31 de mayo de 2021
El diputado nacional entrerriano del Frente de Todos Marcelo Casaretto, presentó un proyecto de ley para que los magistrados judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, los únicos magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial (nacional y provincial) que pagan este tributo son aquellos cuyo nombramiento fue posterior al 1 de enero de 2017. Esa «solución» parcial fue establecida en la Ley 27.346, sancionada en diciembre de 2016. Ahora, Casaretto sostiene que «lo que se busca con esta ley es eliminar un privilegio inaceptable que tienen los jueces por sobre el conjunto de la sociedad».
La «exención» tributaria de los magistrados es un tema que reaparece periódicamente en la agenda pública. En 1996, la Ley Nro. 24631 derogó las exenciones que beneficiaban a los funcionarios del Poder Judicial, pero la Corte Suprema de entonces declaró inaplicable esa decisión legislativa a través de la Acordada 20/96. El argumento del Alto Tribunal fue que no correspondía la aplicación del impuesto por el principio constitucional de intangibilidad de las remuneraciones judiciales. Dicha defensa corporativa viene de larga data. En 1936, la Corte Suprema sostuvo que el Impuesto a los Réditos era «violatorio de la Constitución en cuando impone una contribución sobre el sueldo de los magistrados judiciales», apoyándose en pronunciamientos jurisprudenciales estadounidenses. Sin embargo, la Corte de Estados Unidos modificó esa posición en 1939. «Someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces también son ciudadanos y que su función particular en el Gobierno no genera una inmunidad para participar con sus conciudadanos en la carga material del Gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de aplicar», sostuvo el Alto Tribunal estadounidense.
