8 de septiembre de 2020
En estos tiempos de pandemia, el teléfono móvil, internet y la tele se utilizan intensamente y se depende muchísimo de ellos, pero el servicio que recibimos es más que defectuoso. Por eso es bienvenido el decreto del Gobierno que establece que los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) «son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia». Se establece, además, que sus precios «deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación». Las cámaras empresarias que reúnen a las empresas más grandes se han puesto en contra de esta definición, por alterar «la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego que generan confianza, atraen inversiones y fomentan el empleo». La letanía de siempre. Analicemos. Las inversiones brillan por su ausencia. Confianza: el rubro concentra el 50% de los reclamos en defensa del consumidor durante este año. El 40% del empleo del sector proviene de las cooperativas y pymes, que solo tienen el 8% del mercado de TIC. Estos reclamos por «previsibilidad y estabilidad» no son más que intentos por mantener el statu quo, para estar por fuera de la regulación estatal. Sabemos que la prestación privada de servicios solo llega a los lugares rentables: las ciudades más grandes. Y que nunca llegaría a los sectores del Interior profundo, de no ser por muchas cooperativas que evidencian la decisión de los habitantes de proveerse de los servicios esenciales que no obtienen de las grandes empresas. El decreto del Gobierno está en consonancia con las propuestas históricas del IMFC, pero estas van más allá: la necesidad de contar con servicios públicos prestados por cooperativas, o por empresas públicas con gestión tripartita: Estado, usuarios y trabajadores. Las nuevas formas de administrar con democracia, eficiencia y solidaridad.
