29 de enero de 2020
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, recientemente sancionada, incluye un capítulo de declaración de Emergencia Sanitaria, que suma facultades al Ministerio de Salud de la Nación. Entre otros puntos, establece el cumplimiento del control de enfermedades prevenibles por vacunación, procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social, facultar la importación directa y licencias compulsivas u obligatorias de medicamentos e insumos, asegurar a los beneficiarios del PAMI el acceso a las prestaciones médicas esenciales y acordar un Plan Federal de Salud.
La emergencia sanitaria establecida por la ley está basada en la grave situación del sector sanitario nacional al cabo de los cuatro años de la gestión del presidente Mauricio Macri. Entre los datos más graves surgen la disminución del presupuesto en salud en más del 40%, la subejecución del mismo y la degradación del rango de Ministerio a Secretaría de Salud.
Otros retrocesos significativos son la virtual eliminación del Plan Remediar, el desfinanciamiento del PAMI y la disminución de los ingresos del Programa de Lucha contra el Sida (Argentina es el país con más casos anuales reportados de América). Pero también, la subejecución presupuestaria en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, donde se disminuyó 37% la distribución de métodos anticonceptivos entre 2016 y 2018; también en el Programa de Prevención de Enfermedades Endémicas (menos del 10% ejecutado entre 2016 y 2018). No sorprenden así el aumento de la tuberculosis y la reaparición del sarampión, eliminado en el año 2000. En abril de 2018 los jefes provinciales de inmunizaciones de 23 jurisdicciones firmaron una declaración dirigida a los ministros de Salud de todas las provincias señalando su «honda preocupación por el desabastecimiento de vacunas».
Además de todo esto, según la última Encuesta de Factores de Riesgo Cardiovascular –llevada a cabo por el Ministerio de Salud en el último trimestre de 2018–, la obesidad pasó del 49% en 2005 al 61,6% en 2018. El 40% de los niños presentan sobrepeso u obesidad, siendo el país con más niños obesos de América Latina. En diabetes se pasó del 8,4% en 2005 al 12,7% en 2018 y la actividad física baja aumentó 10 puntos. En ese contexto, no se promovió ninguna campaña.
Para completar un panorama más que complicado, según un informe del Observatorio de la Universidad Nacional de Avellaneda, el precio de los medicamentos se incrementó un 360% entre noviembre de 2015 y septiembre de 2019, cuando la inflación en ese lapso fue del 260,1%. Sobre la suba del precio de la medicina privada, el informe apunta que «en el acumulado desde febrero de 2016, el aumento en la cuota fue del 255% hasta septiembre de 2019». Y se estima un 15% de pase a planes inferiores y 5% de pérdida de la cartera del sector.
El ministro Ginés González García ha planteado revertir estas políticas de ajuste y destrucción de planes de salud que, como el Plan Remediar y el Calendario Obligatorio de Vacunas, merecieron elogios internacionales. Cuenta con sobrada experiencia en estos temas, muchos de los cuales se implementaron en su gestión anterior.
Pero la gravedad de la situación lleva a que el Estado solo no la pueda revertir. Junto con el sector público y las obras sociales, el sector cooperativo, señalado como «tercer motor de la economía» por el presidente del INAES, Mario Cafiero, puede ofrecer servicios y campañas para mejorar la salud de la población. No se trata solo de la indispensable lucha contra el hambre, la pobreza y la exclusión. Son necesarios también cambios culturales en alimentación saludable y hábitos y conductas de la población, con campañas de larga duración basadas en la escolaridad primaria y secundaria. En síntesis, es necesaria la vigencia de la emergencia sanitaria mientras sigue pendiente la discusión de un Plan Nacional de Salud, con la participación de todos los actores del sector.
(Guido Piotrkowski)
