16 de abril de 2013
El temporal que azotó La Plata y Buenos Aires los primeros días de abril dejó más de 60 muertos y pérdidas materiales aún difíciles de medir. Las causas de una tragedia anunciada.
La peor noche. La diagonal 79, en el centro de La Plata, se convirtió en un río caudaloso. El servicio meteorológico registró más de 200 milímetros en tan sólo 24 horas. (Sebastián Casali)
El agua bajó y todo quedó a la vista. No sólo los muebles destruidos, las cosas deterioradas para siempre, los cuerpos de los que murieron ahogados en sus propias casas, sino también la ausencia del Estado en la emergencia y la vulnerabilidad de los que siempre se llevan la peor parte. El agua hizo visible lo que muchas veces permanece oculto: mostró la fuerza de los arroyos que corren por debajo de las ciudades y que eso que alguna vez se llamó progreso decidió canalizar y esconder. Expuso la negligencia y la impericia de algunos funcionarios, las mentiras de otros, la falta de políticas, las consecuencias de décadas de urbanización irresponsable y de la acción de capitales voraces. Y reveló cómo la combinación de todos esos factores puede convertir un fenómeno climático extremo en una tragedia de dimensiones inconmensurables.
El temporal que durante el 2 y el 3 de abril se abatió sobre las ciudades de Buenos Aires y La Plata afectó a cientos de miles de personas –350.000 tan sólo en la capital bonaerense–, dañó más de 60.000 viviendas, perjudicó a más de 4.000 comercios y dejó más de 60 víctimas fatales. Gran parte de las muertos eran adultos mayores; muchos se ahogaron en sus propias casas, otros murieron electrocutados o quedaron atrapados en sus autos, que la corriente llevó con furia por las calles convertidas en ríos caudalosos. En todos los casos, se trató de muertes evitables.
Tanto el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, como el intendente de La Plata, Pablo Bruera, ambos, curiosamente, de vacaciones en Brasil, se apresuraron a responsabilizar a la naturaleza y, en el caso de Macri, como ya es su costumbre, al Gobierno nacional. También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se refirió a una catástrofe natural «sin precedentes». Y aunque es cierto que la cantidad de lluvia caída, sobre todo en el caso de La Plata, alcanzó niveles extraordinarios, no es precisamente en los factores climáticos donde habría que buscar las causas de la tragedia. «Hay responsabilidades políticas, del Estado, de la sociedad y del mercado. Son políticas porque afectan al conjunto de la sociedad. Aquí es evidente que el Estado ha dejado librado a manos del mercado el crecimiento de la ciudad y el mercado ha aprovechado esta circunstancia para producir una ciudad absolutamente insostenible desde el punto de vista social y ambiental», dice al respecto Eduardo Reese, arquitecto y urbanista. «En las grandes ciudades litorales como La Plata y Buenos Aires, gran cantidad de personas presentan condiciones vulnerables; hay gran cantidad de casas, edificios e infraestructura y las vidas en juego son muchas. Con un diagnóstico de esta naturaleza, resulta perentorio prepararse para afrontar los impactos negativos de estos eventos hidroclimáticos peligrosos. Y es evidente que esta preparación no ocurrió», agrega Claudia Natenzon, geógrafa, directora del Programa de Investigaciones en Recursos Naturales y Ambiente del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tampoco hubo respuestas eficaces durante y después de la tormenta. La desorientación, la incertidumbre sobre lo que estaba sucediendo y la falta de criterios adecuados sobre qué hacer –y, más aún, sobre qué no hacer– para enfrentar los riesgos del temporal fueron un claro ejemplo de importantes deficiencias en materia de prevención, y agravaron las consecuencias de la catástrofe. Cuando el agua empezó a subir, la gente estuvo sola. No hubo organismos nacionales ni municipales que actuaran en la emergencia. Los botes que salvaron muchas vidas fueron los de los propios vecinos. Las embarcaciones del Ejército llegaron tarde, cuando el agua ya había bajado, para rescatar a quienes habían logrado sobrevivir por sus propios medios.
