30 de enero de 2022
Mientras cerraba una crucial negociación por la deuda con el FMI, el Gobierno reactivó los debates del Congreso Nacional. El rol de la oposición.
Diputados. Última sesión de 2021, cuando se aprobó la modificación de Bienes Personales. En febrero los legisladores vuelven al recinto.
NA
En medio de los pasos decisivos en las intensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, intentando reformular los términos que estableció el Gobierno anterior para endeudarse como nunca antes había ocurrido en el país, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 1º al 28 de febrero con una agenda ambiciosa, pero con ejes acotados en algunos temas que serán seguramente de debate durante todo 2022: la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2021.
Obligado por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 para conformar el organismo de control judicial creado por la Constitución de 1994 –y que además da un plazo perentorio para aprobar una nueva normativa en lo que no pocos juristas consideran una intromisión del Poder Judicial sobre los otros dos–, el proyecto del oficialismo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo para aumentar la representación de jueces, abogados y académicos en detrimento de integrantes del Congreso. La ley invalidada había reducido la integración del órgano encargado de seleccionar, sancionar y eventualmente remover jueces de los 20 originales y daba más participación a legisladores en proporción a los votos de mayorías y minorías.
Alineamientos y antecedentes
El grave problema de la deuda con el FMI se instaló como un debate sobre el modelo e, insólitamente, sobre quiénes son los responsables del monumental préstamo del organismo de crédito al Gobierno de Mauricio Macri. El discurso de la oposición –identificada con el ajuste neoliberal– coincide punto por punto con el mensaje de los comunicadores de los medios hegemónicos, alineados casi sin fisuras en torno a un acuerdo urgente y bajo las condiciones que se establezcan en los despachos del 700 de 19th Street, N.W., en Washington D.C.
Macri suele repetir como un mantra que «comenzamos a ver el fin del populismo en Argentina». Es bueno recordar lo que ocurrió en Grecia, que sigue siendo materia de estudio por las consecuencias sociales de las medidas impuestas por la «troika», ese trío letal del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI.
En un intento por evitar las imposiciones del sistema financiero, el primer ministro Alexis Tsipras había llamado a un referendo en julio de 2015 y el 62% de la población rechazó los recortes al nivel de vida de los griegos que se establecían. El ministro de Economía de entonces, Yanis Varoufakis, relató la escena en que a Tsipras casi no lo dejaron ir al baño hasta que aceptara las condiciones. Debió capitular de un modo humillante. Tsipras tenía una visión del mundo muy similar a los Gobiernos progresistas latinoamericanos. Era un «populista» que incomodaba al modelo neoliberal. Cuatro años más tarde ganó la elección Kyriakos Mitsotakis, hombre del Chase Manhattan Bank. El populismo, que había hecho finalmente el ajuste, debió retirarse de escena. A ese desafío se enfrenta el gobierno de Alberto Fernández, en mejores condiciones que las que debió sufrir Grecia, según las primeras revelaciones del acuerdo alcanzado con el FMI el 28 de enero.
En tanto, aquí los integrantes de la alianza opositora de derecha comparten sin fisuras el modelo de país neoliberal como objetivo, pero no pueden ocultar sus disputas internas de cara al 2023, expresadas con claridad en las causas por espionaje que los involucran, en algunos casos como espías y espiados. La llamada causa «Gestapo antisindical» avanza en manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La investigación va mostrando la responsabilidad de la exgobernadora María Eugenia Vidal y de funcionarios de la AFI y del Gobierno nacional macrista en el espionaje ilegal y el armado de causas judiciales contra «objetivos políticos» del bando contrario, pero también el fisgoneo a dirigentes de la anterior administración. Y deja ver más claramente otro alineamiento, en este caso de dirigentes políticos perjudicados por la vigilancia a que eran sometidos –algo no solo ilegal sino irritativo para socios del mismo proyecto político–, con la gestión de Mauricio Macri.
Las explicaciones sobre el escándalo desatado tras la publicación del video en el que el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, mostraba su frustración por no contar con una organización como la Gestapo, son tan curiosas como para que fueran anotadas puntillosamente por el columnista de La Nación Carlos Pagni. «Para Macri y (Daniel) Angelici (uno de los operadores del macrismo con el Poder Judicial, el otro permanece prófugo) acaso sea satisfactorio advertir las contorsiones retóricas que deben hacer (Horacio Rodríguez) Larreta y Vidal para justificar irregularidades en cuya organización, con toda probabilidad, tuvieron poco o nada que ver. Esos trabalenguas son una demostración de quién manda en el PRO», advierte Pagni, a quien no se podrá tildar de afín al Frente de Todos aunque sí de conocedor de esos «sótanos del poder», como los suele llamar.
Las preguntas que surgen son, entonces, quién filmó el video, por qué apareció justo ahora, a quiénes beneficia realmente y cuántos más hay. En ese sórdido submundo, lo que se muestra es siempre la punta de un iceberg. Y a veces el verdadero negocio es hacer creer que debajo del agua hay mucho más de lo que se muestra.
