26 de octubre de 2021
A pesar de las medidas de aislamiento, 5.000 personas murieron en siniestros de tránsito durante 2020. Las picadas ilegales y la figura del homicidio vial.
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Hace casi un año, 13 de septiembre de 2020, la vida de la familia de Tahiel Luciano Contreras dio un giro trágico. Este niño, de apenas 6 años, esperaba cruzar la calle junto a sus padres en la intersección de la Ruta 21 y Soldado Sosa, en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, cuando fue atropellado por un auto que corría una picada. El pequeño falleció instantáneamente y a partir de allí el tema de la utilización del auto como arma letal volvió a llegar a los medios, como si fuera un fenómeno nuevo. No obstante, este flagelo lejos está de ser un problema novedoso en el país, y los datos así lo señalan: en 2019 unas 6.627 personas fallecieron en siniestros viales, 19 personas por día, y en 2020, año pandémico de aislamiento, 4.986, unas 14 diariamente. En el caso de las denominadas «picadas» callejeras parecen formar parte del folclore, un escenario de disputa en donde se corre la mayoría de las veces «por el honor», sin tener en cuenta al resto de los actores viales. A raíz de la muerte de Tahiel, los padres del niño, junto con legisladores del Frente de Todos, presentaron a fines de 2020 un proyecto de ley que propone crear la figura del «homicidio vial» y estipula penas de entre 8 y 25 años de prisión para quienes causaran la muerte de una persona durante una corrida de autos, además de la inhabilitación vitalicia para conducir, una pena que también comprende a quien organice estos eventos. Sin embargo, la norma aún no fue sancionada.
El proyecto, que nació en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a cargo de Pablo Carignano y lleva el nombre de Tahiel, estipula a su vez que «será reprimido con prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte».
«El caso de Tahiel me golpeó por la edad de él, por cómo fue el hecho. Estuve en comunicación con los padres, con toda la familia. A partir de su muerte, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentaron el proyecto y al mismo tiempo, la diputada María Luján Rey, que es madre de una de las víctimas de la tragedia de Once, presentó la Ley Kevin, que es muy parecida a la Ley Tahiel, en el sentido de considerar que quien va conduciendo un auto y lo utiliza para correr picadas, atropella y mata, comete un homicidio vial, pero además también pide una pena para los demás que participen en estas carreras y quienes preparen los autos o motos», señala en una charla con Acción Viviam Perrone, fundadora de la ONG Madres del Dolor y mamá de Kevin Sedano, un chico de 14 años que murió atropellado por un auto en 2002 en Vicente López.
Correr por el honor
Para quien se encuentra ajeno al mundo de las picadas, tal vez resulte incomprensible, y ciertamente lo es, que la disputa entre dos autos o motos sea tan fuerte como para olvidarse del resto de las personas que participan del escenario vial. Estos eventos tienen dos variantes: los llevados a cabo en circuitos preparados denominados picódromos y otros, los ilegales, que se dan en las calles, donde todo vale.
«Están las picadas que se hacen en los autódromos como el Gobernador Gálvez, que está en Villa Lugano. Tanto en ese como en otros circuitos hay una preparación específica de la pista, horarios, autos que se tienen que registrar, están las condiciones de seguridad mínima indispensables para correr. En estas picadas “legales” está todo pautado: la cantidad de metros, por dónde van a ir, qué hora les toca, contra quién se compite. En cambio, en las ilegales no está establecido bien cuánto tiempo se va a correr, tampoco están dadas las condiciones de seguridad mínimas indispensables, además de por medio hay alcohol, la gente se pasea por el lugar, a veces son picadas de autos, otras de motos y terminan muchas veces en hechos fatales», sostiene en diálogo con Acción Alejandro Otamendi, antropólogo vial, investigador del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e integrante del equipo Culturalia Vial.
2019. Manifestación de familiares y amigos de víctimas en el Obelisco porteño.
TÉLAM
Para Otamendi, la motivación para quien participa de una carrera de autos ilegal no siempre está dada por lo económico, de hecho es el circuito legal el que más dinero mueve, no solo por la plata que los corredores invierten en los autos, sino porque las inscripciones a los eventos también son pagas. En las carreras callejeras la disputa pasa por otros carriles. «Las corridas ilegales se hacen por el honor, el prestigio. Hay una idea sobre el honor, que es distinta de acuerdo con cada cultura, en el caso de las picadas ilegales es muy masculino: “A mí no me van a sacar el título”, “No me van a humillar”. En la picada ilegal todo vale, no hay un juez, no se respeta ningún tipo de norma, o en todo caso las normas son muy flexibles, son más inmediatas, se van dando a la par de las condiciones mismas de la picada», describe el investigador.
Todos estos circuitos alternativos están conformados por personas que subestiman el potencial peligro que pueden generar. «Ese espacio donde la gente corre también es donde las personas transitan, esto no es tenido en cuenta; se hacen entrar dos mundos culturales separados pero que se unen en las condiciones de la picada ilegal», analiza Otamendi.
Para Otamendi, si bien la mejora en la legislación puede colaborar a bajar los siniestros viales, la cuestión fundamental reside en cómo se percibe la calle y en cómo la gente maneja habitualmente. «No tiene que ver solo con la ley sino también con el hábito y la costumbre de las personas. Cuando se saca el registro no se leen los manuales ni del Código Civil, ni del Código Penal, la gente conoce lo que aprende en la calle. Las leyes no están mal, el tema es desde lo cultural, se piensa que se puede hacer cualquier cosa y no hay ninguna autoridad que te pare», asegura.
«Siempre digo que para terminar con la pandemia vial hay que concientizar, hacer spots publicitarios, poner carteles por la calle, abarcar diferentes temas desde la educación. En mi caso doy charlas a quienes están por obtener el registro para conducir y lo que veo es que apenas obtienen el registro, los jóvenes entre los 17 y los 20 se cuidan mucho: no ingieren alcohol si saben que van a manejar y respetan las normas. Ahora, a partir de los 30, que le toman confianza a la calle, que ven que no hay controles y que los demás también infringen normas, no recuerdan lo que aprendieron cuando sacaron el registro», relata Perrone.
«Desde la Antropología proponemos un abordaje holístico del problema, pensar en el manejo y la cultura vial de una forma integral, donde no solo se hagan multas o controles para evitar los siniestros viales. Hay que mejorar la ciudadanía vial desde la educación y mejorar los controles además de todo lo relacionado con la infraestructura de las rutas –concluye Otamendi–. No hay una única medida, el cambio cultural se produce a partir de pequeñas pero sustanciales mejoras».