Antes y después, la solidaridad colmó las calles y se empezaron a tejer redes de contención y de ayuda. La prensa reflejó esas historias anónimas: los que salieron en gomones o canoas inestables a rescatar a sus vecinos, los que ofrecieron lo poco que tenían a otros que tenían aún menos, los que pasaron largas horas clasificando donaciones, empaquetando pañales, llevando y trayendo mercadería, abrazando y escuchando a quienes habían perdido todo. También reflejó los enfrentamientos y las mezquindades de siempre y, en particular, el conflicto desatado a raíz de la fuerte presencia de La Cámpora en la organización de la ayuda a los damnificados y de las críticas de la oposición, que acusó al kirchnerismo de querer hegemonizar las acciones solidarias y sacar rédito de la tragedia. Tras la interminable discusión sobre las pecheras partidarias que usaron los militantes de La Cámpora para organizar las donaciones, la agrupación respondió con un comunicado: «Hacemos política siempre. Con inundaciones, con sol, con frío, con calor, de día, de noche. A veces con pechera, a veces con remera, a veces en cuero, o con campera».
Después. Centro de evacuados en el gimnasio municipal de Berisso. (Sebastián Casali)
Tras los primeros titubeos –Macri preguntó varias veces a sus colaboradores si realmente era necesario que volviera de sus vacaciones en Brasil y Bruera abordó un avión en Río de Janeiro después de que en su cuenta de Twitter hubiera aparecido una foto vieja que lo mostraba colaborando en presuntos e inexistentes centros de evacuados–, los dirigentes nacionales, provinciales y municipales comprendieron la gravedad del desastre. Macri regresó al país un día después del temporal y ofreció, visiblemente molesto, una conferencia de prensa en la que volvió a representar su papel de víctima y acusó al Gobierno nacional de no darle los avales para endeudarse y completar las obras hidráulicas pendientes. «Si nos dejan trabajar, la gente va a tener las obras que se merece», dijo. Con reflejos más rápidos, la presidenta Cristina Fernández anunció medidas (ver Medida…) que, sin embargo, no parecen suficientes para hacer frente a los incalculables daños materiales y humanos. Bruera, tras el traspié inicial, recorrió las zonas afectadas y anunció exenciones impositivas. En tanto, el gobernador Daniel Scioli, que volvió a reunirse con la Presidenta tras un mes de tenso y mutuo distanciamiento, dio a conocer una serie de beneficios para los jubilados damnificados y la exención del pago del impuesto inmobiliario a las propiedades afectadas. Bruera también dispuso la exención de la tasa municipal para los vecinos que sufrieron las consecuencias del desastre, tal como lo había hecho Macri, quien anunció que subirá de 8.000 a 20.000 pesos los subsidios a los afectados por el temporal.
Sin dudas, estas medidas no alcanzarán para reparar el daño causado ni lograrán compensar las ausencias y deficiencias previas. «El gobierno de la ciudad de Buenos Aires respondió con desorientación, falta de eficiencia y conocimiento y sin medidas concretas. El de la provincia fue más efectivo y concreto en la coordinación de las acciones y en las medidas de reparación. En ambos casos quedó claro que no había planes para enfrentar situaciones que se habían ya producido en otros lugares del mundo y que sin duda ocurrirían aquí también», explica el arquitecto Juan Lombardo, doctor en Urbanismo, docente y asesor de organismos internacionales. «Lo importante –agrega– es que en esta situación se mostró el poder popular que movió a los distintos sectores a sostener la reproducción de la vida y obligó a los sectores políticos a actuar y a presentar medidas concretas».
Las respuestas fueron tardías e insuficientes y la prevención, nula. «Se tarda en responder –señala Natenzon– porque no hay preparación, no se han realizado simulacros ni existen planes de contingencia. Los funcionarios técnicos de planta a cargo de, por ejemplo, la Defensa Civil o emergencias sanitarias, se ven desbordados pues ellos sólo adquieren visibilidad en el organigrama institucional cuando la catástrofe está instalada. Pero cuando piden recursos para la prevención o cuando quieren llevar a cabo acciones concertadas con otros organismos públicos, nunca son priorizados en la agenda política».
La historia sin fin
La de la noche del 2 de abril fue, sin dudas, una de las peores catástrofes en la historia de la provincia, pero no fue la única. Tanto la ciudad de Buenos Aires y su conurbano como el partido de La Plata han tenido una larga historia de inundaciones. Hoy, el 25% de la región metropolitana porteña está constituido por zonas inundables. «El casco urbano de La Plata –señala el ingeniero Pablo Romanazzi, titular de la cátedra de Hidrología de la Universidad Nacional de La Plata– nunca estuvo exento de este problema, desde la fundación de la ciudad. Luego se le agregó toda la periferia, como Los Hornos, Tolosa, Ringuelet, que fueron creciendo sin planificación. El desagüe se pensaba después, se habilitaban zonas y luego se pensaba qué hacer. La lógica indica que hay que hacerlo a la inversa: primero pensar en el desagüe y luego dónde ubicamos las viviendas».
