16 de abril de 2013
Alejandro Rofman, formador de graduados en economía social, apuesta a elaborar doctrina y crear un espacio de especialistas que se plieguen a modos asociativos de gestión.
El despertar de muchos ciudadanos hacia el trabajo asociativo, para encarar iniciativas tendientes al bienestar común, tiene mucho de espontáneo. Pero las experiencias respaldadas y sistematizadas por diferentes entidades, y apoyadas desde el Estado, pueden funcionar muy bien», afirma Alejandro Rofman, un experto de dilatada trayectoria en el estudio de las economías regionales.
Estos temas serán ampliamente abordados durante el dictado de dos carreras académicas, en el Programa Integral de Economía Solidaria, dirigido por Rofman. La iniciativa es organizada por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), e incluye, por un lado, la Diplomatura de Estudios Avanzados en Economía Solidaria, y por otro, la nueva Maestría en Economía Solidaria. «El tema central es el estado actual, el desenvolvimiento y las tendencias a futuro de todo el conjunto de acciones englobadas en la temática de la economía solidaria. No sólo estos dos programas, sino la realización de seminarios, conferencias, publicaciones e investigación», resume el especialista.
Rofman, doctor en Ciencias Económicas, conduce el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR, adscripto al Conicet), es además fundador del Plan Fénix de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y recientemente fue designado presidente honorario del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).
«Creemos que hay que analizar lo que sucede en el mundo, el evidente fracaso del régimen capitalista de acumulación. Los tiempos corren para satisfacer las necesidades básicas de la población. Estamos en una etapa donde prima la entronización del capital financiero, lo cual ha agudizado los desajustes sociales. A la vez, se establecen políticas de ajuste a los países endeudados, lo cual ha hecho retroceder en forma drástica el Estado de bienestar en Europa a situaciones equiparables a las de antes de la Segunda Guerra Mundial, o peores aún. En ese contexto, –señala Rofman– vemos la posibilidad de avanzar en otro modo de gestionar la economía y la Argentina tiene una historia muy extensa en esta materia».
–¿Qué podemos aportar desde la experiencia argentina a esta crisis de los países desarrollados?
–Tenemos más de 100 años de desarrollos de actividades cooperativas, que muestran con hechos concretos la viabilidad de un proyecto alternativo. Esto se ha visto reforzado por la posibilidad de diseñar estrategias de apoyo a emprendimientos basados en la filosofía de la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación, la ausencia de explotación social y el manejo democrático.
–¿Son formas de organización recomendables, más allá de la emergencia?
–Justamente, el fenómeno de la crisis contemporánea permitió hacer surgir experiencias únicas como las de las empresas recuperadas, las cooperativas de trabajo, las ferias populares, que no se conocían en toda su magnitud ni con el ímpetu que han tomado en forma reciente. Lo que nosotros postulamos es el estudio en profundidad de las bases teóricas del proyecto de economía solidaria, que sustituya a la economía capitalista. Las enseñanzas que nos deja el diseño del manejo y la gestión de todos los instrumentos que pueblan la gran riqueza de la experiencia de la economía solidaria en la Argentina y su aporte en el futuro.
–¿Qué experiencias existen en la Argentina en materia de estudio de la economía solidaria?
–Esta es una disciplina que se inaugura hace una década en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), con una maestría en Economía Social. No hay más carreras de posgrado que esa y la que dirijo, con un enfoque cercano pero no similar. Es cierto que hay varias experiencias de diplomaturas en otras universidades, incluso en algunas del interior del país. Pero recién ahora se le acuerda status universitario al estudio del fenómeno de la economía social. Y hay que admitir que es la herramienta fundamental de que dispone la humanidad para transformar un sistema basado en el lucro, la explotación social y el egoísmo, en un sistema basado en el apoyo común, la solidaridad y la distribución del poder dentro de los actores sociales que operan dentro de un emprendimiento solidario.
–¿Los gobiernos nacional y provinciales tienen en cuenta el potencial del sector?
–Podemos afirmar que nunca como ahora ha habido una política de apoyo frontal a estos emprendimientos. Hay experiencias de todo tipo. En el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, existe el Programa de Apoyo al Microcrédito. La comisión nacional que lo administra, la Conami, lleva otorgados cerca de 200.000 microcréditos a pequeños emprendimientos asociativos de todo el país, a través de 1.800 organizaciones sociales que actúan de intermediarias y ofrecen asistencia técnica, en una experiencia inédita. Desde que se sancionó la ley de creación de la Conami, hace 5 años, se han invertido alrededor de 400 millones de pesos, superando con amplitud lo que se había realizado anteriormente.
–¿Qué otras experiencias recientes de economía social destaca?
–Existe un apoyo muy fuerte a la creación de ferias populares en las provincias, con participación de productores familiares que acercan sus productos en forma directa a los consumidores. Ya hay más de 200 funcionando y el objetivo es llegar a un millar en un par de años. Es muy importante difundir la feria como la gran herramienta de eliminación de la intermediación comercial y de aplicación del precio justo para el productor y reducido para el consumidor. Son experiencias muy ricas, patrocinadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
–¿Cuáles son las perspectivas de estos emprendimientos en el área de servicios?
–En actividades de servicios también se ha avanzado mucho. Un caso reciente es el de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que habilita a operar a organizaciones sin fines de lucro. En los últimos meses se han presentado más de 500 solicitudes y el Gobierno comenzó con mayor intensidad a otorgar licencias para servicios de cable y telefonía. Todo lo cual fortalece el cooperativismo de servicios y requiere prever cómo seguir avanzando para mostrar que otra economía es posible.
