28 de enero de 2014
La Corte Suprema de EE.UU. rechazó la posibilidad de juzgar a la filial argentina de la automotriz por su rol en la desaparición de 14 trabajadores de su planta en González Catán.
Washington. El máximo tribunal de los Estados Unidos rechazó en forma definitiva el reclamo de las víctimas. (Bleier/AFP/Dachary)
La derrota en la guerra de Malvinas aceleró la descomposición del régimen instaurado en 1976. La consigna más repetida por aquellos días era «se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar». El eslogan sintetizaba los deseos y aspiraciones de la mayoría del pueblo argentino. La caracterización de esa etapa como «dictadura cívico-militar» es mucho más reciente y ajustada a la realidad. Las atrocidades ejecutadas por las Fuerzas Armadas facilitaron su señalamiento como únicas responsables de lo acontecido. Los tribunales enjuiciaron exclusivamente a los culpables de violaciones a los derechos a la integridad física (secuestros, torturas, asesinatos). Los actores económicos beneficiados con la represión ilegal quedaron fuera del alcance de la Justicia en una primera etapa. Pero esa impunidad se resquebrajó con los procesamientos a los responsables del Ingenio Ledesma –su titular, Carlos Pedro Blaquier, y administrador, Alberto Lemos– y al dueño de la empresa de transporte La Veloz del Norte, Marcos Levin. Esos pequeños avances estuvieron limitados a la esfera penal. Por otra parte, no hubo progresos en materia de determinación de responsabilidades civiles (indemnizaciones, pedidos de disculpas públicas, actos reparatorios, etcétera).
En ese sentido, la Corte estadounidense emitió un fallo a contramano de las pretensiones de las víctimas. El origen de la causa era un reclamo indemnizatorio entablado contra la multinacional alemana Daimler AG por hechos acontecidos en su filial Mercedes Benz de González Catán, provincia de Buenos Aires. Antes del golpe, la combativa comisión interna se había convertido en un verdadero estorbo para la empresa y el sindicalismo tradicional. Durante la presidencia de Isabel Perón, el titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), José Rodríguez, había calificado como «fuerzas subversivas» a los integrantes de esa comisión. El entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf, vertería conceptos similares. El advenimiento de la dictadura allanó el camino para la detención ilegal de 17 trabajadores (14 de ellos continúan desaparecidos). El expediente tramitado ante los tribunales estadounidenses denunciaba la complicidad empresaria en la detención y desaparición de sus operarios.
Ahora bien, si Daimler AG es alemana, ¿por qué el juicio se tramitó en Estados Unidos? La razón invocada era que, ante la existencia de una filial radicada en el Estado de California, podía recurrirse a dos leyes estadounidenses (la ley de protección de víctimas de tortura y el estatuto de reclamación por agravios para extranjeros. Esas normativas habilitan la presentación de demandas judiciales en tribunales de Estados Unidos ante violaciones al derecho internacional.
Las acusaciones contra Mercedes Benz no se limitan al caso argentino. Un informe del Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) sostiene que «la empresa tiene antecedentes de colaboración con regímenes represivos y violadores de los derechos humanos; sobre todo en la época del nacionalsocialismo en Alemania utilizó el trabajo forzado de cerca de 50.000 prisioneros de guerra y presos de los campos de concentración ofrecidos por el régimen nazi». Más adelante, el escrito agrega que «aparentemente tampoco habría dudado, en Sudáfrica, en entregar en bandeja a sus propios trabajadores con tendencias críticas o sindicalistas a las fuerzas de seguridad».
Ni los antecedentes reseñados, ni las pruebas aportadas por los familiares de las víctimas argentinas, pesaron en la decisión de la Corte. La máxima autoridad judicial de EE.UU. dispuso que «Daimler no es susceptible de ser sometida a juicio en California por daños supuestamente causados por conductas de MB (Mercedes Benz) Argentina que tuvieron lugar enteramente fuera de Estados Unidos».