La ciudad está situada en la cuenca del arroyo El Gato, que con una superficie total de más de 12.000 hectáreas, es receptor de los desagües pluviales del casco urbano de la ciudad. «No es la primera inundación que se vive, desde el año 1989 estamos estudiando esto. Ya pasaron las tormentas del 27 de enero de 2002, del 28 de febrero de 2008, entre muchas otras. Es un tema recurrente», agrega el ingeniero. Junto con su colega Arturo Urbiztondo, Romanazzi elaboró en 2007, desde el Laboratorio de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, un informe sobre la cuenca del arroyo del Gato que advierte la situación crítica de la ciudad en materia de riesgo hídrico. «Las intensas precipitaciones ocurridas en 2002 pusieron en situación de colapso el sistema de desagües –señala el informe–. Aun más, sin llegar a esta situación extrema, se comprobó en varias oportunidades que el sistema actual presenta deficiencias en la evacuación aun con lluvias de menor intensidad».
En tanto, la auditoría de la ciudad de Buenos Aires le había advertido a Macri, en 2012, que las obras en los arroyos Vega y Medrano (Belgrano), Erézcano y Ochoa (Pompeya) se encontraban paralizadas. Su titular, Eduardo Epszteyn, informó además que el jefe de Gobierno utilizó, el año pasado, sólo 11 millones de los 233 con los que contaba para tareas de infraestructura de la red pluvial. Este año redujo el presupuesto a 20 millones.
«Las obras no se hicieron por las limitaciones de esta gestión, por la reorientación de fondos que se está llevando a cabo dentro del presupuesto, y también por la falta de negociación o de habilidad para pedir créditos internacionales, que, por otra parte, no son necesarios. Sin embargo, no hay que quedarse en que la obra soluciona el problema. Sí podría disminuir el impacto de la inundación, pero no resolver el problema», asegura Diego Ríos, geógrafo e investigador del Conicet.
«Buenos Aires y La Plata son ciudades inundables. Tenemos que ser claros con respecto a esto, como los mendocinos tienen claro que su ciudad es vulnerable a los terremotos», dice por su parte Reese. Y agrega que estas ciudades no respetaron nunca «la relación entre lo urbano y el medio natural o entorno. Eso explica de manera determinante lo ocurrido en estos días, tanto en La Plata como en Buenos Aires. La ciudad creció, tapizó de construcciones y de loteos los valles de los ríos y de los arroyos y hoy parece que todo el mundo se asombra porque se inunda, cuando en realidad la gran región metropolitana, incluyendo a La Plata, se asentó sobre una planicie que tiene muy poca pendiente, que tiene muchos arroyos y ríos que desagotan en el río de La Plata y que es inundable».
Leyes del mercado
La historia, en el caso de Buenos Aires, comenzó en 1536, junto con la primera fundación de la ciudad, llevada a cabo en áreas inundables próximas a la desembocadura del Riachuelo. Entre la primera mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, bajo la influencia de «un discurso higienista que identificaba a las zonas inundables con pantanos pestilentes», se inició un proceso técnico que condujo «al ocultamiento de estos arroyos, que fueron cegados, entubados y canalizados, al igual que eran drenadas o rellenadas las áreas inundables próximas a ellas», tal como apunta Ríos: ese conjunto de pequeños cursos de agua (los arroyos Maldonado, Medrano, Vega, White y Cildáñez) «desaparecieron», para la mirada de los porteños, como consecuencia de las obras de desagües pluviales que se realizaron a mediados del siglo XX.
Construir terraplenes, rellenos, diques, canalizar, esconder, tapar, elevar terrenos, alejarse, al menos imaginariamente, de la amenaza del agua, fueron las respuestas técnicas que se dieron históricamente en muchas grandes ciudades del país a la hora de definir la relación con ríos y arroyos. Técnicas que han creado la ilusión de estar ganando terrenos que, como lo demuestran periódicamente las inundaciones, el agua se encargará de recuperar tarde o temprano.
En el proceso de avance de la ciudad sobre las aguas, el principal beneficiario ha sido el mercado. Como apunta Reese, «el crecimiento de la ciudad argentina tuvo como lógica general el lucro del mercado inmobiliario y no los dispositivos de política pública. Esto hizo que la relación con el entorno estuviera alterada. La ciudad no respetó nunca la relación entre lo urbano y el medio natural».
