29 de julio de 2021
La Argentina puede ostentar un historial de relaciones exteriores en torno a la no injerencia en los asuntos extranjeros y la defensa de la soberanía de las naciones. Ha sido un modelo la llamada Doctrina Drago, que en diciembre de 1902 anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Luis María Drago, y establece que ningún Estado extranjero puede utilizar la fuerza contra un país americano para cobrar una deuda financiera, pero que se hace extensiva a cualquier otra razón para intervenir militarmente.
La dictadura cívico-militar iniciada en 1976 revirtió este concepto y fue la expresión más acabada de un injerencismo extremo. Eran tiempos de Guerra Fría y Plan Cóndor, de manera que no desentonaba con el medio circundante. El «asesoramiento» en guerra sucia dirigido a los gobiernos centroamericanos que enfrentaban rebeliones como las de la guerrilla sandinista fue quizás su punto culminante. Tanto que incluso Argentina se equivocó sobre su posición estratégica en el concierto internacional y creyó que tenía garantizada la anuencia de Estados Unidos para recuperar las islas Malvinas.
En ese marco, en julio de 1980 el general Luis García Meza, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas bolivianas, derrocó a la presidenta Lidia Gueiler. La participación de la dictadura argentina en la elaboración y logística del golpe fue una elucubración con bastante asidero, pero el apoyo fue confirmado en el año 2000 por el propio García Meza, a esa altura detenido por casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. «Si yo revelara los hechos, todos temblarían», declaró el militar caído en desgracia.
Debió finalizar la dictadura para recuperar esa tradición democrática. Raúl Alfonsín la llevó a la práctica en julio de 1985 cuando se sumó al llamado Grupo de Apoyo a Contadora junto con los gobiernos de Brasil, Perú y Uruguay. Se trataba de una iniciativa multilateral de respaldo al conjunto de naciones que en enero de 1983, en la isla Contadora y a instancias de México, se unieron para poner freno a la amenaza de intervención militar del Gobierno de Ronald Reagan contra Nicaragua para abortar la Revolución Sandinista.
En abril de 2002, durante el interinato de Eduardo Duhalde, se produjo una asonada cívico-militar contra el presidente venezolano Hugo Chávez. España y EE.UU. se apuraron a reconocer al efímero gobierno de facto de un empresario. Durante un par de días en los medios hegemónicos hubo un debate sobre la calificación de esa intentona. Duhalde fue uno de los primeros mandatarios en definir al incidente como un golpe de Estado y anunció que la Argentina no reconocería otro gobierno que no fuera el elegido democráticamente. A los dos días Chávez volvió al Palacio Miraflores.
La caída de Evo Morales en noviembre de 2019 reune todos esos elementos y más. Los medios más poderosos y el Gobierno de Mauricio Macri se negaron a calificar el hecho como un golpe de Estado. Y ahora se está comprobando algo que siempre se sospechó: que las autoridades argentinas habían participado con logística y apoyo diplomático. Se sabe, además, que fue con armas y pertrechos para reprimir al pueblo. Fue un golpe, sí, también contra las mejores tradiciones democráticas argentinas.
Lo alarmante es que hubo otro componente que hace recordar los momentos más oscuros de la historia de América Latina: se produjo entre la elección y la asunción de Alberto Fernández. Hay que remontarse al 11 de septiembre de 1973 para encontrar otro hecho de características similares. Faltaban, entonces, 12 días para el comicio que ganó Juan Domingo Perón. El Chile de Salvador Allende, derrocado ese día por Augusto Pinochet, compartía perspectivas con la democracia que se había iniciado en marzo de este lado de la cordillera.
En 2019, el golpe contra Morales consolidaba un cerco de ultraderecha sobre el gobierno naciente. Lo sabía Fernández, que recuerda su insistente pedido de no reconocer al gobierno de facto y de brindar asilo a Morales, en peligro por la violencia que desplegaban los golpistas. Los tiempos habían cambiado, la aventura no prosperó y la verdad va saliendo a la luz.
Bolivia. El ministro del Castillo exhibe las municiones enviadas por Argentina.
