La postergación del referendo para reformar la Constitución despertó nuevas protestas. La estrategia del presidente chileno en medio de la crisis sanitaria y la caída del precio internacional del cobre, problemáticas que exponen el agotamiento del modelo.
12 de mayo de 2020
Palacio de La Moneda. Mensaje de Piñera en medio de la emergencia por el coronavirus. La mayoría de los ciudadanos rechaza su gestión. (Chilean Presidency/AFP/Dachary)
Nadie lo votó, pero el COVID-19 se metió con fuerza en la discusión política de Chile. La circulación del virus se llevó el trofeo que la sociedad había logrado conseguir tras seis meses de protesta en las calles y más de 30 muertes: la reforma de la Constitución que mayoritariamente tenía la autoría intelectual del dictador Augusto Pinochet.
El 26 de abril, fecha original de la consulta, quedó apenas en un recuerdo debido a la pandemia. Una emergencia que le cayó como anillo al dedo al presidente Sebastián Piñera para forzar la suspensión del plebiscito. Así, y pese a que se consensuó una nueva cita para el 25 de octubre, el referendo fue puesto en duda por Piñera, quien argumenta que es difícil su realización en base a proyecciones de contagios y fallecidos a mediano plazo. A los puntos suspensivos del primer mandatario le siguieron nuevas manifestaciones contra su Gobierno. En La Moneda trastabillan también con las dos caras de un mismo problema: la crisis del sistema de salud y la brutal caída en el precio internacional del cobre.
«Se postergó para octubre el plebiscito pero pienso, y en esto estamos especulando, que quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que se va volver a discutir», afirmó Piñera. Sus declaraciones llegaron mientras él mismo proponía a la ciudadanía un «retorno seguro a una nueva normalidad». De esos dichos se tomó la oposición para rechazar cualquier demora, en caso de que la población sea autorizada a concurrir a un shopping pero no a las urnas. «No es momento de debatir cronogramas electorales ya resueltos sino de hacer todos los esfuerzos de unidad, en una perspectiva de Estado, para proteger la salud de las chilenas y chilenos, y minimizar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia», dice el documento conjunto de 8 partidos opositores.
Ya sea una postergación, una suspensión o una cancelación, la alteración en la agenda civil hizo que la Plaza Dignidad (Plaza Italia) recuperara la escenografía que tenía en el último semestre: protestas, carabineros, carros hidrantes, bombas de gas lacrimógeno y un mal humor social que no muestra un achatamiento en la curva. Hubo desbordes en Santiago, la capital del país, pero también en ciudades como Valparaíso, Iquique, Concepción y Antofagasta. El malestar no respetó el toque de queda ni tampoco se amedrentó con la represión policial que, según el subsecretario del Interior, Juan Galli, forma parte del manual de instrucciones de las fuerzas de seguridad. «La reacción policial es inmediata para contener esos desórdenes y se detienen a aquellas personas que están participando y se les persigue con la presentación de acciones judiciales», aseguró el funcionario.
Movimientos abajo
La pandemia había detenido las manifestaciones pero nada disipa el descontento de una gran parte de la población, esa que salió de la invisibilidad para repudiar cuatro décadas de otra enfermedad, el neoliberalismo salvaje. Y fueron las propias asambleas populares las que dieron cobijo a los perjudicados por el virus. Cuenta Karina Nohales, de la Coordinadora feminista 8 de marzo, que esos espacios participativos comunitarios «han permitido elaborar sin demora las listas de personas mayores, de quienes se encuentran en situación de penuria económica y de aquellos que quedaron aislados o en vulnerabilidad». Esos movimientos admiten que, pese a las buenas intenciones, no constituyen una organización paralela al Estado en materia de asistencia social.
Entre los reclamos que dieron vuelta el escenario político chileno, el acceso a la salud fue tema central. La crisis sanitaria que desató el COVID-19 acentuó las deficiencias del sistema. «Padecemos una transferencia de recursos públicos para comprarle servicios al sector privado», denuncia el senador Juan Ignacio Latorre, del Frente Amplio. «Hay una salud para pobres y una para ricos», contempla Helia Molina, exministra de Salud de Michelle Bachelet. Apremiado por la coyuntura, Piñera recurrió a las facultades excepcionales que le confiere el Estado de Catástrofe para centralizar las acciones en un solo comando. Si la derecha recurre al Estado en pleno caos, muchos preguntan por qué cuando todo pase habrá que seguir privilegiando el lucro en un área tan sensible.
Recursos no abundan. El cobre, tesoro omnipresente en Chile, pasó de 2,85 dólares por libra en enero a 2,10 dólares a fines de abril. «Por cada centavo que disminuye el precio, el país pierde unos 60 millones de dólares de recaudación fiscal y 125 millones en el valor de las exportaciones», graficó el ministro de Minería, Baldo Prokurica. La pandemia redujo la demanda de China y Estados Unidos, actitud que se replica –en menor escala– en todo el mundo. Los niveles de producción comprometidos no se están cumpliendo y amenazan la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.
Piñera confía en que el coronavirus lo cure. Su gestión rozó el 8% de aprobación durante los conflictos de octubre pero trepó a un magro 24% en tiempos de cuarentena. El presidente intenta ganar: tiempo; pero por las calles de Santiago se perciben los latidos de un reclamo postergado, pero más vigente que nunca.