Buenos Aires. El barrio Mitre fue uno de los más afectados. Los problemas empezaron en 2009, cuando se construyó el shopping Dot. (Télam)
En la década del 90, el predominio del mercado en las formas de hacer ciudad alcanza su punto culminante. En Buenos Aires, las modificaciones introducidas en el Código de Planeamiento Urbano entre 1989 y 2000 flexibilizaron el mercado inmobiliario y liberaron la construcción en altura. También en La Plata las modificaciones a los regímenes de construcción fueron acompañando las necesidades del mercado y, paralelamente, ignorando el riesgo hídrico y la relación con el entorno. En 2000 se dictó una ordenanza que amplió en un 17% el área urbana, y un 622% la superficie para la construcción para viviendas en altura. Además, dispuso la creación de áreas para urbanizaciones cerradas en la periferia rural. La administración del intendente Bruera profundizó aún más esta tendencia. En abril de 2010 aprobó una nueva modificación al Código de Ordenamiento Urbano que permitió un incremento del 1.361% en la cantidad de metros habilitados para la construcción en altura en el casco histórico. Se ampliaron las zonas de barrios cerrados y el área urbana en la periferia y se exceptuó de la obligación de contar con terreno absorbente a las zonas centrales de la ciudad, así como aquellas parcelas cuya superficie fuera menor a 300 metros cuadrados. A raíz de estas modificaciones, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires le advirtió al jefe comunal que «la relajación de las normas destinadas a regular el uso del suelo» podría provocar «un potencial riesgo a la estructura general de la ciudad».
En los últimos años, La Plata perdió espacios verdes públicos, lugares de esparcimiento, árboles y superficie de suelo absorbente. Mientras parte de los estratos altos y medios «migraron» a las urbanizaciones cerradas de la periferia, el aumento del valor de las propiedades producido por el boom inmobiliario, así como la falta de créditos y políticas de vivienda, expulsaron a los sectores de menores ingresos a otra periferia, más precaria y cada vez más extensa.
«Tenemos urbanizaciones que han crecido en forma descontrolada, hay un grave problema social con las personas que se asientan en las márgenes de los arroyos. Entre todos los que tenemos alguna responsabilidad técnica frente a este tema, hay que pensar en alguna solución de fondo, que es no exponer más a la población a estas inundaciones», dice Romanazzi. Y Natenzon agrega que «dejar que las ciudades se configuren por intereses de mercado implica dejar de lado la calidad de vida del conjunto. Tanto en grandes ciudades como pequeñas, donde se haga una obra vial, grandes edificios, un shopping o un barrio cerrado, comenzarán a aparecer problemas que antes no existían».
Por eso, si bien las obras hidráulicas son necesarias para atenuar los efectos de las grandes lluvias, no representan una solución definitiva al problema de las inundaciones. «No hay que dejarse engañar cuando se nos dice que después de tal obra no va a haber más inundaciones, eso es mentira», señala Romanazzi. Ríos coincide: «El problema no puede solucionarse en los términos en los que suele pensarse, sólo con obras hidráulicas. Lo que sí existen son distintos tipos de medidas que pueden disminuir el impacto. Por ejemplo, las medidas no estructurales, que tienen que ver con reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población a través de políticas educativas, de salud, de vivienda. En la medida en que una sociedad está más desarrollada y tiene mejores condiciones de vida, puede afrontar los desastres de manera menos perjudicial».
La ecuación parece sencilla: a menor vulnerabilidad, menos sufrimiento. A menos desigualdad, mejores condiciones para enfrentar eventos climáticos extremos. Como todo en la vida de las ciudades y de las personas que las habitan, la solución no es mágica, ni siquiera técnica, sino, una vez más, política.
—Marina Garber
Informe: María Carolina Stegman
Medida por medida
400 millones de pesos de asignaciones directas y más de 2.000 millones en créditos es el monto de la ayuda económica dispuesta por el Gobierno nacional para los afectados por las inundaciones. Las medidas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández por cadena nacional incluyen una asignación adicional por única vez de 4.330 pesos a los jubilados que reciben el haber mínimo; la duplicación del monto de la Asignación Universal por Hijo por el término de tres meses y una prestación adicional a quienes reciben el seguro de desempleo de un promedio de 1.065 pesos. Por otra parte, se destinarán 600 millones de pesos de créditos a jubilados y pensionados a través de la tarjeta Argenta, una línea de créditos adicional del Plan ProCreAr de hasta 50.000 pesos para refacción de viviendas fuera de sorteo y, para los sectores de menores recursos, 120 millones de dólares de financiamiento del BID y la CAF para infraestructura social de vivienda.
