12 de abril de 2022

Esteban Magnani

La Unión Europea está dando pasos para una nueva normativa que limite el poder de las grandes corporaciones tecnológicas. Privacidad y monopolios.

SHUTTERSTOCK

La Unión Europea ha acordado, luego de dos años de negociaciones entre la Comisión Europea y los 27 Estados miembro, una propuesta de Ley de Mercados Digitales (DMA) que busca, sobre todo, reducir el enorme poder de las grandes corporaciones tecnológicas y favorecer la competencia. En la economía de plataformas la tendencia a la concentración ha sido tan brutal que empresas como Alphabet (corporación dentro de la que está Google) o Meta (en la que se encuentra Facebook), con apenas dos décadas o menos de existencia, ya se cuentan entre las cinco más grandes de la actualidad. A ellas se suman Microsoft, Apple y Amazon que, con algunos años más, también dominan nichos del mercado y se expanden hacia otros sectores de la economía gracias a sus enormes recursos financieros, tecnológicos y a los datos acumulados en estos años.
Los daños colaterales de un modelo de negocios tremendamente exitoso son varios. Entre ellos se encuentra la creciente dificultad de los competidores por entrar en el mercado sin ser imitados o comprados por los grandes, en caso de empezar a crecer. Esto es especialmente urgente para los europeos, ya que las mayores corporaciones provienen de los Estados Unidos. De hecho, en ese país no se logra avanzar con la misma velocidad pese a que el tema se viene tratando desde hace años e incluso se mencionó con insistencia en las últimas campañas presidenciales.
Otro problema es que el modelo de negocios se basa en un avance constante sobre la privacidad de los ciudadanos. Lo que está en juego es, sobre todo, que los datos acumulados a gran escala y convenientemente procesados no solo sirven para vender productos sino que también facilitan enormemente la manipulación social de niños, adolescentes y adultos. 
El rol de las redes sociales en la radicalización de numerosos sectores de la población es descripto con creciente frecuencia por investigaciones académicas y periodísticas. El mundo sufre con sociedades cada vez más agrietadas gracias a la capacidad de diseñar los mensajes a medida de los consumidores para mantenerlos en un estado de constante indignación. El escándalo de Cambridge Analytica y su rol en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca son el ejemplo más conocido, pero no el único. Es en ese contexto y con estas urgencias que Europa consensuó una propuesta de ley que aún tiene que ser votada, pero que se aprobaría tal como está.

Punto por punto
Lo primero que indica la ley es que se aplicará a las corporaciones tecnológicas que operen en Europa, que tengan una capitalización bursátil superior a los 75.000 millones de euros y que tengan al menos 45 millones de usuarios mensuales. Con estos requisitos, la ley parece hecha a medida de las grandes corporaciones estadounidenses mencionadas y algunas de las chinas.
La norma «toca el tema de protección de datos porque mucha de la competencia tiene que ver con la explotación que se hace de los mismos», explica Javier Pallero, director de políticas públicas en Access Now, una ONG internacional que define su misión como la de «defender y extender los derechos digitales de los usuarios en riesgo en todo el mundo». «Algunas previsiones de la ley establecen, por ejemplo, que las empresas no van a poder cruzar datos de fuentes distintas para rastrear a sus usuarios», agrega.
El tema es especialmente sensible en Europa, que aprobó la compra que hizo Facebook de WhatsApp en 2014 bajo el compromiso de que no se vincularan los datos provenientes de ambas plataformas para un mismo usuario. Como WhatsApp es un sistema de mensajería gratuito y sin publicidad, gana dinero utilizando los datos provenientes de conversaciones privadas para mejorar la efectividad en las redes sociales de la misma empresa: Facebook e Instagram. En 2018, cuando se comprobó que el compromiso no se había cumplido, la Unión Europea multó a la empresa con 110 millones de euros. Tras varias multas a esta y otras plataformas quedó claro que no alcanzarían para hacerlas cambiar un modelo de negocios enormemente rentable. 
Otra de las medidas propuestas por la ley es «limitar el dominio de las plataformas sobre los servicios que están integrados bajo su marca –detalla Pallero–. Por ejemplo, establece que puedas tener más opciones que las que vienen por defecto en un teléfono. Se establece que pueda haber más de una tienda de aplicaciones que puedas usar. Esto afecta la posición dominante que Apple y Google tienen sobre sus tiendas de aplicaciones y las comisiones que cobran ante cada venta». Sistemas operativos como Android o iOS, por ejemplo, generan de esa manera lo que se llama un «jardín cerrado» del que es muy difícil salir: si no es posible desinstalar el navegador Chrome del celular, ¿por qué instalar, por ejemplo, Firefox, sobre todo si se dispone de poco espacio de memoria? De esa manera el sistema operativo limita la libertad de los usuarios.
Pero probablemente la novedad más interesante es la de la interoperabilidad de las aplicaciones de mensajería, que obliga a todas las aplicaciones a «dialogar» entre sí. De esta manera, por ejemplo, alguien puede mandar un mensaje desde WhatsApp a un amigo que usa Telegram, Signal u otra. Este aspecto es importante porque limita el «efecto de red» en el que las plataformas más exitosas consolidan su monopolio solo porque ya hay usuarios que usan la aplicación dificultando enormemente el surgimiento de alternativas en las que hay menos gente.
El mercado tecnológico es muy cambiante e imprevisible; por eso es importante, como indica Pallero que «esta ley está pensada para ser actualizada permanentemente para evitar nuevas formas de abuso de posición dominante. También tiene como penalidades altas multas y, eventualmente, la obligación de desinvertir en ciertas unidades de negocio». Las multas previstas para reincidentes pueden llegar al 10% de los ingresos globales de estas empresas, bloqueo de compra de otras empresas o, incluso, la separación en distintas unidades de negocio.

Presión y declaraciones
No deja de llamar la atención que esta ley haya podido prosperar pese a la enorme inversión en lobby que hicieron las empresas. Apple sola duplicó el dinero destinado a influir en los parlamentarios y la opinión pública hasta llegar a los 7 millones de euros: «Hubo presión y declaraciones por parte de los directores ejecutivos de distintas empresas, como Tim Cook de Apple, y hasta cartas a Washington, presión política. Creo que la razón para que esto no funcionara tiene que ver con un compromiso político muy fuerte por parte de actores europeos para erigirse como los reguladores de internet a nivel global. Yo creo que este es un esfuerzo loable y beneficioso para los usuarios en el mundo, aunque creo que su burocracia y su visión a veces resultan inadecuadas para su traslado directo a otras regiones», explica Pallero.
El texto fue acordado por el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, pero aún falta la votación que lo transforme en ley. «En esa votación es improbable que se introduzcan modificaciones, porque eso implicaría que se vuelve a la etapa anterior de negociación entre las tres entidades y usualmente eso se evita», cierra el especialista.
Si todo sigue como se prevé, la ley puede entrar en vigor entre fines de este año y comienzos del siguiente y permitirá abrir un debate necesario en todo el mundo.

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