Una reforma necesaria

26 de junio de 2014

Dirigente socialista e integrante de la comisión que elaboró el proyecto de un nuevo Código Penal, destaca el debate que se está llevando adelante y sale al cruce de los reclamos de mano dura.

El proceso de discusión abierto luego de la presentación del proyecto de reforma del Código Penal está en marcha aunque aún el texto no llegó al Congreso Nacional. El aprovechamiento político del tema por parte de un sector de la oposición llevó a que algunos de los juristas encargados de su estudio y redacción, como Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra, perdieran el respaldo de los partidos que los habían designado para esta tarea.
No fue el caso de María Elena Barbagelata, que compartió el trabajo con los mencionados, más el ex ministro de Justicia León Arslanian y el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, coordinador del grupo. Representando al Partido Socialista, la abogada y ex diputada por la Ciudad de Buenos Aires asegura que el bloque se ha comportado de una manera bien diferente a los del Pro y la UCR: «Me han planteado su total respaldo al trabajo realizado, pero sin perjuicio de que, al haberse planteado de esta manera las cosas, tan intempestivas y cruzadas por el electoralismo por parte del Frente Renovador, quizás no sea el momento para discutirlo».
En ese marco, analiza como muy positiva la decisión del Ministerio de Justicia de la Nación de abrir un período de consulta de 90 días con las facultades de derecho y las asociaciones de abogados y juristas de todo el país. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo y de participar activamente de estas reuniones, admite que los tiempos para que el proyecto final sea presentado en el Congreso se extenderán seguramente hasta los últimos meses del año. Así, teniendo en cuenta la larga discusión parlamentaria que se espera, la votación del mismo podría darse recién en 2015, un año atravesado de manera directa por las elecciones presidenciales y legislativas.
–¿Cree que hubo un aprovechamiento político en el tema?
–Totalmente. Los números que se tiraban eran un disparate total. Quieren invertir la presunción de inocencia, que, quiero recordar, tiene jerarquía constitucional. Esos planteos de mano dura han llevado a grandes arbitrariedades.
–Otra de las críticas apuntaba a que la reforma no había sido sometida a un debate abierto a la sociedad. Estas jornadas de consulta en ámbitos académicos, ¿son una manera de ampliar la discusión?
–Yo creo que sí. Es más, me habría gustado que se hiciese desde un principio. De hecho, ya hubo una mala experiencia con el Código Civil: luego de un intenso trabajo en la comisión, el oficialismo cambió muchas cosas de un día para el otro en el Senado, y se votó prácticamente a libro cerrado. Por eso me parece esencial este proceso. Lo que pasa es que no es lo mismo plantear debates para obtener algún tipo de tajada, con una concepción punitivista dedicada a generar alarma social, que es lo que hizo el massismo. Fue una actitud mezquina que no tuvo que ver con un interés real por mejorar la legislación. Entonces, hay que dar todos los debates que sean necesarios, pero teniendo en cuenta la necesidad de generar un Código Penal que responda a las exigencias de sistematización, de racionalidad y de coherencia que hoy ha perdido, producto de las muchísimas reformas que ha sufrido, gran parte en esta última década. Lo han desarticulado de tal forma que si hoy le preguntás a un juez cuál es la pena máxima, te dice que no se sabe. Hasta hay diversas teorías sobre la cuantificación de penas. Esto es asombroso.
–¿Qué balance va haciendo de estos nuevos foros de discusión que la han llevado a recorrer todo el país?
–Era absolutamente necesario transitar este camino. Porque, además, es un debate entre quienes tienen interés en contar con una legislación mejor, porque son los que operan con ella, los que la aplican, la generan y la estudian. Es bueno tener esta devolución por parte de ellos, que formulan observaciones y propuestas, pero que, realmente, en un 90% fijan posturas que reconocen el valor del anteproyecto, su sistematicidad, que ha incorporado los últimos debates de la doctrina y la jurisprudencia.