–¿El respaldo estatal es suficiente para apuntalar este movimiento?
–Hay muchas iniciativas de distinto tipo que han cambiado totalmente el rol del Estado. Desde luego, hace falta mucho más, pero se ha empezado. Está por ejemplo el caso del monotributo social, que ya tiene más de 500.000 adherentes. Es una vía para formalizar trabajadores, sobre todo en la producción familiar y la pequeña producción urbana. El Estado contribuye con una parte y el pequeño productor con otra, lo cual le acuerda presencia en el sistema de seguridad social y acceso a obra social.
–¿Cuál es el grado de articulación de ese conjunto de iniciativas?
–Sin duda, todas requieren organización y apoyo para desarrollarse. Existe un movimiento asociado político y social, sin partidismo, pero con intenciones serias de actuar en la escena política para llevar adelante sus iniciativas. Se llama «Hacia otra economía» y es una alianza entre universidades, organizaciones sociales, gobiernos locales y federaciones de productores. Su última asamblea nacional se hizo el año pasado en Mendoza, con más de mil representantes de entidades populares. Este año está previsto un encuentro en noviembre. El objetivo de esta etapa es conseguir la redacción de un proyecto de ley de Apoyo a la Economía Social y Solidaria. Por lo pronto, ya hay dos provincias que sancionaron legislaciones en ese sentido: Mendoza y Río Negro.
–¿Existen otros antecedentes?
–En Brasil hay una ley de economía social que es pionera en América Latina y que ha permitido el apoyo masivo a la producción de la agricultura familiar. Esa normativa permite apoyos concretos y específicos a todas las experiencias de economía social y solidaria, para lograr que se establezcan y consoliden. Que tengan capacidad de desarrollo futuro, que se puedan capitalizar, que tengan asistencia técnica, que haya impulso para organizarlas en forma asociativa a todo nivel. Es decir, darle poder a quienes no lo tienen, porque el mercado está controlado por grandes grupos económicos que manejan a su antojo la fijación de precios y el flujo de los bienes de las áreas agrícolas a los centros urbanos. La intención es subsanar las fuertes debilidades institucionales que todavía persisten en la Argentina.
–¿En qué medida podrían aportar las entidades de la economía social a la resolución de cuestiones macro, como la inflación y la distribución del ingreso?
–Sería deseable que los ministerios de Economía y de Desarrollo Social profundicen alianzas con federaciones de cooperativas y organizaciones sociales, justamente para fortalecer los canales de vinculación entre quienes producen bienes y servicios –y lo hacen en condiciones de ausencia de objetivos de ganancia y lucro– y los consumidores. De ese modo se podría aliviar el tema del incremento de precios. Las ferias son quizás la herramienta más valiosa en este sentido. Cuán deseable sería que se poblara el país con este tipo de emprendimientos.
–¿Qué tipo de respaldo requeriría ese objetivo?
–El INTA conduce y organiza el programa que se lleva a cabo en la actualidad. Pero todavía, lamentablemente, no existe la capacidad de diseñar la oferta. Lo más serio, en este momento, no es tanto organizar los canales de venta al público o el acceso al consumidor, como asegurar la oferta por parte de la multitud de pequeños productores esparcidos por todo el país. Muchos de los cuales trabajan en forma asociativa en la oferta cotidiana de los productos que hacen falta para satisfacer la mesa familiar. Uno tiene que estar seguro de que todos los días va a tener esa producción disponible en calidad y cantidad. Y eso no es fácil organizarlo cuando las estructuras de producción son bastante anárquicas y no están asociadas en general con centrales poderosas de productores.
–Mucho menos cuando políticas anteriores, incluso algunas aún vigentes, favorecieron la concentración de la producción y la distribución.
–No es una aventura difícil de encarar. El tema es que hace falta mucho esfuerzo para juntar cabezas, para que la cooperativa de productores de tal producto y tal ciudad se junte con la de distribución. Para que la oferta sea lo suficientemente grande como para abastecer al mercado urbano de tal provincia todos los días con la cantidad necesaria. No se puede ofrecer hoy una venta y mañana no. Se requiere un flujo planificado de oferta para ocupar un espacio importante en el mercado. En muchos casos se están haciendo esfuerzos en esa dirección, pero sería necesario que se acentúen.
–¿La formación de cuadros directivos ayudaría a este proceso?
–Lo que nos interesa es dotar a graduados interesados en esta temática que tengan también la convicción de que hay que trabajar por otro modelo de gestión en la sociedad. De capacitarse para brindar apoyo a esta multiplicidad de experiencias. Hay un campo muy fértil y posibilidades de trabajo en esa realidad. Esta formación es necesaria para aquellos que están interesados en algo que no es novedoso, pero que ha adquirido mucho empuje. Precisamente, por lo que puede brindar una experiencia asociativa, no condenada a buscar el lucro como único objetivo, en un mundo donde está claro que los formatos tradicionales son notoriamente insuficientes para satisfacer las necesidades sociales. Aspiramos también a convocar a aquellos que se interesen por la investigación y trabajar en el análisis de la evolución de este proceso; y a quienes se interesen en la docencia, la multiplicidad de espacios donde se producen programas de capacitación y transferencia de conocimientos.
—Daniel Víctor Sosa
