24 de julio de 2021

Sergio Ferrari (Desde Berna, Suiza)

Las grandes empresas multiplicaron sus ganancias por su exclusividad con las patentes de las vacunas, pese a ser desarrolladas con apoyo público. Riesgo sanitario.

La empresa Moderna anunció que las vacunas contra el COVID-19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares, en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones. En mayo, otra empresa, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas, lo que representa casi el doble de los 15.000 millones de dólares que calculaba apenas hace algunos meses.
En el primer trimestre de 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas. En igual período, Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45% más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19. El periódico mexicano El Financiero anticipaba en mayo que «nueve empresas farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares», si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.
Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un artículo publicado en la revista Global de Alianza Sur. Sin embargo –agrega–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.
La ONG Public Eye (Mirada Ciudadana) analizó estos modelos en su informe «Big Pharma takes it all» (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo). Y subraya que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos. Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. No obstante, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos. No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPIC que regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.
Este acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que este acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario, dado que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas.
El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos, que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África solo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

Resistencia ciudadana
La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye. Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. Lejos quedó aquella declaración del presidente estadounidense Joe Biden, en mayo, de pedir la suspensión de patentes para las vacunas de coronavirus.
El «Big Pharma takes it all» analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos. Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.
Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero «privatizando los beneficios»; aprovechando al máximo los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.
Cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales. Y se pronuncian, como los autores del «Big Pharma takes it all», a favor de medidas posibles, que están a la mano de Gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19. Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas.
Estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que no impongan cláusulas de confidencialidad a los Gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública. El debate de la sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla.