28 de febrero de 2020
En medio de la persecución contra referentes del Movimiento al Socialismo (MAS), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia resolvió inhabilitar la candidatura a senador de Evo Morales en Cochabamba con miras a los comicios del 3 de mayo, una decisión que se alinea con los intereses políticos del gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez. A través de su presidente, Salvador Romero –con vínculos con Estados Unidos, según documentos de Wikileaks–, el TSE fundamentó la decisión de impugnar a Morales por incumplir con el requisito de residencia permanente. También el organismo rechazó la postulación de Diego Pary, excanciller de Evo, como primer candidato a senador en Potosí por el mismo motivo. Frente a ese panorama, el MAS emitió un comunicado en el que declara la inconstitucionalidad del fallo y reafirma que desplegará acciones ante organismos nacionales e internacionales para la defensa de la democracia. Los abogados del líder aymara –los argentinos Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra y el español Baltasar Garzón–, señalaron que la candidatura de Morales emana «de la Constitución y del Derecho Internacional de los derechos humanos». Los letrados señalaron que «cualquier proscripción de Evo Morales en sus aspiraciones al cargo de senador será interpretada como un eslabón más de las autoridades dictatoriales que detentan el poder en el “Estado de no derecho”».
