22 de julio de 2020
Según el juez Rodolfo Canicoba Corral, «existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina» entre funcionarios y empresarios del ámbito privado para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. –cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri– y al Grupo Concesionario del Oeste. De ese modo, el Estado «terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas», agregó el magistrado. En palabras de Canicoba Corral, el dinero fue entregado «bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos». Así lo afirmó Canicoba en el procesamiento al exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y al exprocurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El escrito afirma que los funcionarios macristas «actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas», lo que «a su vez generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso».
