25 de agosto de 2020
Cuando el domingo 15 de marzo el Gobierno nacional anunciaba la suspensión del dictado de clases en establecimientos educativos y su reemplazo por un sistema «multiplataforma», maestros y profesores anticiparon lo que prontamente se convertiría en una tregua necesaria. Aquel teléfono móvil, enemigo de la concentración en el aula, se transformaría pronto en un aliado para la continuidad pedagógica de sus alumnos. Así, junto con computadoras y televisores oficiarían de herramientas esenciales para que, de un día para otro, cerca de 1,2 millones de docentes transfieran conocimiento a 15 millones de estudiantes de todo el país.
Frente a esta novedosa situación, la pregunta inevitable es: ¿existen los medios para esta migración? Según datos del INDEC y de la Cámara Argentina de Internet, al cuarto trimestre de 2019, cerca del 83% de los hogares argentinos tenía acceso a internet. Cifra que desciende a 57% si se considera a quienes cuentan con una velocidad de conexión razonable para el consumo de contenidos multimedia. Estos guarismos nos colocan en buena posición en comparación con el resto de Latinoamérica, donde Argentina ocupa el segundo lugar en el ranking de hogares con acceso a banda ancha, detrás de Uruguay (76,3%) y por encima de países como Chile (52,1%), México (51,6%) y Brasil (42,9%). Pero más allá del mérito frente a la región, el problema al que nos enfrentamos es que la ausencia de estas herramientas amplifica las desigualdades preexistentes. En la actualidad solo el 41% de la población nacional tiene acceso a una computadora. Por esta razón, serán fundamentales políticas que apunten a nivelar la cancha. Se revalorizan programas como Conectar Igualdad y la extensión de la fibra óptica por parte de Arsat, así como la esperanza de fortalecerlos como políticas públicas que trasciendan al Gobierno de turno.