–Desde su sanción, el Código fue modificado cerca de 900 veces. Entre los cambios más recientes sobresalen las llamadas «leyes Blumberg», de 2004, y la «Ley Antiterrorista», de 2012. ¿El proyecto de reforma invierte disposiciones de estas normas?
–No incluimos nada del texto de la Ley Antiterrorista en el nuevo Código. La reforma va totalmente en contra. Esa ley es totalmente ambigua, por lo que lesiona los principios del derecho penal, que exige una clara redacción para que no haya vaguedad. Por ejemplo, se mencionan en la ley «finalidades terroristas», y nadie explica de qué se tratan. Tiene muchas observaciones constitucionales.
–¿No es contradictorio impulsar una ley para luego reformar sus efectos dos años después?
–Sí, muchas de las reformas se han dado con este gobierno. El texto nuevo, justamente, lo que hace es clarificar o integrar, según el caso, esas leyes especiales. Hay una multiplicidad tal que se dice que hay más leyes penales fuera que dentro del Código. Muchas, como esa, no van a tener más vigencia, ya que van a quedar tácita o explícitamente derogadas.
–¿Qué sería lo más destacable del proyecto de reforma?
–Se apunta a modificar la irracionalidad de las penas. Por ejemplo, las de 55 años. Esto excede una media razonable. Hay que ver que la pena por genocidio es de 30. Nosotros tomamos ese parámetro como pena máxima, ya que está impuesto desde el Estatuto de Roma. Determinamos que no puede haber nada más grave. Y de allí fuimos en una pirámide viendo las proporcionalidades, para que, por ejemplo, un robo con agravantes no sea superior a un homicidio, que es algo que está pasando. Y por otro lado, está la inclusión de nuevas figuras penales, como las que tienen que ver con el medio ambiente, o normas sobre la seguridad en el trabajo y su cumplimiento, cuando producen incapacidad y muerte, que en la legislación vigente no constituyen ningún delito. Esto es un cambio importante, también, porque tiene que ver con la responsabilidad de las personas jurídicas.

–La penalización a empresas generó reacciones del poder económico, ¿qué opinión le merece?
–Es una idea algo exagerada. Es más, ya está planteado con las leyes de lavado y contrabando. Esta responsabilidad de las empresas no es nueva, ni acá ni en el mundo. Pero sí es un elemento importante y que deliberadamente se callan los que están en la arremetida contra nuestro trabajo. No dicen nada de, por ejemplo, la responsabilidad penal de las empresas, que incluimos en casos de trata de personas para trabajo esclavo.
–¿Otro punto importante es que se clarifican las formas de determinación de las penas?
–En el Código hay un muy escueto artículo que se refiere a cómo debe considerar el juez el quantum en un rango de 8 a 25 años. Digamos que es una diferencia muy importante para abarcar tan someramente. Cómo se elige 14, 8 o 24 es una incógnita. En el nuevo texto dedicamos unos 20 artículos a esto; hay un esquema de circunstancias que se describen que van de menor a mayor gravedad. Y también hay una mirada de supresión de la libertad condicional, en el sentido de reemplazarla por penas sustitutivas; es decir, para que se cumpla íntegra la pena, pero a través de otras formas como el trabajo comunitario, planes de capacitación o salud. Y en esto innovamos porque actualmente la libertad condicional es un descontrol total, ya que el Patronato del Liberados no tiene posibilidad de seguimiento. Así es como se prevé la responsabilidad del juez en el control, porque siguen siendo parte de la pena, y la actuación de un inspector y un auxiliar.
–La primera crítica que se escuchó fue que se iban a reducir las penas.
