12 de febrero de 2020
Resulta difícil hacer un diagnóstico sobre la economía argentina que indique cuáles son las políticas prioritarias que deben encararse. Sin duda, la situación social es la más acuciante, y en esto no hay discusión alguna. De hecho, ya están en marcha varias medidas enfocadas a mejorar la situación de las personas de menores ingresos. Por citar una de las más difundidas: la tarjeta alimentaria.
Pero la pregunta surge inmediatamente: ¿de dónde salen los recursos? Y aquí comienzan las dificultades de diagnóstico. No es porque no se conozca teóricamente cómo solucionarlo. La situación es de «tierra arrasada», como mencionaron los principales funcionarios, tomando el título del documental de Tristán Bauer. Y esto significa un gran condicionante para muchas de las políticas que podrían aplicarse. Porque quizá el problema más grande es la elevada deuda pública que dejó el Gobierno que cesó el 9 de diciembre (o el 10 a la mañana). Es una deuda insostenible, lo que significa que, en las condiciones actuales, es impagable. Más aún cuando se viene de una situación de tierra arrasada. Si tomamos la deuda con acreedores privados y organismos internacionales, mayoritariamente en dólares, durante 2020 vencen U$S 36.000 millones; en 2021, U$S 23.600 millones, y en 2022 y 2023, cerca de U$S 23.000 millones en cada año, influidos por los elevados vencimientos con el FMI. Los intereses pagados por deuda pública nacional en 2019, comparados con 2015, se multiplicaron por 9. Para comparar este crecimiento, podemos ver la evolución en el mismo período de los precios minoristas: se multiplicaron por 4. Un esquema insostenible.
Por lo tanto, la deuda debe ser necesariamente renegociada. Para ello, el Congreso sancionó la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública emitida bajo Legislación Extranjera, autorizando al Poder Ejecutivo a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de la deuda mencionada. Tal facultad ya había sido concedida en la Ley de Solidaridad Social, pero la aprobación casi unánime de los legisladores a la Ley de Restauración facilita al Ejecutivo, en cabeza del Ministerio de Economía, a negociar con mayor poder debido al amplio apoyo político para la reestructuración. Un tema no menor.
Sobre las condiciones de la negociación, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro Martín Guzmán lo han dicho explícitamente: no se pueden adelantar los detalles, a riesgo de entorpecer esas negociaciones. Pero el titular de Economía dio una orientación: se intentará que en la negociación con los acreedores se mejore al menos dos de tres condiciones: plazo, tasa de interés y monto del capital.
En el tratamiento legislativo de la Ley de Restauración se recibieron varias críticas de las bancadas opositoras, entre ellas, que la ley permite la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. La explicación es que la deuda a negociar ya está bajo legislación extranjera, y sería muy difícil cambiar tal característica, que existió tanto en los canjes de 2015 y de 2010 como en la deuda tomada a partir del 2016. La oposición también criticó «la deuda tomada durante el kirchnerismo», ante lo cual el diputado Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, respondió que no hubo tal deuda, pues «la deuda del 2005 y 2010 es producto de la reestructuración de los canjes de lo que estaba en default en ese momento, a la que se le aplicó una quita del 70% y se convirtió en deuda reestructurada que se siguió pagando con normalidad».
Los positivos resultados de la gira del presidente Alberto Fernández por Europa, que recibió el apoyo de los mandatarios de Alemania, España y Francia, así como las intervenciones en el seminario realizado en el Vaticano, auguran un entorno internacional favorable para la renegociación de la deuda con los acreedores privados y con el FMI. Pero, como dijo el presidente, «estamos jugando al póker y no con chicos».
