2 de julio de 2021
Pulseada por la designación de un nuevo procurador general de la Nación y otros proyectos vinculados con el ámbito judicial impulsados por el oficialismo.
Comodoro Py. En los juzgados con sede en Retiro hay tres vacantes para designar jueces. (Horacio Paone)
El Poder Judicial se transformó hace tiempo en un campo de batalla político. Su reforma estructural, que el presidente Alberto Fernández anunció apenas asumió, está trabada en el Congreso por los reparos de la oposición. La discusión en la actualidad se condensa en la designación de un procurador general de la Nación efectivo que termine con el interinato de Eduardo Casal, lo que no cambiará el statu quo de los tribunales de Comodoro Py. Un dato no pasa desapercibido para la Casa Rosada: prácticamente siguen en sus cargos todos los jueces y fiscales que el oficialismo encuadra en el lawfare.
«Como nunca antes es necesario avanzar con alguna de las reformas en materia judicial», afirman desde el Gobierno. Para un sector del Frente de Todos, la reforma más urgente es nombrar a un titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) que reemplace a Casal, quien llegó al cargo a finales de 2017 luego de que Alejandra Gils Carbó renunciara muy presionada por el macrismo. Desde entonces, el procurador interino dictaminó en sintonía con los intereses del PRO.
El candidato a procurador de Alberto Fernández es el juez Daniel Rafecas. Pero como el oficialismo no logra articular los dos tercios de los votos necesarios en el Senado para su nombramiento –algo que también le pasó al macrismo–, decidió reformar la ley del MPF para reducir el mandato del jefe de los fiscales de vitalicio a cinco años. Con ese movimiento también habilita el cambio en las mayorías necesarias para su designación: baja de dos tercios a mayoría absoluta. Se trata de una idea que también había promovido Cambiemos cuando fue Gobierno. La iniciativa tuvo media sanción en Senadores en noviembre pasado, pero se encuentra trabada en Diputados, donde recientemente obtuvo dictamen. Se reactivó tras la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia en reemplazo de Marcela Losardo. En el Gobierno son optimistas respecto a obtener los votos en el recinto en el corto plazo.
Si se sancionara la ley, el Senado tendría allanado el camino para aprobar el nombramiento del procurador. La agresiva reacción del macrismo que acusó a diputados de «vender» sus votos revela la importancia de lo que está en juego. El legislador José Luis Ramón, por ejemplo, anunció vía Twitter que intimó con una carta documento a Laura Alonso. Hizo referencia a «hechos de violencia política, persecución y escrache motorizados por referentes de @juntoscambioar».
Cuando todo parecía encaminarse para el Frente de Todos surgió un obstáculo: Rafecas ratificó públicamente que no aceptará el cargo si no llega por consenso; es decir, si no lo votan los dos tercios de los senadores, algo que difícilmente suceda. Por lo que su postulación quedó pendiendo de un hilo. La decisión del magistrado molestó –y mucho– en el oficialismo.
Desde la óptica oficial, la designación de un procurador general de la Nación es determinante para empezar a modificar el sistema judicial vigente, fundamentalmente por dos cuestiones: deberá ocupar las más de 100 vacantes que hay en el MPF, lo que podrá renovar parte del Poder Judicial; y deberá implementar el sistema acusatorio, que implica un cambio de paradigma. Los fiscales, por ejemplo, adquieren un papel mucho más relevante en las investigaciones en detrimento de los jueces.
La voluntad del presidente de reformar el Poder Judicial fue explicitada con un proyecto de reestructuración del fuero penal federal, que también está trabado en Diputados por falta de consenso político. La iniciativa, que tiene media sanción del Senado desde agosto pasado, desdobla los juzgados penales federales de la Capital Federal y fusiona Comodoro Py con el fuero Penal Económico para generar un total de 46 juzgados de primera instancia, una Cámara de Apelaciones con cuatro salas y 17 Tribunales Orales Federales, entre otros puntos.
Despachos vacíos
El presidente también hizo foco en la necesidad de modificar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura e instaurar el juicio por jurados. Para eso creó un Consejo Consultivo compuesto por once reconocidos juristas. En diciembre pasado, los expertos elevaron un informe con diferentes miradas sobre los puntos consultados. Con la pandemia en el centro de la agenda, ninguna de las propuestas se tradujo en proyecto de ley, como se esperaba. Una de las iniciativas que, por ejemplo, había sido bien vista por el Ejecutivo era la creación de un tribunal intermedio antes de la Corte.
En este contexto, el Consejo de la Magistratura es la institución que en la actualidad se muestra más activa. Desde el órgano que selecciona y sanciona magistrados se facilitó el regreso de Eduardo Farah y la llegada de Roberto Boico a la estratégica Cámara Federal porteña, lo que le dio un aire nuevo a la instancia revisora de Comodoro Py. A su vez, impulsó la designación de Alejo Ramos Padilla en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, uno de los más importantes del país por tener competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Y apuesta a tener concluidos concursos clave para julio próximo.
Por ejemplo, la proyección de los consejeros es terminar a mitad de año el concurso para cubrir los cargos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la mentada Cámara Federal porteña. Se trata de quienes fueron nombrados por Macri de forma irregular en ese tribunal. Si esto sucede, se habrá cambiado en forma sustancial un lugar decisivo de la Justicia penal federal. Otro concurso que podría estar terminado para julio es el del juzgado federal Nº 12 de Comodoro Py, que está vacante desde la partida de Sergio Torres a la Corte bonaerense. En los tribunales de Retiro hay en total tres despachos vacíos en primera instancia. A falta de votos en el Congreso, si el Gobierno logra cubrirlos podría renovar nombres sin acudir a una reestructuración de fondo.
En tribunales aseguran que para lograr un verdadero cambio en materia judicial es necesario reestructurar la cabeza del sistema, es decir, la Corte Suprema, que recientemente le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires al priorizar el dictado presencial de clases en plena pandemia, a contramano de lo que había dispuesto el presidente de la Nación vía un DNU. El mismo día del fallo, la vicepresidenta tuiteó: «Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Consejo de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño».
