25 de junio de 2014
La convalidación del fallo del juez Griesa pone en tensión a la economía argentina y tiene implicancias para las finanzas globales. Antecedentes del endeudamiento, el blindaje y el megacanje.
Hipoteca. Si se impone el criterio de los fondos buitre y el juez Griesa, el país debería afrontar complicaciones económicas. (Walter Sangroni)
La Argentina disputa su partido más difícil en ámbitos ajenos a la Copa Mundial de Fútbol. El rechazo de la Corte estadounidense al pedido de revisión argentino de la sentencia del juez Thomas Griesa puede tener consecuencias mayúsculas para la economía nacional. La decisión judicial dejó firme el fallo de primera instancia que hizo lugar al reclamo de los «fondos buitre».
La medida tomó por sorpresa a la mayoría de los analistas económicos y financieros. La presentación ante el tribunal –en apoyo a la posición argentina– como amicus curiae de los gobiernos de Francia, México, Brasil (entre otros relevantes actores) permitía augurar otro desenlace. El Departamento de Justicia norteamericano ya había apoyado el planteo argentino cuando fue tratado por la Cámara de Apelaciones.
El propio Fondo Monetario Internacional (FMI) manifestó su «preocupación por las implicancias más amplias» que podría tener la resolución del máximo tribunal estadounidense. La inquietud del organismo está centrada en los interrogantes que se abren acerca de la factibilidad de futuros procesos de canje de deuda soberana, que, por otro parte, se han multiplicado en los últimos años: República Dominicana (2005), Belice (2007 y 2013), Ecuador (2009), Jamaica (2010 y 2013), Saint Kitts and Nevis (2012) y Grecia (2012).
La decisión judicial dificulta la estrategia oficial destinada a despejar el frente externo y resulta de cumplimiento imposible. El acatamiento de la sentencia (el pago al contado de 1.330 millones de dólares) promovería demandas similares del resto de los acreedores que no ingresaron al canje. Así, las obligaciones de cancelación inmediata pasarían a ser de 15.000 millones de dólares (más de la mitad de las reservas existentes), según informó el ministro de Economía, Axel Kicillof. Además, el resto de los bonistas podrían iniciar acciones legales reclamando igualdad de condiciones. Esa posibilidad está prevista en la denominada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), incluida en los canjes, cuya vigencia se extiende hasta diciembre del corriente año. Las sumas por ese concepto superarían los 100.000 millones de dólares. Algunos analistas entienden que el cumplimiento del fallo no implicaría una oferta voluntaria argentina y que, por ende, la cláusula no resulta aplicable. Sin perjuicio de eso, el abogado de los bonistas italianos, Tullio Zembo, advirtió ni bien se conoció que el fallo quedaba firme que «si los fondos buitres consiguen cobrar todo lo que se les adeuda, mis clientes también pretenderán lo mismo».
El Gobierno argentino anunció en primer término la intención de implementar un canje voluntario de bonos que modifique la jurisdicción de pago. La deuda emitida bajo legislación extranjera, en manos de acreedores privados, es cercana a los 28.000 millones de dólares (un 14% del total). La idea es intercambiar los bonos actuales por otros que rijan bajo legislación argentina. El cambio de jurisdicción implicaría la recepción de los pagos en Buenos Aires en sustitución de la plaza neoyorquina. El riesgo de esa jugada es que, aun así, las calificadoras de riesgo declararían el «default técnico» si algún bonista no acepta el canje. Ese sería el caso, por ejemplo, de fondos de inversión extranjeros cuyas carteras únicamente pueden estar integradas por títulos con jurisdicción estadounidense. El acreedor estaría entonces en condiciones de reclamar el cumplimiento de las condiciones originales de pago y el default sería inevitable dada la imposibilidad argentina de satisfacerlo. Es más, la calificadora Standard & Poor’s rebajó rápidamente la nota para la deuda argentina en moneda extranjera de «CCC+» a «CCC-» (vulnerable a incumplimiento). Esa calificación es apodada en la jerga financiera como «bonos basura», a escasos escalones de la deuda defaulteda.
