15 de enero de 2020
El Gobierno de Mauricio Macri no perdió el tiempo en materia de políticas hacia los medios de comunicación. Pocos días después de asumir desmanteló la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, volvió a generar condiciones para favorecer a los grandes grupos concentrados y, por supuesto, avanzó sobre los contenidos, programación y trabajadores de los medios públicos.
A partir de allí, el vaciamiento del sector ha sido constante hasta convertir a los medios públicos en un actor marginal de la comunicación argentina. Lo cual es mucho más que la pérdida de la multiplicidad de voces, ya que la comunicación audiovisual es un servicio y todos los habitantes de nuestro país tienen derecho a contar con medios públicos que representen al conjunto de la sociedad. Para ello es imprescindible el desarrollo de políticas activas e innovadoras que los ubiquen como una opción válida para las audiencias a la hora de contar con información veraz y alternativa a la de los medios comerciales, con contenidos que reflejen la diversidad cultural, de género y regional; que proponga ficciones que también den lugar a esas realidades y que permitan que el público se identifique y se sienta representado por ellas.
El concepto de desigualdad es muy amplio y cuando desde el movimiento cooperativo nos referimos a la necesidad de redistribuir, no lo hacemos únicamente en relación con la economía o la riqueza; en nuestro país existen también grandes inequidades en el plano simbólico y cultural que exigen que la torta se reparta de manera equitativa también en lo que hace a contenidos audiovisuales. Aunque, por supuesto, no es la única, los medios públicos son una herramienta fundamental en esa batalla y es parte de las responsabilidades del Estado dotarlos de recursos, tanto económicos como humanos, para poder llevarlos adelante.
Por supuesto que hay mucho camino por recorrer y muchas deudas que saldar, desde ya con los trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, tan golpeados en estos cuatro años (Telam, TV Pública, Radio Nacional, etcétera), pero también en términos de producción, recursos y representatividad. Recientemente, el presidente Alberto Fernandez opinó que «un medio público es un medio donde se expresa una comunidad» y allí reside un concepto importante, el de la federalización de la comunicación y la necesidad de la formación de periodistas, técnicos, locutores y realizadores integrales de radio y TV en provincias y localidades de todo el país.
Las nuevas tecnologías, la producción multimedia, las redes sociales y la interacción con los medios tradicionales también deben formar parte del nuevo desafío de los medios públicos. Los detalles que han trascendido en relación con el nuevo plan Conectar Igualdad son auspiciosos, porque la tarea que encara el Ministerio de Educación confluye sin lugar a dudas con el diseño de una política de medios públicos, como lo fuera en su momento el Canal Encuentro. Para el movimiento cooperativo, la posibilidad de brindar servicios de comunicación audiovisual ha sido una reivindicación histórica y por eso siempre acompañó activamente los debates y la sanción de la Ley 26.522, del mismo modo en que insistió en la necesidad de contar con medios públicos de calidad. Las cooperativas son parte de la comunidad y también deben estar reflejadas en los contenidos informativos, documentales y de entretenimiento que constituyen los medios públicos.
Por la parte que nos toca, no debemos esperar que todo esto se lleve adelante unilateralmente. Para que este difícil pero necesario rumbo se ponga en marcha es clave contar con una sociedad civil activa que impulse a los medios públicos, los legitime y los dote de atribuciones que los conviertan en representantes de las realidades y necesidades del conjunto de la población. Sin duda el movimiento cooperativo estará presente para sumarse a esta batalla cultural.
