiento que esgrimen los defensores del DNU, se pasa por alto que de haberse creado un Ministerio de Deportes, quizás el problema no existiría. Tiene ese rango en Brasil, Canadá y Bolivia, en Colombia está a punto de crearse por ley, así como no existe en Perú, Uruguay y Paraguay. En Ecuador está unido con el de Educación. En otros países funcionan organismos con distintos nombres. En Cuba es el INDER (Instituto Nacional del Deporte) y en México es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). En Argentina se degradó la Secretaría a un ente mixto.
El diputado nacional del Frente para la Victoria e integrante de la Comisión de Deportes, Carlos Castagneto, le dijo a Acción sobre el DNU de Macri: «Es una locura. Primero le sacaron la plata al Enard, ahora desaparece la Secretaría, quieren vender el Cenard que tiene instalaciones que son patrimonio nacional y además privatizar el deporte». De Urquiza Anchorena se ataja: «El único que puede vender inmuebles es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)». Lo que no dijo el funcionario es que cuando el DNU era apenas un proyecto pasó por las oficinas de la AABE para su aprobación.
Se explica desde el gobierno que la Agencia fue concebida para «lograr la utilización racional de los recursos públicos y potenciar una gestión más eficiente». Parece que muy pocos lo creyeron en el ambiente deportivo. Tal vez por el apuro. El 1º de marzo podría haberse discutido en el Congreso. Macri optó por el camino más rápido. Con su decreto anuló los efectos de varias leyes. Derogó artículos de la 20.655 o Ley del Deporte promulgada en 1974, de la 24.052 que creó la comisión de automovilismo y motociclismo deportivo, de la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo) y la 27.202 (que actualizó la ley del 74). Un DNU es la síntesis de cómo el gobierno entiende que debe manejarse el deporte. Por necesidad y urgencia, como si algo se trajera entre manos.
