28 de febrero de 2020
La educación pública ha sido desde la fundación de nuestro Sistema Educativo la clave para «civilizar», para «desarrollarnos», para «liberarnos», para «globalizarnos», para «asegurar derechos» o para lograr la «calidad educativa». Cada proyecto político tuvo su modelo pedagógico. A veces los discursos fueron acompañando por acciones, como ocurrió con la élite liberal oligárquica que fundó el Estado Nacional en el último cuarto del siglo XIX. Esta lúcida clase dirigente confrontó con la Iglesia Católica para que un nuevo orden nacional se alumbrara, y a la vez consumó el primer genocidio perpetrado por el Estado Nacional.
Aquel sistema educativo se proponía «civilizar al bárbaro» impulsando la universalización de la educación primaria, y una cultura escolar laica, positivista y homogénea. Esa configuración original significó un enorme avance en la idea de educación como derecho de ciudadanía, aunque tenía límites como el desconocimiento de las culturas de pueblos originarios o de inmigrantes.
El movimiento estudiantil impulsó en 1918 la creación de una Universidad pública, popular, científica y latinoamericanista que se expresó en la Reforma del 18 y que habilitó un modelo diferente de educación superior, al servicio de la construcción de sociedades más justas.
El peronismo originario concretó nuevos avances aunque tampoco careció de contradicciones, pues a la par que democratizó el acceso a todos los niveles de la educación, introdujo la religión en las escuelas públicas y habilitó la transferencia de recursos públicos a escuelas privadas. Con el Gobierno de Arturo Illia, el financiamiento educativo alcanzó el punto más alto de la historia.
Las dictaduras militares operaron desfinanciando la educación pública, descentralizando sin presupuesto los niveles primario y secundario a la par que con creciente autoritarismo pretendían controlar la vida de las aulas, especialmente en el criminal gobierno iniciado en 1976.
El expresidente Raúl Alfonsín intentó recuperar algunos elementos valiosos de la tradición de escuela pública, pero durante los mandatos de Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa se profundizaron políticas neoliberales que desmantelaron la educación pública, habilitaron nuevos avances del sector privado y reconfiguraron el papel del Estado, ahora convocado como «Estado Evaluador» de una «calidad educativa» definida como resultado de los operativos estandarizados de evaluación.
Los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recuperaron la senda de apuesta por la educación pública. Entre 2003 y 2015 se legislaron nuevos derechos, se amplió el presupuesto educativo, se crearon escuelas y se desplegaron nuevos programas de gran potencial pedagógico.
La llegada de Mauricio Macri al Ejecutivo fue fiel a sus concepciones ideológicas. En marzo de 2017 denunció «la terrible inequidad entre aquél que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela publica». Su cuestionamiento radical a la educación pública se expresó en distintos indicadores: la eliminación de la paritaria nacional; el desfinanciamiento; la caída del presupuesto de infraestructura y la perdida del poder adquisitivo del salario docente. Tal vez el indicador más fuerte haya sido el hallazgo de más de 100.000 computadoras sin entregar, con pilas sulfatadas y programas desactualizados.
Como Jano, la reconstrucción de la educación pública requiere poner los ojos en el pasado y en el porvenir; exige enormes esfuerzos de sostén y también de creación. En parte, la reconstrucción material del sistema educativo es apenas una de las tres grandes tareas del presente. La discusión sobre para qué y cómo educar adquiere mayor relevancia frente a las pretensiones tecnocráticas y mercantilistas de la pedagogía hegemónica. No se trataría de educar papagallos capaces de tener buenos resultados en operativos estandarizados de evaluación, sino de formar personas libres, completas y solidarias. En tal apuesta, la labor de las comunidades educativas resulta una labor de primer orden. Como advertía hace dos siglos Simón Rodríguez, «o inventamos o erramos». Un proyecto de soberanía y emancipación requiere de una educación liberadora.
(Hernán Villar)
