Los últimos casos detectados no son aislados. Por el contrario, cada contagio implica el riesgo de que el virus vuelva a circular en nuestro país, lo que representa un retroceso de dos décadas en materia de salud pública. Por qué las vacunas salvan vidas.
27 de noviembre de 2019
Efecto rebaño. La vacuna es gratuita, obligatoria y, administrada en dos dosis, protege casi en un 100% de contraer la enfermedad. (Noticias Argentinas)
El virus del sarampión es extremadamente sensible: nueve de cada diez personas en contacto pueden infectarse. En nuestro país el último caso endémico se registró en el año 2000 y la última muerte, en 1998. Desde entonces, si bien hubo casos, siempre fueron importados o relacionados con la importación, pero sin circulación interna. Esto cambió en los últimos días y encendió el alerta: hoy, el brote de sarampión no está controlado.
Analía Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), explica que «a nivel mundial el sarampión está aumentando en todos los continentes. Del 2018 al 2019 hubo un aumento del 300% de los casos». La expansión fue tan grande que la región de las Américas, que había sido declarada libre de sarampión en 2016 por la Organización Mundial de la Salud, el año pasado perdió esa condición cuando primero Venezuela y luego Brasil confirmaron sus primeros brotes.
En la Argentina, según el último informe del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Gobierno de Salud, los casos confirmados de sarampión ascienden a 61, de los cuales 52 no cuentan con antecedentes de viaje o vínculo hasta el momento con casos importados; 14 corresponden a residentes en la Ciudad de Buenos Aires; y 38 en jurisdicciones bonaerenses.
«El sarampión está totalmente relacionado con las bajas coberturas. Es una enfermedad altamente contagiosa, y sin coberturas altas, se generan brotes. Nosotros sospechamos claramente que el virus está circulando», explica Rearte. Para la médica infectóloga, «el brote es un retroceso total porque era una enfermedad que estaba eliminada».
Pablo Yedlin, diputado nacional, autor del proyecto de la nueva Ley de Vacunas y miembro de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, advierte que «el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que hoy padece el ser humano. Y no solo es contagiosa en forma inmediata, sino que el virus tiene la capacidad de sobrevivir en el ambiente». A la persistencia del virus, se suma la gravedad: no se trata solo de «manchitas» en la piel, sino que tiene toda la potencialidad de una enfermedad mortal, sobre todo en pacientes con defensas bajas o en niños muy pequeños, ya que puede derivar en neumonías sarampionosas, complicaciones neurológicas y secuelas de incapacidad de por vida.
Pero existe una solución, una vacuna, absolutamente efectiva, que garantiza en un 90% con una dosis y casi en un 100% con dos dosis que una persona no se enferme de sarampión. Una vacuna obligatoria que forma parte del calendario de vacunación vigente, y que además es gratuita.
«Nuestro calendario dice que la vacuna contra el sarampión es obligatoria al año de vida y a los 6 años», explica Ricardo Teijeiro, pediatra del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), pero agrega que al existir un número de personas que no están vacunadas, «la situación propicia el riesgo de reingresar estas enfermedades, porque en el mundo el sarampión no está erradicado. Donde hay lagunas epidemiológicas, con gente que no tiene los anticuerpos, hay muchas posibilidades de enfermarse. Esto a nosotros no nos tendría que pasar, no tendríamos que estar corriendo estos riesgos», subraya.
Responsabilidad social
Los especialistas coinciden en que las vacunas son un derecho que debe ser asegurado por el Estado pero también son una responsabilidad social. Y cuando subrayan que las vacunas salvan vidas, la explicación es simple; generan inmunidad colectiva con un impacto masivo en la salud pública. No se trata de una materia opinable, porque hay un grupo de personas que no se pueden vacunar, como los menores de un año y pacientes con inmunodeficiencia. Yedlin explica que «700.000 chicos nacen todos los años. Para protegerlos es necesario lo que llamamos “efecto rebaño”; si todos nos vacunamos, no se van a enfermar». Como la vacuna además es «a virus vivo», no la pueden recibir pacientes trasplantados o con tratamientos inmunosupresores por enfermedades oncológicas o con VIH. Para poder proteger a estos grupos vulnerables, en el resto de la población deben existir altos niveles de cobertura, que superen el 95%. Hoy en la Argentina tenemos una cobertura entre un 80% y un 85%.
«La mortalidad se genera en personas con factores de riesgo, que son quienes no se pueden vacunar. Por eso tenemos que vacunarnos nosotros para proteger al de al lado», coincide Analía Rearte. Pero no solo los niños tienen que inmunizarse, todos los adultos deben tener dos dosis de vacuna. La recomendación es la vacuna doble viral sarampión-rubéola, porque se trata de una estrategia conjunta. «En este brote de sarampión, hay muchos adultos contagiados», dice Rearte. Teijeiro agrega: «Para tener altas tasas de vacunación el mecanismo más importante es la difusión, la comunicación y la educación. La gente tiene que entender que además de tener un riesgo personal, existe un riesgo social».
Cuando aparecen brotes de enfermedades que creíamos controladas o erradicadas, la mirada se pone sobre los movimientos antivacunas, que vienen proliferando en todo el mundo y que en en nuestro país tienen sus adeptos, que desconocen que las vacunas son la medida de salud pública –después del agua potable– que más logró disminuir la mortalidad en el mundo. Por descreimiento o con argumentos basados en investigaciones de dudosa evidencia científica, su responsabilidad en la inmunidad colectiva es real, aunque, sostiene Yedlin, «definitivamente no tienen el mismo grado de responsabilidad que la cadena de responsabilidad estatal. Los antivacunas son un grupo marginal, más conflictivos si se quiere, y que generan más debate».
Garantizar el acceso
La responsabilidad del Estado es indelegable y eso se traduce en la cantidad de vacunas que debe comprar y distribuir en cada una de las provincias, que lleguen a tiempo y en forma correcta. En la Argentina las vacunas son gratuitas y obligatorias desde 1983 gracias a la ley 22.909. Además, el 4 de enero de este año se promulgó una nueva Ley de Vacunas (ver recuadro) que favorece el acceso y plantea la vacunación como una política de Estado.
Garantizar el acceso implica tener vacunadores, horarios de vacunación extendidos, respetar las cadenas de frío y realizar campañas de promoción y prevención entre la población. «Muchas de esas cosas en los últimos años fallaron», aporta el diputado Yedlin, quien sostiene además que «prácticamente no hubo promoción, hubo muy poca campaña para tratar de mejorar la cobertura y hubo mala supervisión epidemiológica en el sentido de que, cuando se detectaron casos de sarampión importado, no hubo correcto seguimiento. Esto se traduce en la situación de riesgo epidemiológico que hoy tenemos». Rearte también coincide en que, ante esta situación, «la difusión debería ser más enfática y enérgica, así como la salida a vacunar y a completar carnets».
Ante esta realidad, el Estado adoptó algunas medidas que fueron acertadas. En las regiones sanitarias donde se registraron casos de sarampión, se bajó la edad de vacunación a los seis meses –llamada dosis cero– que cubre a los bebés hasta el año de vida. Sin embargo, es importante aclarar que esta dosis no sirve para el calendario y es necesario vacunarlos nuevamente. «Los niños tan pequeños no tienen memoria inmunológica y por lo tanto no podemos dar garantía que con esa dosis temprana, permanezcan los anticuerpos», advierte Teijeiro.
La promoción y la difusión siguen siendo armas poderosas e imprescindibles, del mismo modo que seguir trabajando en la difusión de la importancia de las vacunas como medida de prevención de enfermedades y del rol solidario que implica la vacunación colectiva.
