1 de diciembre de 2021
Mientras parte de la disputa política se sustancia en los tribunales, el Gobierno define una negociación clave con el Fondo Monetario Internacional.
Casa Rosada. El presidente y la vicepresidenta en un acto oficial. La exmandataria difundió su posición ante un eventual acuerdo por la deuda.
TÉLAM
La centralidad que mantiene en la política argentina la vicepresidenta Cristina Fernández quedó de manifiesto una vez más el último fin de semana de noviembre. El viernes 26, el anuncio de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº5 había sobreseído a la expresidenta y a sus hijos en la causa por supuesto lavado de dinero en las sociedades Hotesur y Los Sauces fue la primera señal. La decisión firmada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti, recibió, como era previsible, el rechazo de la oposición y de los medios hegemónicos que incluso convocaron, con poco éxito, a una caceroleada frente al edificio donde vive CFK, en el barrio porteño de Recoleta. Más allá de las discusiones sobre el fallo, la decisión de los magistrados que evitaron la realización del juicio oral y público por el caso de los hoteles de la familia Kirchner desató una andanada de indignación en un sector bien determinado del arco político y mediático.
Esa misma mañana, el expresidente Mauricio Macri había obtenido un guiño favorable a su intento de sacar del tribunal de Dolores, a cargo del subrogante Martín Bava, la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan para llevarla a uno en Comodoro Py más amigable para sus intereses. Entre los que condenaron el aval de la Cámara Federal de Mar del Plata a que el Tribunal de Casación decida en qué juzgado continuará la investigación estuvieron los propios espiados, que desde un primer momento cuestionan las continuas maniobras de la defensa de Macri para evitar que sea imputado por esa causa y lo que califican como permisividad intolerable del Poder Judicial. Sin embargo, pocos días después el expresidente fue procesado por Bava. Para el magistrado, Macri consintió prácticas ilegales que se inscriben en un «cambio de paradigma» en la estrategia de seguridad e inteligencia de la Argentina desde la recuperación de la democracia. «Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país», escribió Bava, tras considerar que «la tarea que llevaba adelante la AFI era espiar y después analizar si había un delito».
También en este caso, la discusión técnica sobre quién debería investigar qué cosa está teñida del recelo en una sociedad donde parte de la dirigencia y casi todos los medios de comunicación hace tiempo que no discuten sobre la realidad sino sobre interpretaciones que llevan agua a cada molino. Pero si hay una diferencia entre lo que ocurre hoy con el accionar del sistema judicial y el anterior Gobierno es que parece haber caído en desuso la llamada «doctrina Irurzun», que permitió detenciones por el presunto «poder residual» que conservarían funcionarios de Gobiernos pasados. Lo que le genera no pocas críticas al manejo del área de Justicia del presidente Alberto Fernández dentro de la tropa oficialista, que reclama por la detención de Milagro Sala y considera que no se hace nada para exculpar a los perseguidos por el macrismo.
No es la primera causa contra Cristina Fernández que naufragó en estos meses. Baste recordar las de dólar futuro y memorándum con Irán. En ninguna de ellas está dicha la última palabra porque siempre quedan instancias de apelación, incluso ante la Corte Suprema. En el caso de Macri, los procesos abiertos en su contra parecen encaminarse hacia un fárrago sin resolución en el foro que más lo favorece, que son los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
A medida que avanzan las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también se potencian las críticas hacia el Gobierno dentro de la coalición gobernante, las presiones mediáticas –acompañadas por maniobras en los mercados financieros– y los brulotes de la oposición. No faltan quienes puntualizan la demora y hasta la inacción para impulsar la denuncia realizada en marzo pasado luego de un informe del Banco Central y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación sobre el acuerdo con el FMI de 2018, que dejó un tendal de 44.000 millones de dólares de deuda que amenazan el futuro de varias generaciones de argentinos. La causa «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación al fiscal Franco Picardi.
Gritos y silencios
No hubo muchas novedades en el caso, salvo elementos que aportó el propio Macri, quien en sucesivas declaraciones dijo que el destino de ese monto monumental de dinero fue para pagar deudas del Gobierno anterior y luego afirmó que era «para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país».
En las últimas semanas y luego de las elecciones de medio término, el propio presidente Alberto Fernández puso en la agenda la negociación con el FMI. La oposición y sus medios afines batieron palmas sobre qué pensaba la vicepresidenta acerca de cómo se llevaban adelante esas conversaciones entre el Gobierno nacional y la cúpula del Fondo. Y sobrevoló nuevamente la especulación de qué quería gritar con su silencio en torno al asunto, si se permite el oxímoron. Pero sobre el final de noviembre otra carta de CFK removió el avispero político. La noticia de que la vicepresidenta había escrito una nueva misiva hizo temblar a propios y ajenos, recordando el vendaval que había provocado su carta del 17 de septiembre luego de que el oficialismo perdiera las PASO, con cambio de Gabinete incluido. El tema central de esta no fue sobre espacios internos o cuestionamientos más o menos velados a la tarea de algún funcionario, sino que giró en torno a la negociación con el FMI por la astronómica deuda contraída por Macri.
Para irritación de quienes no la quieren, fue directo al grano desde el título: «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades». Y dispara una serie de preguntas provocativas. «¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del Gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal?”».
La misiva, luego de reconocer que el peronismo por primera vez desde 1983 pierde el quorum en el Senado, recuerda que «la lapicera» para firmar el acuerdo la tiene el presidente, y que el documento deberá pasar por la instancia del Congreso. Al mismo tiempo, alienta al primer mandatario a sostener su discurso del 9 de julio pasado en la Casa de Tucumán, en el que dijo «nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca».