–Es absolutamente falso; es decir, se bajan cerca de 80, pero hay unas 150 que se suben. Obviamente esto va a pasar cuando se quiere aplicar una proporcionalidad. El problema es que se parte de la presunción de que porque se cambia un mínimo o un máximo se está bajando la jerarquía de un delito. Además esto ha estado sujeto a un análisis y puede seguir siendo estudiado y así debe ser. Tampoco hay que andar subiendo penas según las épocas, sólo porque es el delito de moda. Por ejemplo, se analizaron y subieron las penas por delitos de corrupción. Se han dicho barbaridades, como que se iba a liberar a violadores para hacer trabajos comunitarios en las escuelas bajo supervisión del director del colegio. Esto genera pánico y, obviamente, yo también firmo un petitorio en estas condiciones. Todas estas cosas no tienen nada que ver con lo hecho
–La eliminación de la figura del reincidente fue objeto de fuertes cuestionamientos.
–Es una discusión que está en la doctrina. O sea, si la figura de reincidencia, que es por un delito anterior ya juzgado y con condena cumplida, puede impactar en un nuevo delito que quizás no tenga que ver con el anterior. Se analiza si de esa manera no estás juzgando dos veces lo mismo. Lo importante aquí es que con la figura de reincidencia hoy se anula automáticamente la posibilidad de otorgar la libertad condicional. Aquí lo que se saca es esta automaticidad. Pero, de todas maneras, también hay un impacto sobre las formas en las que el juez debe considerar el otorgamiento de penas sustitutivas: debe estudiar a fondo todos los factores, debe requerir informes y, entre otras cosas, debe observar si hay predisposición a cumplirla.
–También se criticó mucho la eliminación de la prisión perpetua, ¿qué finalidad tuvo esta decisión?
–Esas críticas tuvieron como objetivo generar confusión. Todos los que conocen el ámbito penal saben que la perpetua en un sentido biológico –es decir, que llegue hasta el final de la vida– sería inconstitucional. No existía antes y ahora nosotros ponemos como máximo los 30 años, porque la pena debe estar pensada, si bien con una carga importante, con una posibilidad de reinserción. Si nosotros pensamos en una perpetua o en penas de 55 años, es una pena de muerte en cuotas, por ejemplo, para personas de unos 40 o 50 años de edad.
–En muchas de las defensas de la reforma se ha dicho que no sirve de mucho tener demasiado tiempo encerrado a alguien porque, en definitiva, las cárceles no sirven para reinsertar a nadie. ¿No desnuda esto el fracaso del sistema carcelario?
–Totalmente. En el Congreso hay varios proyectos que se refieren incluso a la reorganización del sistema penitenciario con una estructura civil y ya no de fuerza de seguridad. La diputada Victoria Donda está en ese tema. Hay muchísimas falencias; nuestras cárceles están denunciadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay pedidos de la Corte Interamericana a nuestro país para que se trate la reforma.
–La recientemente fallecida jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay, había dicho: «Todos nos exigen qué hacer, pero nadie nos dice con qué fondos». ¿Esa es la otra reforma que se debe la Justicia?
–Obvio. No hay una toma de postura clara y respetuosa de los derechos humanos respecto de políticas públicas y proyectos para la reinserción de los reclusos. No se nombran jueces. Los de ejecución están prácticamente desbordados. Por eso, si no está acompañado de un aporte concreto del Ejecutivo, que realmente responda a la demanda, todos los avances que se intenten fracasan. Y esto en el mundo es así. Fracasan las medidas alternativas pero también la cárcel. Si seguimos así, va a ser un circuito interminable de fracasos donde todos se cruzan de brazos.
–¿Cómo fue trabajar con miembros de distintos sectores políticos?
–Fue una experiencia muy enriquecedora. Se trabajó con mucho entusiasmo, mucho compromiso y respeto por las opiniones del otro. Se buscaron consensos; si no había primeramente coincidencia sobre un texto, se lo dejaba pendiente hasta que surgiera algo de común acuerdo. Y en aquellos puntos en lo que esto no fue posible, y que eran para cada uno trascendentes, tuvimos la oportunidad y la libertad de fijar nuestras posturas a través de disidencias puntuales. No hubo una imposición para que sí o sí hubiera un solo dictamen. Trabajamos en una forma atípica en comparación con la cultura política argentina, que ha retrocedido en términos de tolerancia y de búsqueda de denominadores comunes que nos hagan salir adelante.