A su vez, Griesa advirtió que el traslado del lugar de pago de Nueva York a Buenos Aires será considerado una «violación o desacato» al fallo. En ese marco, el Gobierno nacional habilitó un canal de diálogo con el magistrado. El primer contacto fue una audiencia en la que se informó a los representantes legales argentinos (el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton) de la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York de levantar la medida de no innovar (stay). Al cierre de esta edición es posible que hayan avanzado las gestiones ante el juez, que designó un negociador, el abogado Daniel Pollack, para que lleve a cabo las conversaciones con las partes. La estrategia oficial pasaría por exponer las razones por las cuales el fallo conduce a una cesación de pagos, lograr la reposición de la medida cautelar o stay, de modo tal que se pueda pagar a los bonistas mayoritarios que entraron a los canjes mientras se resuelve el modo de cancelación de los holdouts favorecidos por el fallo Griesa. Además, los funcionarios propondrían analizar un mecanismo de pago alternativo que no ponga en riesgo la sustentabilidad económica de la Argentina.
El origen
La Presidenta dedicó buena parte de su exposición por cadena nacional el mismo día del pronunciamiento de la Corte a recordar el origen y evolución de la deuda externa argentina. Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que «a partir de la última dictadura, la deuda tuvo un crecimiento exponencial, imponiéndole el cepo más extraordinario a la economía argentina. Creció en la dictadura, pero también en tiempos de democracia, durante los 80, primero, y después, en los 90. Con el llamado régimen de convertibilidad, de la mano de la ficción de que un peso era igual a un dólar, el país se endeudó de manera terrible».
Abogado. Carmine Bocuzzi representaa Argentina en los tribunales
de EE.UU. (AFP/Dachary)
El recordatorio presidencial incluyó las dos operaciones financieras finales (Blindaje y Megacanje) que intentaron sin éxito detener el derrumbe del régimen de la convertibilidad. El Blindaje fue informado por el gobierno de Fernando de la Rúa con bombos y platillos el 10 de noviembre de 2000. Consistía en un paquete de ayuda contingente, alrededor de 20.000 millones de dólares, que ponían a disposición las organizaciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID) y el gobierno español. Ese paquete de ayuda había recibido también la bendición del poderoso Grupo de los 7. En ese entonces, el Gobierno argentino sostuvo que el acuerdo implicaba aportes por 40.000 millones de dólares contabilizando «dudosos» compromisos del sector financiero local e internacional de suscripción de bonos por valor de 20.000 millones de dólares adicionales. Pablo Nemiña explica en su trabajo «Aportes para un esquema de análisis del comportamiento del FMI en crisis financieras a partir de su actuación durante la crisis argentina (2001-2002)» (Documentos de Investigación Social, Nº 8, IDAES, Buenos Aires) que «los EE.UU. deseaban evitar una desestabilización en la región, y los países europeos (en especial Italia, Francia, Alemania y España) defendían los intereses de las empresas que habían realizado inversiones en servicios públicos privatizados de la Argentina. En caso de una devaluación, perderían un porcentaje muy alto del valor de sus activos en dólares».
Los fondos serían desembolsados a medida que el Gobierno argentino profundizara las políticas de ajuste (eliminación del régimen previsional de reparto, aumento de la edad jubilatoria, recorte del gasto público, desregulación de las obras sociales). En la práctica, las divisas recibidas fueron muy inferiores a los montos comprometidos.
Todos ganan
El Megacanje fue anunciado por el ministro de Economía argentino el 1º de junio de 2001. Esa iniciativa fue impulsada por el ex secretario del Tesoro estadounidense, y vicepresidente del Credit Suisse First Boston, David Mulford. Domingo Cavallo anunció que la refinanciación voluntaria de la deuda pública permitiría mejorar el perfil
de los vencimientos. La contracara de eso era un fuerte incremento del monto adeudado en concepto de capital e intereses.
Las elevadas tasas pactadas –15% en dólares– contribuyeron a tornar insostenible el nivel de endeudamiento público. Por otra parte, la concreción del Megacanje implicó el desembolso de 180 millones de dólares en concepto de comisiones para el consorcio de bancos que llevaron adelante esa operación. Los múltiples datos que indicaban la existencia de una licitación simulada desembocaron en una denuncia judicial. Los peritajes demostraron que el Megacanje aumentó el volumen de endeudamiento en un nivel sin precedentes para una única operación. Los 46 bonos que generaban obligaciones hasta 2031 por 115.348 millones (intereses incluidos) habían sido reemplazados por 5 nuevos bonos que equivalían a pagos por 170.939 millones.