La pata civil
La cúpula empresaria fue una de las principales beneficiarias del golpe de Estado. Eduardo Basualdo explica en La distribución del ingreso en la Argentina y sus condicionantes estructurales que «es indudable que el objetivo estratégico de la dictadura militar consistió en destruir la organización y el poder de los trabajadores en el país […] porque era un requisito central para el desarrollo del nuevo patrón de acumulación de capital, que casualmente por eso constituye una revancha clasista de los sectores dominantes que no tiene precedentes desde la creación del Estado moderno en el país». Con relación a los valores de 1974, la reducción del salario real promedio alcanzó un 33% en el período 1976-1982.
Constancia. Los demandantes abrirán procesos en organismos internacionales.
La contrapartida de la disminución salarial sería el crecimiento explosivo de algunos conglomerados empresarios. Las compañías beneficiadas con las privatizaciones periféricas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Pérez Companc, Astra, Bridas) fueron un botón de muestra. En realidad, los empresarios no hicieron otra cosa que cosechar una siembra realizada antes del derrocamiento de Isabel Perón. El Grupo Azcuénaga fue uno de los puntos de reunión del círculo de poder económico que apoyaba (e instigaba) el golpe de Estado. El periodista Vicente Muleiro relata cómo «se daban charlas, conferencias y había reuniones semanales con debates de dos horas. Pasaban unas 40 personas: abogados, militares, periodistas. A medida que el gobierno peronista, tras la muerte de su líder, se debilita, la actividad del grupo se acelera. Uno de los contertulios era Jaime Perriaux, que saca de allí una “mesa chica” que se reúne en Recoleta y conforma la pata civil del videlismo con eje en José Alfredo Martínez de Hoz y la participación de Mario Cadenas Madariaga, Horacio García Belsunce (padre), Guillermo Zubarán, Enrique Loncan y Armando Braun». Perriaux había sido ministro de Justicia de Levingston y Lanusse e ideólogo de la Cámara Federal en lo Penal (el «Camarón»), instancia judicial diseñada para perseguir opositores al régimen militar. El propio Martínez de Hoz reconoció que su «programa económico fue aprobado por las Fuerzas Armadas antes de hacerse cargo del poder». El lugar de reunión del Grupo Azcuénaga era un inmueble de Capital Federal propiedad del titular del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.
Ampliar la mirada
Naomí Roht-Arriaza, en «¿Por qué la dimensión económica estuvo ausente tanto tiempo en la justicia transicional?» (artículo del libro Cuentas Pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura), afirma que «a partir de mediados de la primera década de este siglo comenzó a modificarse, lentamente, la reticencia a abordar las dimensiones económicas de los esfuerzos por lidiar con el pasado. Las mismas elites que habían sido –según todos los relatos– cómplices de los perpetradores estaban, básicamente, disfrutando de los frutos del nuevo orden. Sin duda, algo faltaba. La visión actual prevaleciente insiste en que los derechos socioeconómicos deben ocupar un lugar al considerar tanto las violaciones a los derechos humanos como su reparación».
«La evolución de la Justicia transicional en la Argentina ha llegado a un punto en el que es posible reconocer que la falta de consideración de los factores económicos que contribuyeron a mantener una dictadura crea un peligro cierto de ceguera histórica, que puede resultar en una amnesia que comprometa la promesa del nunca más», sostienen Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky en el artículo «Terrorismo de Estado y economía: de Nuremberg a Buenos Aires». «Tratar sólo los factores políticos de un período de represión, omitiendo la dimensión económica –concluyen– alimenta el riesgo de que esos mismos factores económicos –porque no han recibido señal sancionatoria alguna proveniente del derecho, y muy en especial si resultó una actividad rentable– faciliten la nueva emergencia y el mantenimiento de un régimen similar en el futuro».
—Diego Rubinzal
