25 de febrero de 2015

Los ideólogos del plan de esterilizaciones forzadas en Perú siguen sin ser juzgados. Las víctimas y organizaciones que las acompañan recordaron que las acusaciones contra el expresidente Alberto Fujimori y sus ministros están archivadas desde enero de 2014. «Esta dilación, sumada a los 18 años sin solución del caso, es un hecho incontrovertible de impunidad», dijo el abogado Julio Arbizu sobre lo ocurrido entre 1996 y 2000 en centros de salud de las zonas más postergadas del país. Agrupaciones como la feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), calculan que en ese lapso se esterilizó sin su consentimiento a casi 300.000 mujeres y 22.000 hombres, en su mayoría indígenas. Hasta ahora, las investigaciones solo apuntan hacia los autores materiales del hecho, excluyendo a los máximos responsables. Quienes llevan adelante esta lucha aducen que esto sería resultado de un pacto de impunidad entre sectores apristas y fujimoristas perpetuados en las estructuras judiciales. Mientras tanto, el Estado sigue sin atender las secuelas físicas y psicológicas de los afectados, como lo expresa Esperanza Huayame, víctima y presidenta de la Asociación de Mujeres de Huancabamba. Las denuncias se arrastran desde fines del siglo pasado y ya en 1999, Giulia Tamayo León, abogada feminista y defensora de los derechos humanos recientemente fallecida, señalaba que «una mujer posiblemente no sería esterilizada forzadamente si fuera de clase media alta. Las políticas no se dirigen a todas las mujeres, sino a ciertos sectores».