La deuda, la Biblia y el calefón

8 de septiembre de 2021

Con la campaña electoral surgieron varias cifras sobre endeudamiento externo que parecen hablar de otro país y que intentan cambiar la percepción de la historia reciente, a pesar de estar abundantemente documentada. Cálculos revisionistas de los últimos gobiernos que pueden definirse como un cambalache discepoliano.
Conocidos economistas, generalmente del campo neoliberal, han avalado estos cálculos arbitrarios, que incluso van más allá del sentido común. ¿A quién se le ocurre pensar que es lo mismo que el Gobierno tome deuda en dólares que deuda en pesos? ¿Acaso tiene el mismo riesgo la deuda pública colocada en organismos estatales que la deuda con acreedores externos? Todas diferencias esenciales que muchos obvian, con el fin de diluir responsabilidades por la fuerte deuda externa tomada entre 2016 y 2019.
Puede citarse, por ejemplo, a un mediático economista en sus «reportajes» a economistas de distintas nacionalidades ya fallecidos, a quienes les pregunta sobre la situación actual de nuestro país. En uno de ellos sostiene con relación al endeudamiento de Argentina con el FMI: «Aclaremos que el acuerdo de 2018 no aumentó la deuda externa total de la Argentina, sino que produjo un cambio de acreedor». Un enfoque no solo parcial, sino insustentable. Veamos algunos datos. Entre junio de 2018 (primer préstamo del FMI) y noviembre de 2019, el organismo desembolsó USD 44.500 millones que fueron directamente a las reservas internacionales, pero no duraron mucho: en el mismo período la «formación de activos externos del sector privado» (comúnmente llamada fuga de capitales) fue, en términos redondos, de USD 40.500 millones. Se fugó casi todo el préstamo con el FMI. Más aún, las reservas internacionales disminuyeron en el período USD 6.300 millones. Un saldo más que negativo.
En resumen, el acuerdo con el FMI no frenó el drenaje de divisas (casi la totalidad de divisas ingresadas se fugó y una mínima parte se utilizó para cancelar deuda privada) y no se usó en absoluto para inversión en infraestructura alguna.
En el período 2016-2019 la deuda en dólares creció en más de 100.000 millones: prácticamente todo lo que se emitió fue deuda en dólares, disminuyendo la emisión de deuda en pesos, que es mucho más manejable.
Ni hablar del gravoso pago a los «fondos buitre» incluidos los honorarios pagados por estos para litigar contra nuestro país: se dijo que bajaría la tasa de interés de los próximos bonos, algo que no sucedió. Cuando en el mundo las tasas rondaban el 0%, se tomó un bono a 100 años (es correcto, un siglo de duración) a una altísima tasa del 7%, y se intentó mostrar como la gran confianza que tenía el mercado en Argentina.
La exposición de los exóticos datos por parte de la oposición no es inocente: intenta diluir el gravoso endeudamiento de la pasada gestión, y también restar trascendencia al importante canje de deuda realizado en 2020 con los acreedores privados. Un canje que implicó la reorganización y disminución de esa deuda pública heredada, cuyo cumplimiento habría significado atender erogaciones por USD 220.000 millones entre 2020 y 2023 (a lo que habría que sumarle unos USD 42.800 millones con el FMI (intereses incluidos) en el mismo período. El canje significó un ahorro de cerca de USD 37.000 millones para los próximos diez años, y una baja de la tasa promedio de los bonos del 7% al 3%
También se intenta minimizar la significativa colocación de deuda púbica en pesos en el mercado nacional a partir de 2020, por montos mayores a los que vencían, lo que indica una elevada confianza de los inversores.
Una gestión de deuda que continúa con un valioso acuerdo con el Club de París y por los buenos términos con los que está encarada la renegociación con el FMI.
La posverdad acecha a cada vuelta de esquina, y solo se la puede evadir con datos ciertos y con profundo análisis, y así evitar ver llorar a la Biblia junto al calefón.