Comisiones
La mayoría de los bancos que participaron de la operación (Banco Galicia, Banco Santander, BBVA Banco Francés, Credit Suisse First Boston Corporation, HSBC Bank Argentina SA, J. P. Morgan Securities Inc., Salomon Smith Barney) embolsaron cuantiosas comisiones sin tener que desarrollar ningún tipo de actividad. Las entidades bancarias simplemente canjearon títulos que ya estaban en su poder. En el expediente judicial, el fiscal denunció la existencia de «un maridaje entre los intereses públicos y privados que tiñó a toda la operatoria». En Historia Económica Argentina del Siglo XX (editada por el diario Página/12) se menciona que «abundantes testimonios de funcionarios y empleados de la Oficina Nacional de Crédito Público que figuran en la causa evidencian la existencia de irregularidades en el procesamiento de las ofertas de precios, que permiten sospechar la existencia de un probable simulacro de licitación, con el consiguiente acuerdo en el precio de los papeles canjeados».
El ex ministro de Economía Domingo Cavallo es el único funcionario que continúa procesado en esa causa porque el resto de los imputados (David Mulford, Federico Sturzenegger, Horacio Liendo, entre otros 8 procesados) fueron beneficiados por la prescrip-ción de la acción penal. El Megacanje fue una operación ruinosa e innecesaria. Schvarzer y Finkelstein señalaron en su trabajo «El corralito y las restricciones que presenta la política monetaria y cambiaria» (CESPA, Notas de Coyuntura Nº 1, FCE-UBA) que la postergación de pagos fue insuficiente porque «los compromisos que quedaban sin refinanciar superaban la captación de divisas por parte del Gobierno y el país se encaminaba directamente al default, aunque los funcionarios nacionales se empeñasen en negarlo».
La deuda acumulada explosivamente durante la dictadura militar y la década del 90, y las ruinosas renegociaciones encaradas en el tramo final de la convertibilidad, culminaron en la crisis de 2001. La relación deuda pública/producto equivalía al 166% al año siguiente.
Kicillof. El ministro coordina la estrategia del Gobierno nacional. (Mariano Sandá)
La disputa judicial con los fondos buitre es un eslabón más de esa pesada herencia. Esa es la única cuestión pendiente luego de los exitosos canjes que aseguraron una adhesión del 92,4% de los bonistas defaulteados. La contienda atravesó por diversas etapas y fue ingresando en su tramo final cuando, en febrero de 2012, el juez Thomas Griesa falló a favor de los fondos buitre. Ese pronunciamiento judicial otorgaba a los especuladores financieros todo lo que pedían: el reconocimiento del valor del precio nominal de los títulos, más intereses y punitorios. El 26 de octubre de 2012, la Cámara de Apelaciones respaldó el fallo de primera instancia. El 21 de noviembre de 2012, Griesa estableció el modo de liquidación de la sentencia (depósito al contado en su juzgado del total de la suma reclamada). El gobierno argentino, a través del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, calificó la resolución de Griesa como «colonialismo judicial» y señaló que «violenta la inmunidad soberana del Estado argentino». Las sentencias fueron apeladas ante la Corte con el resultado ya conocido.
Lo cierto es que las ganancias que obtendrían los buitres, de cumplirse el fallo judicial, serían espectaculares. La mayoría de los bonos fueron adquiridos a bajísimo precio cuando los mismos estaban defaulteados. El principal impulsor de la causa de Griesa (NML Capital Ltd.) opera desde su sede las Islas Caimán y su director, Paul Singer, no es ajeno a la política estadounidense. Fue uno de los principales financistas de la campaña presidencial del republicano Mitt Rommey, derrotado por Obama. Antes Singer había apoyado la carrera política del alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani. Es decir, contactos no le faltan.
El economista Thomas Palley sostuvo en su artículo Un sistema que habilita el saqueo que «La decisión del magistrado muestra cómo las elites globales han tenido éxito en construir un sistema legal que protege su riqueza y propiedad, sin importar el impacto sobre la salud de la economía global. Incluso un país importante como Argentina podría ser forzado a ponerse de rodillas por el sistema creado durante la era del neoliberalismo. Llevar a la práctica la decisión del juez Griesa lesiona el interés público, penalizando a los acreedores que se han portado bien y alentando a futuros buitre».
—Diego Rubinzal
