16 de enero de 2022
Con muchas cuestiones por dirimir, entre ellas la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, se suceden cruces entre el Gobierno y la Corte Suprema.
Cuarteto. Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti eligen los casos a resolver.
CSJN.GOV.AR
Hace años que el Poder Judicial se convirtió en uno de los territorios donde se desarrollan las más importantes batallas políticas. Y el 2022 promete no ser la excepción. Apenas 10 días después de haberse iniciado el nuevo año, el presidente Alberto Fernández afirmó que «la Corte Suprema de Justicia tiene un problema de funcionamiento muy serio» y adelantó la pulseada que se vendrá en torno a la cabeza del tercer poder del Estado. No es el único tema que asoma en la agenda político-judicial. También se cuenta la reforma del Consejo de la Magistratura, el nombramiento de un Procurador General, la designación de jueces en puestos clave de Comodoro Py y el devenir de las causas que involucran a Mauricio Macri y Cristina Fernández.
La Corte provocó un sismo en el mundo judicial el 16 de diciembre pasado cuando declaró la inconstitucionalidad de la actual conformación del Consejo de la Magistratura. Es que a la par estableció un plazo de 120 días para que la institución creada en 1994 vuelva a la composición de 20 miembros, de lo contrario los actos que dicte «serán nulos». Según fuentes gubernamentales, el plan es tratar en sesiones extraordinarias el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso a principio de diciembre pasado.
Actualmente, el Consejo está conformado por 13 integrantes. Para llegar a los 20 de la antigua legislación se deben sumar un académico, dos abogados, un juez y dos representantes del Congreso, más el presidente de la Corte, es decir Horacio Rosatti, que pasaría a ser el titular del Consejo. Pero como el plazo para realizar las elecciones de los nuevos consejeros es muy exiguo, hay muchas críticas de quienes deben postular candidatos. El proyecto del Gobierno propone ampliar el Consejo a 17 integrantes, pero manteniendo a la Corte afuera. Ante este escenario, la incógnita es cómo actuará la oposición. Podría buscarse un consenso realizándole modificaciones a la iniciativa legislativa de la Casa Rosada. Si eso no prospera y tampoco se logra completar el esquema de 20 integrantes por trabas en la elección de cada estamento, el Consejo se paralizaría a mediados de abril.
Cortocircuitos
Alberto Fernández dirigió diversos cuestionamientos contra la cabeza del Poder Judicial. Criticó, por ejemplo, el fallo que declaró inconstitucional la actual conformación del Consejo de la Magistratura. Y apuntó contra los supremos por el tratamiento del caso Milagro Sala. Hace dos años que el Alto Tribunal tiene en sus manos la causa por la que está presa la dirigente social y no la resuelve.
La decisión del presidente de confrontar con la Corte vislumbra el escenario que se abre en el 2022 en materia judicial. La designación, en septiembre pasado, del exintendente de Santa Fe, Rosatti, como presidente del cuerpo, y de Carlos Rosenkrantz como vice, es decir los dos supremos designados por Macri, fue una señal clara que se envió desde el cuarto piso del Palacio de Tribunales. En la Casa Rosada lo interpretaron como el advenimiento de una etapa conflictiva con el máximo tribunal del país. Y entre los casos que podrían resolver este año se encuentra el de la disputa por la coparticipación federal entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional, que además de económico es de alto impacto político.
Desde el 1º de noviembre, el Tribunal Supremo funciona con cuatro integrantes por la partida de Elena Highton. El Gobierno debe postular a una candidata para reemplazarla. Necesita los dos tercios de los votos en el Senado para poder designarla y no cuenta con ellos. En Balcarce 50 se analiza la posibilidad de doblar la apuesta y ampliar el Alto Tribunal, además de establecer cambios en su funcionamiento. Se contemplan diversas alternativas, desde la modificación vía decreto a proyectos legislativos. Al cierre de esta edición no había una decisión tomada.
Causas y consecuencias
Por ejemplo, en el Gobierno no se descarta la posibilidad de negociar en el Congreso un «gran paquete judicial» en pos de avanzar con cambios en diferentes áreas del tercer poder del Estado. La batería de iniciativas abre la posibilidad de un diálogo más amplio con la oposición. O de lograr un resultado satisfactorio en alguna de las diversas propuestas que se envíen. Según fuentes judiciales, ese paquete puede constar de una reestructuración de la Corte, la designación del Procurador General de la Nación y la designación de 11 cargos en Comodoro Py, entre los que se cuentan el juzgado que ocupó Claudio Bonadio y los sillones de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña.
En 2022 también habrá novedades en causas de alto impacto político, sobre todo, en las que tramitan en Comodoro Py. Este año se resolverán pleitos que involucran a Cristina Fernández de Kirchner y avanzarán otros que preocupan a Macri.
En lo que hace a la vicepresidenta, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá revisar y expedirse sobre los casos Memorándum con Irán y Hotesur/Los Sauces, donde fue sobreseída por los tribunales orales. También seguirá siendo noticia el juicio de la Obra Pública vial en Santa Cruz. Y se esperan avances en el caso de las «fotocopias de los cuadernos».
A Macri le preocupan las diversas causas de espionaje ilegal que comprometen a su Gobierno. Algunas lo involucran a él directamente. El exmandatario está procesado por la realización de tareas de inteligencia ilegal por parte de la AFI a los familiares de la tripulación del ARA San Juan. En lo inmediato, la Cámara de Casación, situada en el primer piso del edificio de Retiro, debe resolver si desplaza del caso al juez federal Martín Bava, como pide el expresidente. También deberá expedirse sobre la cuestión de competencia. Macri busca llevar el expediente a los tribunales porteños.
Estos casos se suman a otros ya abiertos que complican a Macri y avanzan como el de la Mesa Judicial PRO, el «Correogate» y el del contrabando de armas a Bolivia para apoyar un golpe de Estado.
Un nuevo capítulo se abrió este verano en la saga de casos de espionaje ilegal y armado de causas: el de la «Gestapo antisindical», una causa que se inició por un video hallado en la AFI por parte de la actual intervención, donde se puede ver una reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia en la que espías, empresarios y funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal coordinan el armado de causas contra sindicalistas. La pesquisa tramita en la justicia federal de La Plata, pero desde el macrismo buscan llevarla a Comodoro Py. Ya fueron imputados Vidal, exministros bonaerenses, exagentes de la AFI, empresarios y hasta el actual intendente de La Plata, Julio Garro. El caso avanza en plena feria. Toda una señal de que lo que se espera este año en materia judicial.
